Se dice, en consonancia con el denominado efecto mariposa, que el simple aleteo de uno de estos insectos, puede cambiar el mundo. La guerra de Siria, lejos de parecerse a un ligero movimiento de alas de una mariposa, no es una cosa menor, dicho de otra forma y parafraseando a un gran sabio español, es una cosa mayor. De hecho, se trata de un conflicto que está provocando numerosas reacciones a nivel internacional.
Tanto es así, que la amalgama de peligros derivados del conflicto en Siria provocó una huida masiva de la población hacia países limítrofes y hacia Europa. Aunque muchos se han quedado por el camino (el conflicto ha provocado unas 250.000 muertes desde marzo de 2011, de las cuales 115.600 fueron de civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos), otros, unos 4,5 millones de personas según Naciones Unidas, se han visto obligados a marcharse de Siria en busca de refugio.
Esta oleada de migraciones ha provocado la aparición de numerosos hitos que han marcado nuestra historia más reciente: la tragedia de Lampedusa, que supuso la muerte de más de 700 personas ahogadas a 60 millas de las costas de Libia; la activación de un sistema temporal de cuotas para acoger a los refugiados; la construcción de una valla por parte del gobierno húngaro a lo largo de su frontera con Serbia para “frenar la inmigración”; la utilización de gases lacrimógenos para impedir la entrada de refugiados; la crisis de Calais; el cierre de fronteras entre Macedonia y Grecia; la muerte de Aylan en las costas de Turquía… Esta semana, añadíamos un capítulo más al drama de los refugiados.
El pasado viernes, los líderes de la Unión Europea y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, firmaban un acuerdo, en base al cual, se acordaba expulsar a Turquía a todo aquel migrante irregular que llegase a Grecia tras el domingo 20 de marzo. Es decir, todo un portazo a los migrantes y refugiados que entren a Europa de forma irregular, devolviéndolos de inmediato a Turquía.
Entre las bases del acuerdo, se encuentra el trato individual de cada demanda de asilo. Además, se asegura de forma explícita que no habrá expulsiones colectivas ni devoluciones en caliente. A cambio, se establece un plan de reasentamiento, a través del cual, por cada sirio devuelto a Turquía, otro será llevado legalmente a la UE hasta cubrir un máximo de 72.000 plazas.
Los objetivos de este pacto se enfocan hacia la presión a Turquía para que refuerce el control en sus fronteras y contenga el paso de inmigrantes, lo que supondría, teóricamente, cerrar la ruta del mar Egeo. Por su parte, el gobierno turco recibirá, una vez agotados los 3.000 millones de euros inicialmente prometidos, otros 3.000 millones más como compensación. También se contempla librar de visados a los turcos que quieran viajar a la UE.
Sin embargo, la afirmación: “Turquía es un país seguro para los refugiados”, es bastante cuestionable. El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra (adoptada en 1951), establece que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre (…)”. En esta línea, asegura Human Rights Watch (HRW), existen dos condiciones básicas para considerar a un Estado como seguro: debe ofrecer “una protección efectiva y no debe existir ningún riesgo de devolución a su país de origen o a otro donde corra peligro su vida o su libertad”.
Además, las condiciones de vida en Turquía son muy duras. Lo dice María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y añade que el 85% de los refugiados vive en zonas urbanas, hacinados porque no pueden pagar el dinero que les piden por obtener un techo. Muchos de ellos, se ven empujados a la mendicidad y al trabajo infantil. Del mismo modo, sólo un tercio de los menores están escolarizados.
Otro de los puntos clave es el riesgo de devolución a los países de origen que corren los refugiados. En este aspecto, desde Amnistía Internacional (AI) son contundentes: “Ni siquiera se había secado la tinta del acuerdo UE-Turquía cuando varias decenas de personas afganas fueron devueltas a un país donde su vida podría estar en peligro”. Estas fueron las palabras de John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de AI tras el pacto para expulsar a refugiados. De hecho, el organismo internacional documentó en un informe publicado a finales de 2015 estas devoluciones. Más recientemente, AI probaba la devolución por parte de Turquía de decenas de solicitantes de asilo afganos a su país de origen. Tras haber sido detenidos y sus peticiones de asilo denegadas, los afganos aseguraron a la organización que no querían volver porque en Afganistán corrían peligro. “Si volvemos, los talibanes nos matarán”, sentenciaba uno de ellos.
Por su lado, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, calificó el texto acordado como “razonable, respetuoso con la ley y con la tradición europea de defensa de los derechos humanos” y repudió la posibilidad de que se produjesen expulsiones colectivas, lo cual choca directamente con un hecho que, según denuncian varias oenegés se viene produciendo desde hace tiempo. Y es que, días después de haberse negado a las expulsiones colectivas, el gobierno español devolvía a suelo marroquí a varios jóvenes subsaharianos que previamente habían conseguido descender de la alambrada más cercana a Melilla, según publicaba esta misma semana eldiario.es. Por tanto, se les envía de vuelta a un Estado que, según HRW y AI, no cumple las “condiciones de dignidad humanas”.
No quiero dudar de las buenas intenciones de nuestros gobernantes, pero prefiero dar crédito a organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch que trabajan para proteger a los refugiados, ahora también, de los peligros que supone avanzar hacia una vida digna y segura en la UE. Personas sin amparo alguno por parte de las instituciones que ven cómo sus pretensiones se desvanecen tras haber dejado atrás un mar lleno de sueños rotos y vidas naufragadas; tras haber dicho adiós a su hogar.
Lo más duro de todo esto es que, al igual que el efecto mariposa, la decisión tomada por la UE provocará consecuencias devastadoras para las vidas de los migrantes que vienen detrás.
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