Las Cajas de Ahorros han sido una institución centenaria, singular de nuestro país y que tienen sus orígenes en los montes de piedad. Durante años funcionaron sin problema alguno, ayudó a cientos de ciudadanos a obtener crédito, guardar sus ahorros, a que lo que ahora llamamos emprendedores crearan empresas, prestar servicios a la sociedad, contribuir a la cultura ¡Eran una institución! Pero… en los últimos años se pusieron en el punto de mira de los intereses partidistas y saltaron escándalos como: el de Caja Castilla La Mancha, las valencianas, el caso de las tarjetas Black en Caja Madrid, las dietas de Caja Navarra y un largo etcétera. Finalmente, estas instituciones centenarias terminaron desapareciendo totalmente y pusieron, más tarde, en jaque al sistema financiero de nuestro país. Hasta la Unión Europea tuvo que venir en nuestra ayuda. Por suerte (y por mucho que les pese a algunos) no se rescató al país, pero si a parte del nuevo mapa bancario surgido de la desaparición de estas cajas.
¿Cuándo comenzaron a politizarse? ¿Cuándo comenzaron a responder a los intereses de los partidos en lugar de la lógica empresarial? ¿Dónde está el origen del problema? Nuevamente, y al igual que pasó con el Consejo General del Poder Judicial, tenemos que remontarnos a los años 80. A las legislaturas de la era González, a las chaquetas de pana y a la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las Normas Básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorro. Luego tendrán que asumir su corresponsabilidad (y de forma muy seria) los de los jerséis anudados al cuello. Si el PSOE de González puso en marcha una ley que era un despropósito, el PP que vino después es el responsable de consolidarlo y, en muchos casos, de ahondar en el problema.
Con esta ley, en principio, se creaba un gobierno corporativo conformado por tres órganos: Asamblea, Consejo de Administración y Comisión de Control. El primero lo conformarían las Corporaciones Municipales y los Gobiernos Autonómicos, los impositores, los fundadores y los trabajadores. El segundo, que es el órgano con más competencias por tener encomendada la administración, gestión financiera y la obra social, según el mandato de la LORCA, tenía que ser proporcional a la composición de la Asamblea (las Corporaciones y los gobiernos autonómicos podían controlar hasta el 40% de la asamblea) y sus miembros ser aprobados por esta. Por último, el tercer órgano, encargado de velar por el buen hacer del Consejo de Administración, es elegido por la Asamblea de entre los miembros del Consejo de Administración, y en la misma proporción que en la Asamblea[1].
Con este supuesto gobierno corporativo, inventado en la época de Felipe González, consiguieron resolver el misterio de la Santísima Trinidad. Creaban tres órganos que en la práctica era sólo uno y en el que se ponía en manos de los políticos a unas entidades de crédito. Así pasó, que partidos (desde la derechona del PP a los rojetes de IU) y los sindicatos, encontraron en ellas un lugar para montar su chiringuito, con el que mantener a sus redes clientelares y colocar a sus amigotes
Antes de esto, en 1971, con la desaparición del Instituto de Crédito de Cajas de Ahorro, el Banco de España asume la dirección, el control y la inspección de las Cajas de Ahorros españolas. Era el Banco de España el que en su función de alta dirección regulaba la inversión de los fondos de ahorro, de los beneficios, cuentas de resultados etc. También se encargaba de la coordinación de las operaciones propias de su naturaleza de Banco de Bancos, de modo análogo a los Bancos privados, y el que periódicamente realizaba inspecciones para comprobar los balances.
En la LORCA, apenas se menciona al Banco de España en tres ocasiones. Una para decir que la Comisión de Control le remitirá informe semestral, otra para ser informado de los nombramientos de los consejeros y otra para recibir información de los préstamos y avales de la entidad a consejeros y cónyuges de éstos para ser admitidos por él. Como vemos, su papel queda muy reducido y limitado.
Por lo tanto, si la victoria del Barça comenzó con Kevin Roldán, el chiringuito de las Cajas lo hizo con González. ¿Por qué quisieron convertirlas en chiringuitos? Porque eran entidades que, gracias a su escaso radio de acción, al conocimiento de la clientela y a sus inversiones en fondos públicos habían escapado a la crisis que en los 70 sufrieron los bancos españoles. Por eso, y porque carecían de dueños privados en búsqueda de rentabilidades[2]. Luego siguió y se acentuó su politización con los gobiernos de un partido que en su ADN (o por lo menos en el de muchos de sus votantes) lleva como principio el libre mercado y la no intervención del Estado en la economía.
