Llevamos poco más de un cuatrienio reivindicando medidas de regeneración política basadas en la disminución del tamaño de nuestra hipertrofiada Administración Pública. Una de ellas es la supresión de municipios, esto es, una reducción del número de ayuntamientos, algo que no tenía por qué librarse de un gran debate de opinión pública así como entre los partidos. Pero, ¿cómo ha transcurrido este capítulo sin terminar?
En 2013, el Partido Popular planteó la reforma de la Administración Local, aunque supuestamente a disgustos pues el año anterior, este se alió a los socialistas para rechazar la fusión de municipios que proponía UPyD. Sin embargo, ayer parecía que tuiteaban en contra, además de llevar días insistiendo en la importancia del municipalismo, incluso de las diputaciones provinciales. A mi juicio, entre unas razones y otras, la clase política actualmente predominante parece no ser partidaria de dar pasos en regeneración política. Los socialistas consideran el municipalismo como el pilar de la democracia.
Mientras que en España no se da el paso, otros Estados europeos ya dieron el paso en su momento. Según un informe del Consejo de Europa, Grecia ha pasado de tener 1034 ayuntamientos a 325; Islandia, de 7.200 a 76; Letonia, de 500 a 118; y Dinamarca, de 271 a 98. Casualmente, algunos de ellos ocupan los primeros puestos en los ranking de calidad democrática, como es el caso de los Países Nórdicos. España ocupa la última posición dentro de la sección categórica de «democracia plena».
Sin tener en cuenta lo demagogas o lo prometedoras que sean las dos formaciones centro-izquierdistas, tanto la magenta como la naranja, hay que asumir que la propuesta es acertada y, decididos a ejecutar un proyecto solvente, asumamos que también hay que tocar otros entes: diputaciones, mancomunidades y Comunidades Autónomas, aunque ahora no me voy a ir por las ramas.
A mi juicio, no es coherente que muchos de los que protestaban ayer en Twitter no lo hagan para, por ejemplo, reivindicar que todos los pueblos de España deben tener un servicio médico durante las 24 horas y los 365 días del año, para que no haya necesidad de recorrer un máximo de 45 kilómetros en caso de urgencia. Aunque muchos alcaldes y concejales no cobren -siendo cierto que suelen ser los que más dan la cara, pues en los pueblos pequeños, mucha gente teme meterse en política para evitar enemistades, -, los edificios municipales deben mantenerse, lo cual tiene un coste económico que no es sufragado desde el cielo. Está empíricamente probado que una menor proporción de ayuntamientos no supone un riesgo para nuestra libertad ni siquiera para la eficiencia de las localidades. Yo propondría que todos aquellos que tuvieren menos de 4500 habitantes se fusionaren. Los profesores Jorge Galindo (investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra) y Víctor Lapuente (profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, de Suecia), sostienen que a mayor fragmentación del territorio, mayor control político. De ahí la resistencia de los políticos locales a la unión de municipios. La cita es totalmente cierta, aunque no se deba aplicar un tópico, ya que existen, a pesar de todo, políticos honrados. Haciendo una analítica política a nivel local, podemos extraer algunos casos de ego al ser, en algunos municipios, las personas más relevantes, dados unos bajos números de habitantes. Es más, en algunos pueblecitos, solo tienen oportunidad de presentarse a las elecciones, independientemente de los resultados, uno o dos partidos, pero no por impedimentos normativos. Luego, no por ser un municipio poco poblado, va a tener menos probabilidades de ser noticia por corrupción política; esto depende del grado de honradez de cada sujeto. Tanta corrupción puede haber en un enorme municipio como en uno diminuto.
Para concluir, pensemos en la ciudadanía, en el país. No por haber menos entes políticos va a haber menos libertad. Que no cunda la demagogia, sino el patriotismo político, el ser buenos gobernantes. Quien quiere algo, a algún coste se somete.
