Este martes Albert Rivera, expuso al PP seis medidas de “regeneración democrática y lucha contra la corrupción”, que de ser aceptadas por los populares, supondría el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno en funciones, tras reunirse este miércoles con Rivera, anunció que sometería la propuesta a debate y estudio ante el Comité Ejecutivo Nacional el próximo 17 de agosto, sin embargo, una parte importante de integrantes de esa Ejecutiva son aforados —la segunda proposición de Albert Rivera es la de eliminar los aforamientos—, y casi una decena acumula imputaciones o son sospechosos de estar implicados en casos de corrupción.
Los nombres en el PP más llamativos, que acudirán a la reunión para decidir si el partido acepta las exigencias de Ciudadanos, son los de la exministra de Sanidad Ana Mato, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, o la actual tesorera del partido Carmen Navarro; todos ellos han tenido que presentarse ante la justicia para declarar por diversos casos de corrupción como el ático de lujo en Estepona de González o el borrado de discos duros de los ordenadores de Bárcenas.
También estarán otras caras que, pese a no haber sido encausadas, acumulan serias sospechas de estar implicadas en alguna ilegalidad. Es el caso de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, o el exdiputado por Murcia Vicente Martínez Pujalte.
Que el Partido Popular mantenga en su estructura orgánica a estas personas, choca de manera frontal con la iniciativa de Ciudadanos para regenerar la vida política y luchar contra la corrupción. De aceptarla, Rajoy deberá plantearse una reestructuración profunda en su formación, que todavía tiene diversas causas judiciales pendientes.
