Pedro Sánchez en el Congreso. Agencia EFE

No hay duda de que, desde el pasado 14 de marzo, la población española se ha familiarizado con la expresión estado de alarma, aunque la mayoría no tenga claro la definición jurídica de dicha expresión. Pero tampoco se ha de exigir a todo ciudadano o ciudadana de este país que deban tener una vasta cultura jurídica.

Lo que sí tiene claro la ciudadanía es que una de las consecuencias del estado de alarma, motivado por la necesidad de frenar la expansión de la COVID-19, ha sido el confinamiento domiciliario al que estamos sometidos, lo que supone la limitación de la libertad de libre circulación de las personas, que, para el que lo quiera saber, se regula en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19.

Desde un punto de vista jurídico, estado de alarma es la figura jurídica destinada para buscar soluciones ante una situación anómala motivada por catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos o desabastecimiento de productos de primera necesidad, lo que hace imposible que se pueda mantener la normalidad mediante el ejercicio de los poderes ordinarios reconocidos por las leyes a las autoridades competentes.

El artículo 116 de la Constitución Española dispone que será el Gobierno de España el que declarará el estado de alarma, mediante Decreto acordado por el Consejo de Ministros, determinando los motivos, el ámbito territorial al que se extienden los efectos de dicho estado y por un plazo de quince días. Del Decreto por el que declare el estado de alarma se dará cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo. Cada prorroga, en caso de contar con la autorización del Congreso, será por otros quince días, sin que haya límite para el número de prorrogas. De hecho, el Presidente Sánchez quiere prolongar el estado de alarma hasta el final de la desescalada o hasta el mes de julio.

Ahondemos, ahora, en los avatares del multiprorrogado estado de alarma de Pedro Sánchez. El ejecutivo de coalición PSOE-Unidos Podemos tuvo el apoyo unánime de todas las fuerzas del arco parlamentario para autorizar la primera prorroga el 26 de marzo.

Ahora bien, el voto favorable se ha ido reduciendo paulatinamente, incluso con la abstención o el voto en contra de alguno de los socios de investidura -como es el caso de ERC-, todo porque Pedro Sánchez y su gobierno ha entendido que los grupos políticos de la oposición deben prestarle apoyo absoluto, el que obtuvo en un principio. Pero no lo ha sabido mantener por su fijación en buscar el enfrentamiento político, sobre todo con el Partido Popular, en vez de ganarse la confianza de sus adversarios en un momento crucial como el que estamos viviendo.

Los socialistas y sus socios de gobierno han optado por aquello de “o conmigo o contra mí”. Reclaman lealtad, por ejemplo, al Partido Popular, cuando lo cierto es que han contado con el voto leal de la formación liderada por Pablo Casado desde el primer momento. Lealtad que no tiene por qué ser incondicional, más cuando el Gobierno ha dado muestras de aprovechar el estado de alarma para introducir medidas programáticas que poco o nada tienen que ver con la alerta sanitaria provocada por el COVID-19.

¿Acaso era tan urgente y necesario incluir una modificación a la Ley 11/2002, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a través del Real Decreto-Ley 8/2020 -por el que se aprobaban las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19- y que permitía a Sánchez incluir a Pablo Iglesias, como Vicepresidente Segundo, en la Comisión Delegada del Gobierno en el citado Centro? Juristas de renombre no encuentran la urgencia para introducir un cambio de dicha Comisión, a través del Real Decreto-Ley, cuando nada tiene que ver con la pandemia. En opinión propia, más bien obedece a las aspiraciones que siempre ha tenido Iglesias respecto al control de los “servicios de inteligencia españoles”.

Esto último no es más que un botón de muestra de cómo Pedro Sánchez no se esfuerza por ganarse la confianza de la oposición, si lo que quiere es que le presten su apoyo en cada uno de los pasos que da el ejecutivo a la hora de afrontar los diferentes retos que conlleva esta pandemia. La lealtad debe exigirse desde la lealtad.

La falta de trasparencia -como el hecho de que el Gobierno no se halle obligado a responder a las solicitudes de información que lleguen al Portal de Transparencia desde el 14 de marzo y mientras dure el estado de alarma-, las polémicas medidas destinadas a controlar y “monitorizar las críticas” de los mensajes en redes sociales sobre la gestión gubernamental de la crisis sanitaria -recordemos, por ejemplo, a la Ministra Celaá insinuando recortar la libertad de expresión, debían aceptarse las opiniones negativas- o amenazar con el “caos” si no salía adelante la cuarta prórroga del estado de alarma -concretamente, fue el Ministro Ábalos el que empleo la expresión “o estado de alarma o caos”-; todas ellas son muestra de no haber una voluntad por parte del Gobierno de Sánchez para ganarse la confianza de las formaciones políticas de la oposición, incluso de buena parte de la población que cuestiona la gestión del ejecutivo, cuando lo cierto es que la sociedad española ha demostrado durante el confinamiento, salvo contadas excepciones, suficiente madurez para asumir los esfuerzos pertinentes que conlleva esta crisis sanitaria y socioeconómica.

Una sociedad de ciudadanos libres que pueden demostrar su madurez y responsabilidad a quien detenta el poder ejecutivo en un Estado Democrático, como el nuestro, que no debe abusar de las prerrogativas que el estado de alarma le otorga.

2 COMENTARIOS

  1. Artículo que podría haber sido interesante pero se queda en nada. Si la crítica al estado de alarma es un cambio en la comisión del CNI, la falta de info en el portal de transparencia o una supuesta e infundada limitación a la libertad de expresión, pues bien bienvenido estado de Alarma.

    Le recuerdo que no hay alternativa para conseguir el confinamiento social y luchar así contra el covid. Critican y atacan a la única herramienta política para luchar contra la pandemia. Llevamos solo dos días de fase 1 y los desmanes de la gente son más que evidentes. El rebrote de la pandemia está al caer y España no se puede permitir otro confinamiento. Gente como usted que pone en duda la utilidad del estado de alarma está poniendo en peligro a los españoles.

    • Si es quien creo que es, ya hemos tenido una larga charla en otras redes sociales.

      Admito la critica, pero igual que mi artículo es una opinión, la suya también lo es, ni mejor ni peor, aunque a mi tampoco me diga nada la crítica vertida. Debería usted haber descubierto que lo que criticó es que nos tomen por tontos y se emplee el estado de alarma para menoscabar el democrático ejercicio de derechos garantizados constitucionalmente, o modificar leyes a través de un Real Decreto-Ley en el que se recogen medidas relativas a la crisis del COVID-19 cuando poco tiene que ver esa modificación legal con la crisis sanitaria.

      No prejuzgue. No piense que estoy en contra del estado de alarma «porque si». Lo he acatado y lo acato desde el primer momento y hasta que deje de estar en vigor. No soy un insumiso legal ni voy con una cacerola por la calle. Pero no me gusta que me tomen por tonto

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