[dropcap]E[/dropcap]l pasado martes 17 de mayo, la Fundación ¿Hay Derecho? presentaba el cuarto de una serie de estudios sobre el funcionamiento de las instituciones españolas. Este estudio se titula: “Coste y utilidad de las Diputaciones provinciales: claves para un debate necesario”. Yo como ciudadano de una comunidad uniprovincial, la verdad sea dicha, soy bastante desconocedor de la utilizad de unas instituciones que se remontan a la constitución de La Pepa. Por eso, para un joven jurista y politólogo como yo, resulta bastante interesante un estudio como este. Especialmente en los tiempos que corren donde Ciudadanos estimaba que su supresión supondría un ahorro de 10.000 millones (lo que según los naranjas permitiría llevar a cabo una reforma fiscal para que los ciudadanos dispusieran de 7.800 millones más)[1], el PSOE de Pedro Sánchez se suma a la propuesta, el de Susana Díaz la matiza y el PP acusa a los demás de desconocer la realidad rural de España ¿Cuántas veces hemos oído a Rajoy contar que como presidente de la Diputación de Pontevedra llevó el agua a numerosos pueblos gallegos?
Lo cierto es que cada partido tiene sus intereses, que entre los “viejos “a veces nos da el tufillo del clientelismo y que seguramente, la postura que adopta Ciudadanos con las instituciones polémicas (CGPJ, Senado o Diputaciones), de muerto el bicho se acabó la rabia, no sea la más correcta. Por eso, estos estudios sirven como base para desarrollar un debate más sosegado, ver los pros, los contras y datos supuestamente más imparciales.
La pela es la pela
El debate debe comenzar por la pasta, la guita que nos cuesta a los sufridos españoles el funcionamiento del sistema. Como he dicho anteriormente, la formación de naranjito cifraba el ahorro que supondría la supresión de las diputaciones en 10.000 millones, y además intentaba convencer al electorado diciendo que con este ahorro se podría hacer una reforma fiscal que pusiera a disposición de los bolsillos de todos 7.800 millones.
Según el estudio que realiza la Fundación ¿Hay Derecho? “En el corto plazo y desde un punto de vista cuantitativo hay que advertir que los ahorros serían relativamente limitados. Con la supresión de las Diputaciones provinciales, se eliminaría el principal coste político de las Diputaciones ya que desaparecían los gastos asociados a los órganos de gobierno de las Diputaciones y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entes y otras administraciones sin una finalidad concreta.” Pero, no podemos olvidar, que los servicios que estas prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes alguien tendría que seguir haciéndolo, y eso cuesta pasta. Por lo tanto, el coste directo de la eliminación de las mismas lo cifran en unos 588 millones de euros para el total de las 38 diputaciones provinciales de régimen común. Esta cifra, como ahorro inmediato, está bastante alejada de los cálculos del señor Rivera.
| Partidas que desaparecen | Importe |
| Órganos de gobierno | 140.560.866 |
| Transferencias a otras Administraciones Públicas sin una finalidad concreta | 446.929.508 |
| Total | 587.490.374 |
Fuente:Fundación ¿Hay Derecho? a partir de los PGE 2015
Pero, también es cierto, que el estudio del que estoy hablando, hace un cálculo sobre el ahorro que supondría su supresión en el medio plazo. Es cierto que esto también es una cuestión compleja, pero según sus cálculos podría ser de 1.230 millones, también muy alejada de los cálculos que haya podido hacer Luis Garicano, y un poco superior a los que hizo el equipo de Rubalcaba el químico (unos 1.000 millones).
Pero no todo va a ser gasto y sobre costes. Pongamos también encima de la mesa algún dato positivo. Casualidades de la vida (o no) al día siguiente de la presentación del informe, ABC, en su edición digital, llevaba bien grande el siguiente titular: Las Diputaciones Provinciales, las administraciones más saneadas de España. Según este diario, concentran sólo el 0,2% de toda la deuda pública y la han reducido a la mitad en tres años. A finales de 2012 la deuda de las 38 diputaciones alcanzó los 3.6000 millones y, según certificados del Baco de España, a finales de 2015 se ha reducido hasta los 1.848 millones de euros[2]. Con estos datos, puede dar la sensación, que los políticos (a pesar de nepotismo y otras sucias prácticas), si quieren, pueden apretarse el cinturón. También es cierto, que hay que preguntarse ¿a costa de qué? Habría estado bien que ABC lo estudiara
¿Qué hacen las diputaciones?
