A CUESTAS CON LA REGENERACION POLITICA

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La demandada regeneración política, con sus idas y venidas, parece ser, en general, la suma de todos los bálsamos que puedan curar los males que aquejan a la vida política de nuestro país y que son los causantes de la desafección entre la ciudadanía y sus representantes políticos.

 

En los partidos tradicionales ha habido voces que apelaban a cambios regeneradores tanto en las instituciones como en el funcionamiento interno de las propias formaciones políticas, alertando sobre la necesidad de adoptar medidas en esa dirección, pero también es cierto que la aparición de las nuevas formaciones políticas y su reclamo regenerador ha avivado el debate sobre los cambios y reformas que deban acometerse para dotar de más salud a nuestra democracia.

 

La crisis económica junto al deterioro de las relaciones entre políticos y ciudadanía es lo que hace necesario nuevas reflexiones sobre las reformas que deban ponerse en marcha para que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones y, por supuesto, en los políticos que puedan estar al frente de esas instituciones. Y, en mi opinión, puede hacerse desde dentro del sistema, siendo impulsado por todas las formaciones políticas, sin que ninguna se quede atrás y, sin duda, sin dar la espalda al sentir de la calle. Porque si la regeneración se impulsa desde dentro del sistema, podremos entonces creer que existe auténtica voluntad de acometer cuantas soluciones sean necesarias para que el propio sistema no sucumba ante un frustrante descrédito.

 

Cierto es que en los últimos años, ante una demanda creciente de control y por satisfacer a una ciudadanía recelosa, se han ido adoptando medidas impulsoras de la regeneración que han tenido su reflejo en nuevas leyes o reformas normativas, como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno o la Ley Control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos de 2015 o la reforma del Código Penal en lo relacionado a la corrupción pública, delitos contra las Administración Pública y la financiación ilegal de los partidos políticos. Conceptos como Gobierno Abierto o Códigos de Buen Gobierno comienzan a ser habituales en su uso por todas las Administraciones –Estatal, Autonómicas o Locales-. Ahora bien, el problema radica en el desconocimiento por parte de la gran mayoría de los ciudadanos del fondo de dichas reformas, a la vez de que al tratarse de normas y reformas auspiciadas por un determinado partido político, sus oponentes han restado credibilidad y “sinceridad” a dichas reformas, con lo que también se resta valor a los posibles logros conseguidos.

 

Otras reformas quedan todavía por debatir y, en su caso, acometer desde las instituciones y que han de necesitar un impulso valiente por parte de los representantes políticos: supresión de los aforamientos para poner fin a los privilegios judiciales y no desconfiar de los Tribunales ordinarios, lo cual es injustificable y supone un agravio para el resto de la ciudadanía; auténtica independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; independencia de los órganos reguladores y de control y de quienes los componen; limitación de mandatos…

 

Y a todo ello, ha de sumarse también las medidas a adoptar en el seno de los partidos políticos.

 

La mayor parte de las formaciones han aprobado en los últimos años códigos éticos que serán de aplicación para todo el partido y principalmente para aquellos de sus miembros que ocupen cargos de dirección dentro de la formación o que ostenten un cargo público. Con ello se pretende, fundamentalmente, evitar que nadie pueda servirse de su posición en un partido o en un cargo público para el propio beneficio. Pero no sólo se exige una conducta ética a las personas que forman el partido, sino también a la organización política en su conjunto, exigiendo más transparencia, sobre todo en cuanto a su financiación, más democracia en cuanto a la elección de cargos de dirección y candidatos a los procesos electorales, más participación de los afiliados o militantes y, por supuesto, programas electorales como “contratos suscritos con la ciudadanía” y rendición de cuentas respecto a su cumplimiento.

 

¿Qué exige la ciudadanía de las instituciones y de los políticos que se hallan al frente de las mismas? Los ciudadanos exigen fundamentalmente que sus representantes políticos sean ejemplares, porque “la mujer del Cesar no sólo ha de ser honrada, sino parecerlo”; que sean responsables en la gestión de lo público y que rindan cuentas de la misma; transparencia en la gestión y disponibilidad de acceso a la información, y, por último, mayor aproximación entre los representantes políticos y los ciudadanos.

 

Estamos en un momento político en que los términos negociación, pactos, acuerdos o consenso cobran protagonismo ante la ausencia de mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados en esta XII legislatura y es, también, el momento para seguir impulsando medidas de regeneración que doten a nuestra democracia de más democracia que consiga desterrar el continuo cuestionamiento del sistema.

 

 

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