A menos de 24 horas de la celebración de referéndum independentista del 1-O en Cataluña, organizado de manera ilegal y totalmente ajena al marco del Estado de Derecho según el cual se desarrolla la actividad política en nuestro país, la tensión y la división entre los partidarios y los detractores del movimiento sedicioso del PdCAT, ERC y la CUP parecen irreversibles. Tanto es así que incluso se especula con que existan “milicias” de voluntarios de extrema izquierda preparadas para pasar a la acción si el Estado no permite el correcto desarrollo de la votación.

Pero lo realmente curioso aquí es cómo, recientemente, los más aguerridos independentistas se llenan la boca hablando de “democracia” y de “libertad” en relación a la necesidad imperativa de que el “opresor” Estado español permita que los catalanes puedan votar para decidir sobre su futuro. Y el problema está en asociar todo lo que conlleve votar con el concepto de democracia. Una forma muy sencilla de entender que esto no es necesariamente así es plantear lo siguiente: si mañana se celebrase un referéndum a nivel nacional para plantear un cambio de régimen político de democracia representativa a dictadura de corte fascista y, por ejemplo, se resolviese a favor del mismo con un 80% de los votos, ¿sería eso democrático? No, ¿cierto? Es una votación, pero la democracia va más allá de eso y conlleva una serie de valores y normas que es necesario aplicar, conservar y defender. Y entre ellos está evitar que un grupo de personajes que ostenta temporalmente el poder sea capaz de romper la unidad política, económica y territorial de nuestro país por puro empeño e interés electoral.

Por supuesto, tan equivocada está esta parte del problema como la que brama a los cuatro vientos diciendo que la única solución posible ante el reto independentista es cortar de raíz y suspender cualquier atisbo de autogobierno en Cataluña. Evidentemente, esto no es una forma inteligente de resolver la pugna y solo provocaría mayor crispación y sentimiento de rechazo hacia España por parte de los partidarios de la separación y, es más, de los que están entre dos aguas esperando un desenlace más o menos pacífico para todo esto. Si una cosa está clara es que, sea mayoritario o no, existe un evidente deseo de cambio en la sociedad catalana. Y ninguno de los dos extremos es el ideal para atender al mismo.

Es necesario que se plantee un cambio en cuanto al modelo territorial y político español. El sistema de las autonomías ha resultado funcional hasta cierto punto y, aunque imperfecto, ha asegurado una convivencia relativamente tranquila entre las regiones de nuestro país. Pero todo tiene que evolucionar, y las nuevas dinámicas y reclamaciones de la población requieren que, si queremos mantener la unidad de España y el respeto a la Ley y nuestra Constitución vigentes, debemos favorecer el inicio de un diálogo profundo y exhaustivo que plantee precisamente este cambio de sistema hacia el establecimiento de uno acorde a la situación actual.

Y, por aportar mi opinión personal al respecto de esta hipotética modificación, creo que apostar por la corresponsabilidad fiscal de los territorios, la autonomía fiscal y la competencia entre los mismos es la clave para conseguir que España se convierta en un país más modélico aún: un país en el que sus regiones compitan por ser cada vez más libres y atraigan inversión y crecimiento económico fuerte y sostenido.

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Carlos Navarro
Liberal, articulista de opinión en distintos medios, miembro del Partido Popular en Valencia y colaborador de la Resistencia venezolana.

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