Como digo, todo el que haya seguido los debates y entrevistas en estos últimos años, habrá escuchado a Rajoy hablar de la importancia de las diputaciones para el medio rural poniendo el ejemplo de cuando el llevó el agua a un pueblo de Pontevedra allá por la década de los 80. Más recientemente, Pablo Casado (sufrido vicesecretario de comunicación y al que espero que no quemen antes de tiempo y pueda más pronto que tarde liderar el PP) las defendía diciendo «Queremos seguir ahorrando y reduciendo empresas públicas y observatorios que no hacen falta, pero lo que no queremos reducir son los municipios que tejen nuestras provincias ni las diputaciones, que nutren de recursos a los municipios que más lo necesitan«.
Según la ley las diputaciones pueden ejercer las competencias propias, las delegadas y otras que se han dado en denominar impropias. Las propias las recoge el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local. Entre las propias nos encontramos cuestiones como garantizar en los municipios de menos de 1.000 habitantes los servicios de secretaría e intervención, el tratamiento de los residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 o servicios de apoyo a la gestión financiera. Las competencias delegadas son aquellas que, tanto el Estado o las CCAA, decidan cederles, siempre dentro de los límites en el primer caso de ser competencias de carácter ejecutivo y en el segundo de gestión ordinaria de servicios propios. Por último, para que una Diputación pueda prestar aquello que llamamos competencias impropias, la ley las limita diciendo que solo podrán ejercerlas cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal […] y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública (habrá que ver como se aplican estos dos requisitos de la ley).
El problema, es que para prestar muchos de estos servicios (o para colocar a amiguitos) las diputaciones han creado un total de 116 entes con personalidad jurídica propia, para la descentralización de la gestión de los servicios locales, y un total de 282 consorcios. El estudio de ¿Hay Derecho? alega que “las diputaciones provinciales han creado una amplia red de entes públicos en torno a los servicios que gestionan sin que se aprecie claramente un criterio objetivo para su creación, dada la enorme dispersión y diferencia entre unas diputaciones y otras. En los entes sujetos a Derecho Privado se aprecia particularmente una huida del Derecho Administrativo, tanto en lo que se refiere a la contratación del personal como a la adjudicación de contratos» Por lo tanto, si no es necesario suprimir las diputaciones, sí que resultaría, cuanto menos, interesante hacer una radiografía de su estado y racionalizaras.
Mi conclusión
Tras la lectura del informe, la conclusión que yo hago es que a lo mejor el debate no está en hacer una supresión total y si en adaptarse a las características de cada región. Se da el caso, de que las diputaciones que se suponen más eficientes y que mejor emplean sus recursos son aquellas como las de Castilla y León, Galicia o Aragón. Estas tres comunidades se caracterizan por municipios muy pequeños, una mayor dispersión de la población, la existencia de entidades singulares y una población envejecida. Seguramente, por eso la actividad de las diputaciones se ha encaminado a actividades relacionadas “con la asistencia social primaria y las infraestructuras, lo que, a “priori”, parece coherente con la existencia de una población de municipios muy pequeños y dispersos”. Creo que precisamente aquí es donde encaja el discurso de defensa del Partido Popular y en donde sí tiene razón. Donde no veo utilidad alguna de las diputaciones es en zonas como la Comunidad Valenciana o Cataluña por poseer, precisamente, una estructura de población totalmente diferente. Estas dos regiones lo conforman un conjunto de municipios grandes y medianos donde no existe apenas dispersión.
Para finalizar, de una cosa estoy seguro. El problema de este país no es el de eliminar instituciones. El problema de este país es el uso que se hace de ellas y la voluntad política. Si no cambiamos esto, todo seguirá igual. Desaparecerán las diputaciones y aparecerán otros chiringuitos. El problema de España es la calidad de las leyes, la interpretación que se hace de ellas y el oscurantismo de la administración hasta hace poco. Cuando solucionemos eso, habremos solucionado todo.
[1] http://www.abc.es/espana/abci-rivera-defiende-supresion-diputaciones-porque-supondria-ahorro-10000-millones-201511122001_noticia.html
[2] http://www.abc.es/espana/abci-diputaciones-provinciales-administraciones-mas-saneadas-espana-201605181024_noticia.html
