Hace tiempo, concretamente en noviembre de 2016, escribí el artículo A cuestas con la regeneración política, publicado también en Politicahora. En dicho artículo, como su título dice, realizaba una sucinta reflexión sobre algunas de las medidas que debían llevar a restituir la tan dañada confianza de los ciudadanos españoles en las instituciones y en quienes se hallaban al frente de las mismas.
Parecía que ello era tan necesario como el alimento que reclamaba el pueblo hebreo a Moisés durante el Éxodo. Se exigía ejemplaridad a quien iba a detentar un cargo ya fuera en el seno de una institución pública como en el seno de una formación política.
Transparencia y credibilidad se reclamaba para volver a confiar en los políticos. Y que éstos no actuasen de espaldas a la realidad.
Y con ese mar de fondo, el 31 de mayo de 2018, Pedro Sánchez manifestó en el Congreso de los Diputados, en el debate de la moción de censura que le hizo por primera vez Presidente del Gobierno, que una de las principales motivaciones de esa moción era “defender el prestigio de las instituciones gravemente dañadas”.
Pero ¿Cómo se puede devolver el prestigio a unas instituciones que se consideraban “gravemente dañadas”, si uno de los miembros de tu Gobierno parece estar mintiendo a la ciudadanía?
Ahora, concluido el estado de alarma que fue decretado por el gobierno de Pedro Sánchez y que entró en vigor el 14 de marzo, muchos son los episodios de calado político que nos ha dejado este aciago periodo. Momentos que se han ido sumando unos a otros durante este tiempo de confinamiento, sin que, en muchos casos, se les pueda dar la más mínima explicación razonada, dejando a una buena parte de la ciudadanía con la boca abierta.
Podría elegirse cualquiera de las muchas peripecias en las que nuestros políticos se han visto envueltos, pero si lo relacionamos con la credibilidad del político ante la ciudadanía, particularmente me quedaría con el trance del ministro Fernando Grande-Marlaska y el accidentado cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
No voy a entrar a valorar actuaciones judiciales o informes varios, incluido el informe forense. No es esa la intención de escribir estas líneas. La verdadera intención es la de entrar a valorar la actuación del ministro Grande-Marlaska respecto al episodio antes referido, como político con responsabilidad que debe ser creíble en su gestión, decisiones y afirmaciones.
Son dos los hechos a tener en cuenta: por un lado, el cese el 24 de mayo del coronel Pérez de los Cobos como Jefe la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, lo que, según el Ministro del Interior, se debía a “un cambio de equipos”, reestructuración interna y dar “un nuevo impulso” al Instituto Armado; por otro lado y en relación con la versión sobre el cese dada por Grande-Marlaska, a primeros de junio se publica en el periódico digital El Confidencial copia del documento por el que la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, proponía el cese de Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y como Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
Precisamente, ello hace referencia a las investigaciones judiciales sobre la posible expansión del coronavirus y la Manifestación del 8-M en Madrid y los informes que la Guardia Civil, como policía judicial, hizo llegar sobre ello al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid.
El que Pérez de los Cobos, como Jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid, no informara a los responsables del Ministerio del Interior fue, a la vista del documento de la Directora General de la Guardia Civil, el único motivo real para el cese del Coronel, si bien el Ministro mantuvo una versión que nada tenía que ver con ello, enredándose en un laberinto de explicaciones que dejaban al ministro Grande-Marlaska en una dudosa posición, muy dudosa, sobre todo teniendo en cuenta las intervenciones en el Senado y el Congreso de los Diputados del responsable de Interior, en las que incurrió en toda una serie de contradicciones entre su versión y lo que, a todas luces, fue el motivo del cese.
Llegados aquí, vayamos al pasado. En 2016, tras la filtración de los denominados “Papeles de Panamá”, José Manuel Soria -Ministro de Industria, Energía y Turismo en los gobiernos de Mariano Rajoy- dio diferentes versiones contradictorias en cuanto a su vinculación con sociedades en paraísos fiscales y, por ello, se vio obligado a dimitir de todos sus cargos públicos y políticos. En 2018, Màxim Huerta, efímero Ministro de Cultura del primer gobierno de Pedro Sánchez, dimitió a la semana de prometer su cargo al frente del ministerio al conocerse que había sido condenado por fraude fiscal. Ambos son dos casos en los que, la exigencia de ejemplaridad en los políticos, los llevaron a su dimisión. Ambas situaciones eran insostenibles, más cuando unas y otras formaciones políticas exigían, al resto y también así mismas, ser transparentes y no defraudar más a una ciudadanía descreída con la clase política.
No parece que esté a la vista la dimisión del ministro Grande-Marlaska, ni voy a ser yo quien la pida ni utilice estas líneas para pedirla, pero no se entiende que pretendía ocultar el ministro con la primera versión que dio, más cuando desde 2012 Interior pidió en varias ocasiones información sobre actuaciones judiciales a Guardia Civil y Policía Nacional. No parece que tenga explicación el hecho de que el ministro se enrocara, cuando podía haber evitado la ola de descrédito que sobrevino sobre él y su gestión del asunto. Ese descrédito que lleva a la ciudadanía a seguir desconfiando de algunos políticos, por no generalizar. Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo.
