El pasado 6 de mayo se autorizó por el Congreso de los Diputados la cuarta prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Real Decreto-Ley 463/2020. Una prórroga controvertida, ya que el ejecutivo no parecía contar, a priori, con los suficientes apoyos para que saliera adelante. Al final, la cuarta prórroga se autorizó por el Congreso de los Diputados con el menor de los apoyos hasta la fecha, 178 diputados frente a los 321 que votaron a favor de la primera de las cuatro que llevamos, y gracias a que, in extremis, Sánchez contó con el apoyo de Ciudadanos y del PNV, después de llegar a sendos acuerdos con ambas formaciones políticas.

No obstante, cuando el PSOE y sus socios de coalición vieron peligrar la autorización del Congreso de los Diputados para la nueva prórroga, el Gobierno esgrimió como principal argumento que, en caso de que el estado de alarma decayese, ello llevaría al “caos”, no sólo sanitario sino también económico. Y es que, ya en los días previos a la votación, Pedro Sánchez alegó en defensa de esa cuarta prórroga que, de no ser autorizada, las medidas económicas que el Gobierno había aprobado a través del Real Decreto-Ley 8/2020 -de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19-, quedarían sin efecto alguno, ya que, para su aplicación, era “imprescindible” mantener el estado de alarma que entró en vigor el pasado 14 de marzo.

De esta manera, Sánchez pretendía presionar a los grupos de la oposición, sobre todo al Partido Popular, con el hecho de que, entre otras cosas, no se podrían prestar las ayudas de índole económico y social aprobadas para paliar los efectos de la crisis socioeconómica derivada del confinamiento impuesto a la ciudadanía para evitar la propagación del COVID-19.

Antes de proseguir, es necesario el reconocimiento de que la aplicación del estado de alarma ha tenido como principal consecuencia el confinamiento de la población que, sin duda, ha permitido salvar vidas y frenar en gran medida la propagación del COVID-19, que se ha llevado a más de 27.000 vidas en España hasta la fecha de escribir este artículo.

Volviendo al estado de alarma y a las ayudas económicas y sociales destinadas a una población que padece los rigores del cese de buena parte de la actividad económica de España, podíamos llegar a la conclusión de que el estado de alarma es el único escenario en el que se podían prestar esas ayudas. El propio Presidente Sánchez dijo que no había un plan B, lo que sirvió al Ministro Ábalos a defender aquello de “o estado de alarma o caos”.

Pero ahora, pasada una semana de la autorización de la cuarta prórroga de estado de alarma, porque no existía ni plan B ni otra solución, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP), anunció el acuerdo entre el Gobierno de España y los principales agentes sociales -los sindicatos UGT y CC.OO. y la patronal representada por la CEOE y CEPYME- por el que se desvincula la validez de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) del estado de alarma, prorrogándolos hasta el 30 de junio, como mínimo.

En el mismo acuerdo, Gobierno y agentes sociales recogen la posibilidad de flexibilizar los despidos de los trabajadores afectados por un ERTE. Según el Real Decreto-Ley 8/2020 (Disposición Adicional Sexta), la empresa se compromete a no despedir a los trabajadores afectados por un ERTE, durante seis meses siguientes a la reincorporación a su puesto de trabajo.

Conforme al nuevo acuerdo, la referida flexibilidad en el despido permite a la empresa despedir al trabajador antes de que hayan transcurrido los seis meses, con la única obligación por parte de la empresa de proceder a la devolución a la Seguridad Social de lo que la empresa se haya ahorrado en cotizaciones por los trabajadores que vaya a despedir.

Por tanto, medidas como los ERTEs por fuerza mayor, según mantenía el Presidente del Gobierno, hubieran decaído si no se hubiera autorizado la cuarta prórroga del estado de alarma. Pero con el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de mayo para prorrogar los ERTEs, lo que si se viene a evidenciar es que hay alternativas, si se quiere llegar a ellas, y no es necesario encastillarse en defender que no hay Plan B.

En definitiva, la excusa de que sin estado de alarma se dejarían de pagar las prestaciones a los afectados por un ERTE, sabiendo que ello causaría gran inquietud a más de 3,3 millones de españoles y españolas afectados por dichos expedientes, queda sin fundamento a partir de que la Ministra de Trabajo anuncia el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar dichas medidas más allá del estado de alarma. Y, las preguntas son obligadas ¿por qué el Presidente Sánchez exige apoyos incondicionales a la oposición sin llegar a acordar las diferentes medidas con la misma, pero exigiéndoles lealtad?

¿Por qué han acudido miembros del ejecutivo a intentar cargar sobre algunos de los grupos de la oposición, como el Partido Popular, el decaimiento de las medidas económicas cuando, como se puede comprobar, existe la posibilidad de prorrogarlas más allá del estado de alarma?

Ese apoyo lo ha tenido el Presidente Sánchez para salvar vidas, pero no para que, bajo el paraguas del estado de alarma, pueda adoptar medidas de espaldas al resto de formaciones políticas del arco parlamentario a las que exige lealtad incondicional, o sin tener en cuenta sus propuestas.

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