Apenas diez días después de celebrarse las elecciones generales del 20 de diciembre en nuestro país, siguen las dudas sobre qué ocurrirá en el futuro a la hora de negociar para formar gobierno.
El desconcierto sobre nuestro futuro político crece conforme avanzan los días, especialmente con la presión de los medios de comunicación.
Estamos ante una situación en la que parece que el multipartidismo se traduce necesariamente en ingobernabilidad. Es decir, que la existencia de muchos partidos en el Congreso de los Diputados complica tanto la formación de un nuevo gobierno como sacar adelante sus iniciativas. ¿Por qué asociamos el multipartidismo con la inestabilidad política?
Obviamente, que los partidos emergentes, como Podemos y Ciudadanos, obtengan más escaños en detrimento de los partidos clásicos y mayoritarios, como Partido Popular y PSOE, dificulta la toma de decisiones por parte de las dos grandes formaciones políticas, pero no quita que se pueda gobernar. Y es ahí donde entran en juego los pactos y la capacidad de negociación de los líderes políticos (además de los propios partidos y sus élites).
Es más, nuestro sistema electoral es proporcional y pretende que los órganos de representación representen lo máximo posible a la voluntad ciudadana, premiando la representatividad ante la gobernabilidad. Sin embargo, a veces nos recuerda a un sistema mayoritario, acusándose la desproporcionalidad del sistema, lo cual no es así, sino que el problema, en realidad, es la propia magnitud del distrito y no de la ley electoral. En España, los problemas de sobrerrepresentación o subrepresentación subyacen, como hemos comentado, en el tamaño de las circunscripciones.
La posibilidad de que se celebren de nuevo unas elecciones generales por la falta de acuerdos entre las formaciones políticas no gusta en ciertos partidos. Por ejemplo, el PSOE puede verse mermado por la gran capacidad electoral de Podemos, al igual que Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP), que vería un descenso de sus resultados ante el voto útil por el costo de sus escaños. Ni siquiera le son reconocidos los resultados de las candidaturas de confluencia en las que ha participado IU-UP con la formación de Pablo Iglesias, siendo sumados directamente a los escaños totales de Podemos (para más información léase el artículo “Las candidaturas de confluencia no son de Podemos” de Diego Mo Groba). Todo ello da una mayor posibilidad a los futuros intentos de la coalición de izquierdas para coaligarse con Podemos para una próxima convocatoria electoral.
El Partido Popular, pese a evitar a toda costa la repetición electoral, también se vería reforzada por la fidelidad de sus votantes, incluso recuperando parte de su electorado que, por ejemplo, habría votado a la formación de Albert Rivera, cuyo partido sería uno de los más perjudicados, pues más del 15% de sus votantes cambiaría su voto, según el barómetro de La Sexta, siendo resultado de la volatilidad electoral.
La situación política actual es muy similar a la que vivimos en los años de la Transición española en cuanto al número de partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. También nos recuerda a la misma incertidumbre que hubo en Andalucía para formar gobierno e investir a Susana Díaz como Presidenta de la Junta, o incluso en Cataluña, todavía sin un futuro político claro. Y es precisamente ése el pretexto de muchos actores políticos: la representatividad de nuestro sistema político afecta a la gobernabilidad, que a su vez, incide en la actividad económica (con la ligera caída de la Bolsa española, subida de la prima de riesgo, ausencia de inversión empresarial ante el desconcierto político, o la necesidad de la aprobación de los presupuestos para la actividad económica de muchas empresas que dependen del gasto público).
Por lo tanto, la gobernabilidad en España es posible, siempre y cuando la disposición de los partidos políticos para negociar y ceder posiciones sea total. Los efectos de la presencia parlamentaria de las fuerzas nacionalistas sí que complican lo que sería un gobierno del PSOE, pues las demandas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 9 escaños, y de las candidaturas de confluencia (como es el caso de En Comú Podem con 12 escaños, a favor del derecho a decidir) dejan claras cuáles van a ser sus condiciones políticas. De ahí que Podemos haya puesto como condición el referéndum para decidir el futuro de Cataluña, que a la vez es la línea roja que el PSOE (o sus barones) no está dispuesto a aceptar.
Asombra a los analistas políticos, y también a la ciudadanía, que la prioridad de Podemos sea el referéndum en Cataluña, y no la derogación de leyes educativas, reformas laborales o la del artículo 135, la Ley Mordaza o impulsar nuevos proyectos para paliar la situación socioeconómica de gran parte del país. El motivo es simple: dichas demandas son compartidas por los votantes de centro-izquierda.
Mientras vuelan los escaños en un posible y deseado pacto tácito por parte del establishment entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos contando con sus abstenciones, los partidos bisagras tienen la “sartén por el mango”, dominando la situación, a la espera de escuchar las ofertas o concesiones políticas de aquellas formaciones que pretenden formar gobierno. Y si no les convencen, tienen la opción de unas nuevas elecciones que, tensando la situación, pueden mejorar sus resultados.
La XI Legislatura comenzará concretamente el 13 enero de 2016, con la duda de cuándo habrá una fecha exacta para la investidura del que será el próximo Presidente o Presidenta del Gobierno de España. Entonces podremos ver qué partidos y formaciones políticas piensan en la estabilidad de España y quién en la repercusión electoral de un futuro no muy lejano. Hasta entonces, todo es humo.