Pero no podemos ser injustos. Hubo una época en que se intentó, desde la oposición, poner remedio a este desaguisado. El Partido Popular, liderado en este caso por José María Ruiz Gallardón (el padre de Alberto), se opuso férreamente en el Congreso a la ley y al asalto de los partidos. Es más, la recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Uno de los motivos por los que se oponían a ella, era porque consideraban que violaba el artículo 34 de nuestra Carta Magna. Este artículo es el que reconoce el derecho de fundaciones para fines de interés general. Los cincuenta diputados comisionados por el padre del ex Ministro de Justicia, decían en su recurso que la ley vulneraba el derecho de fundaciones con fines sociales en lo que se refiere a las Cajas de Ahorro porque, con independencia de que se regule la actividad económica de las Cajas, la intervención del Estado no debería entrometerse en su organización y funcionamiento interno. Solamente debería hacerlo para velar que se cumpla la finalidad del fundador y los fines de interés general que persiguen[3].
Por desgracia, el ponente de la Sentencia del TC, Ángel Latorre Segura y otros juristas de reconocidísimo prestigio que componían la institución, como el señor Luis Díez Picazo o Francisco Tomás y Valiente, consideraron que no había motivo de inconstitucionalidad. Y seguramente, esto sea así, la ley de Cajas encajaba en lo que permite nuestra constitución y en los legítimos intereses de los partidos en función de sus ideologías. El problema vino después, cuando como bien dice Íñigo Enrique de Luna, en las Conversaciones sobre el centro derecha que organiza el Think Thank Red Floridablanca, después de estar en contra de esta Ley, el PP, llegó, se instaló en el sistema y traicionó sus principios. El problema es cuando se asume algo que es posible, pero que sabes que es malo, y no se reforma conforme a tu discurso de liberalismo económico y político. Cuando se desata una batalla por quién controlará Caja Madrid, cuando se empieza a hablar sobre espionaje o cuando eres el principal responsable de lo que sucedió con las Cajas de Ahorros en la Comunidad Valenciana. Ahí, se malogra la obra de un político como José María Ruiz Gallardón, al que la Historia pretende juzgarle solamente (al igual que a su hijo) por su oposición a la Ley del aborto, y te conviertes en cómplice de un sistema que otros iniciaron. Es más, te conviertes en un cómplice más culpable. Porque asumiste como bueno algo que desde el inicio sabías como malo.
La LORCA nos ha costado muchos problemas a los españoles, muchos millones, muchos esfuerzos colectivos y que los ajustes económicos fueran más duros. Por eso, hay que saber de dónde viene. Hay que saber que como casi todos los problemas de nuestro sistema político, tiene su origen en el desarrollo institucional que los gobiernos socialistas realizaron en los años 80. El problema no es de la Constitución, el problema es del desarrollo institucional que hizo de la Constitución un partido que gobernó desde 1982 hasta 1996. En otro de mis artículos vemos como la politización del Poder Judicial tiene su origen en el 85 y que, nuevamente, la politización de las cajas se inicia con una ley del mismo año. Por eso, cuidado con esos cantos de sirena que hablan de bancos públicos, porque ya los tuvimos. Cuidado con esos ex gobernadores del Banco de España que escriben libros dando lecciones, porque de él era la responsabilidad de auditar las cuentas. Por último, cuidado con querer hacer un juicio sumarísimo a la transición y a la Carta Magna que nos dimos, porque el juicio sumarísimo deberíamos hacérselo al desarrollo institucional surgido a partir del año 82. Y por supuesto, el Partido Popular, tiene que asumir la parte que le toca, cuando a partir del 96, y muy especialmente desde el año 2000, no hizo lo suficiente para corregir estos excesos.
[1] Ignacio Soler, Las Cajas de Ahorros, Politikon,2012
[2] Juan Velarde Fuertes,” Cajas de Ahorros: Una historia singular”, Cuadernos de Pensamiento Político abril/junio 2011 FAES
[3] Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 49/1988 (Pleno), de 22 marzo
