El pasado lunes 11 de Enero comenzó uno de los acontecimientos del año: el juicio por el caso Nóos, y lo que es más importante, la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo de los acusados. La acusación en contra de la Infanta Cristina fue una sorpresa para muchos y tanto el Gobierno como la Fiscalía y sus abogados han intentado por todos los medios que ella saliese impune y no se enfrentase al juicio.
Pese a los esfuerzos para que la Infanta no llegase a presentarse a juicio, finalmente el juez Castro no cedió a sus presiones y pudimos ver a Doña Cristina sentada en el banquillo. Pero el juego no termina aquí y, como ya sucedió con Botín, la fiscalía y los abogados esperan que se le aplique la doctrina Botín a la Infanta eximiéndola de ser juzgada, ya que como defienden la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y los abogados defensores, tan sólo fue acusada por la acción popular a través del sindicato Manos Limpias; ni la Agencia Tributaria ni el Ministerio Público presentaron cargos contra ella.
Pero eso no es todo, la perlita del día la soltó la Abogada del Estado, Dolores Ripoll, al pronunciar que “Hacienda somos todos” no es más que un slogan publicitario para aclarar que el perjudicado por los delitos contra la Hacienda Pública es el erario público y no los ciudadanos. Vaya palo, nos han tenido engañados a todo pensando que nuestros impuestos son para que la sociedad española funcione y se mantengan los servicios público. Pues no, han dejado muy claro que la “plebe” debe pagar rigurosamente sus impuestos o si no te crujirán. Eso sí, si vienes de una familia de rancio abolengo, eres político, banquero, futbolista o artista famoso tranquilo que no te pasará nada, roba, engaña y trapichea lo que quieras, Spain is different.
La hipocresía en este país no tiene medida. Los que más tienen más quieren, y mientras las armas del Estado sigan estando a su favor jamás conseguiremos acabar con la corrupción, el cohecho o el tráfico de influencias. Ante este tipo de casos, más claro queda la necesidad de una separación de poderes real, en la que el Gobierno no intervenga para nada en el sistema judicial, y así, garantizar un sistema más justo y democrático. Basta ya del juego de poderes, de mentiras y manipulaciones.
