En las democracias del siglo XXI, y más en especial en la española, los partidos políticos juegan un papel relevante. Su función es tan determinante que son muchos los que ya manifiestan, sin escrúpulos, que estas estructuras políticas no funcionan como deberían hacerlo.

Comprendo a tanto sorprendido al ver algo tan escandaloso como que, en los últimos Presupuestos Generales del Estado, entre 200 y 300 millones de euros fueron destinados a financiar los partidos políticos. Aunque suene un poco demagogo, pero nada más lejos de la realidad, imagínense qué podríamos haber hecho con tanto dinero, más aún si cabe con la que está cayendo.

Se me ponen los pelos de punta, y no precisamente por emoción, al pensar que muchas de esas estructuras políticas, caracterizadas por no premiar especialmente la meritocracia (esencialmente en los partidos bipartidistas), están financiadas con el dinero del contribuyente. Mientras los españoles consiguen sacar adelante su negocio, con mucho esfuerzo, hay algunos partidos políticos que utilizan su dinero para establecer una estructura nada eficaz, y con el único fin de mantener un imperio en pie, para asegurarse el poder de manera perpetua.

Estos hechos provocan ciento cabreo y descontento en gran parte de la población, que asiste resignada a ver cómo, mayoritariamente y no totalmente, los partidos políticos de su país están dejando de ser unas instituciones democráticas para convertirse en unas auténticas agencias de colocación. Y esto nos lleva a muchos a plantearnos qué mejoras debe acometer España para transformar el sistema partidista.

Por ello, sostengo firmemente la idea de que los partidos políticos deben dejar de regirse por un régimen especial, y deben ajustarse al derecho privado, funcionando y actuando tal y como lo hace una asociación privada sin ánimo de lucro. Porque debemos recordar que el principal objetivo de los partidos políticos debe ser expresar el pluralismo político, siendo el último lucrarse.

Para ello, debemos prohibir cualquier tipo de financiación pública hacia cualquier formación política. La única fuente de financiación de los partidos políticos debe ser las cuotas de afiliación, además de las donaciones, rigiéndose estas últimas por el sistema actual. Esta medida muy fácil de aplicar, a priori, marcará un antes y un después en el presupuesto de gran parte de los partidos políticos españoles.

Escuché una vez, y con mucha razón, que el enchufismo político no reside en la Administración Pública, sino en la propia administración partidista. Los grandes parásitos los localizamos dentro de la propia estructura de las formaciones políticas, y precisamente por ello, debemos centrar el foco en estas estructuras “democráticas”, para acabar finalmente con la no-meritocracia.

Quizás muchos podrán argumentar que esto sucede así porque percibimos a los partidos políticos como instituciones privadas, pero erran. Tal y cómo he argumentado en líneas anteriores, las formaciones políticas están financiadas, en mayor medida, por dinero público, el del ciudadano.

Los partidos políticos jugaron un papel indiscutible en la transición: fueron capaces de reunir entorno a unas ideas a millones de personas que experimentaban por primera vez aquello llamado “democracia” (“dêmos” que significa pueblo y “krateîn” que significa gobernar). Pero cuarenta años después, es evidente que este sistema no funciona, y debemos reformarlo. Es imprescindible acometer dicha mejora dejándonos guiar por la Carta Magna. Y debemos saber una cosa: si queremos seguir avanzando en el camino democrático que iniciaron nuestros abuelos, debemos reformar el sistema de partidos


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