El Gobierno ha anunciado su intención de colocar peajes en autovías y, a largo plazo, también en carreteras nacionales y autonómicas. Este hecho no debe dejar indiferente a absolutamente nadie.
Las consecuencias económicas de esta pretensión pueden llegar a ser tremendamente negativas, pero, además, serán soportadas por el grueso de la población. Es una medida que ataca directamente a la cartera de todos los españoles. No es, como dijo el director de la DGT, algo que solo afecte a aquellos que usan las carreteras, sino que encarece directamente el transporte de mercancías y, por ende, repercute sobre los precios de los bienes que consumimos todos a diario. Es por ello por lo que, siguiendo el ejemplo que ponía este señor, aquella señora que siempre está en casa y nunca usa el coche también verá los efectos a la hora de ir a hacer la compra al supermercado.
Además, muchas de las víctimas serán aquellas personas que residen en lugares apartados, sin infraestructuras ni transporte público suficiente, como es mi caso, y que necesiten ir a ciudades por cualquier cosa. Pongo el ejemplo práctico de Betanzos, villa gallega que conozco. El PSOE tiene que explicarle a los betanceiros que para poder ir a un hospital en La Coruña, es decir, para poder acceder a la tan aclamada sanidad universal, pública y gratuita van a tener que pagar por transitar unas carreteras que previamente ya pagaron con sus impuestos. De Betanzos al hospital se puede ir por AP-9 (autopista con peaje a día de hoy), por A-6 (autovía que en 2024 tendrá peaje) o por N-6 (nacional que en un futuro lo tendrá).
Obliga, también, a mucha gente a desviarse por pistas secundarias poco cuidadas, por tratar de evitar el pago, lo que se puede traducir en un aumento de accidentes al subir el tránsito por lugares más peligrosos.
Los peajes no serían un error tan garrafal si, a la vez, se eliminaran todos aquellos impuestos que, a día de hoy, ya van precisamente a mantener las carreteras del país. Lo que sucede, en cambio, es que se va a implantar una doble imposición, todo con afán recaudatorio, a costa de absolutamente toda la población, pero que sufrirán de forma más gravosa aquellos que están en peores condiciones económicas o que viven en la famosa España Vacía. Si seguimos en esta dirección conducir será un lujo exclusivo para los más pudientes, mientras que los demás mortales estaremos condenados al transporte público o, como sucede en los casos en los que este escasea o es un desastre, a reducir nuestros viajes y, con ellos, nuestras oportunidades y nuestra capacidad de acceder a todo tipo de bienes que no se ofertan en nuestro contorno.
Es por ello por lo que considero que la reacción social tendría que ser mucho más vehemente que la que estoy observando. No se trata de una medida más, se trata de un gobierno queriendo expoliar la riqueza de todos y cada uno de los habitantes (ya no solo de los contribuyentes) para pagar una nefasta gestión de lo público. Es algo que debería unir a derechas e izquierdas, gente del rural y de la urbe, personas de diferentes creencias, sexo, raza, procedencia… No tiene que ver con la ideología política pese a que desde las diferentes escuelas de pensamiento se pueda justificar de forma diferente la protesta. Es algo que cualquier persona tendría que apoyar.
Por ello animo de forma encarecida a todo aquel que me lea a protestar de forma pacífica pero rotunda ante esta injusticia. Nos quitan sin darnos nada a cambio. No puede quedarse en un simple hashtag de Twitter, en un vídeo viral o en un artículo de opinión. Hay que impedir esto con organización. Solicito, pues, que todo aquel que se vea con capacidad de difusión u organización se una a la causa y luche por el bienestar de todos, él incluido.