Modernizar la justicia en España: ¿Cuestión de inversión o de gestión?

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Creo que todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones llevaron en su programa un punto sobre modernizar la justicia. Es uno de los grandes problemas de la administración española. La situación de la judicatura está influyendo en la eficacia de la justicia, en su prestigio y es una de las razones por las que la Democracia en España y sus instituciones están cuestionadas. Todos habremos visto a algún amigo nuestro compartiendo en sus redes sociales una foto con Iñaqui Urdangarín y una señora que utilizó una tarjeta de crédito perdida para comprar pañales y comida a sus hijas. Iñaqui y la todavía Infanta de España suelen aparecer vestidos lujosamente y en la foto se suele decir: “Mientras Urdangarín sigue libre, la madre que usó una tarjeta perdida para comprar pañales y comida para sus hijas irá a prisión en dos semanas”. Pero claro, nadie se preocupa en explicar en primer lugar que hay una cosa que se llama prisión preventiva que no puede ser utilizada como castigo. Porque mientras no haya una condena judicial todos somos inocentes. Tampoco se encargan de explicar, que la prisión preventiva solo puede utilizarse para asegurar la realización del procedimiento. Por último, y lo más importante, nadie se encarga de ir al problema y de aclarar que es mucho más fácil y rápido para un juez, con los medios que cuenta, resolver un caso sencillo como el de esa señora que uno complejo, con miles de testigos, pruebas y tramas como el del caso Noos.

La justicia en España necesita una modernización profunda. En tecnología, en modelo de oficina judicial, en formación de los funcionarios, de tecnología, de medios materiales, de edificios. Hace unas semanas, por mi trabajo, acudía a un Think Thank sobre ciberseguridad y una de las ponentes, que es abogada, apuntaba que uno de los problemas con los que se encuentran los jueces para luchar contra los ciberedelincuentes es que tenemos una administración de justicia anclada en el siglo XIX, que no vestían con manguitos porque ya no se estilaban, que muchos jueces no contaban con conocimientos suficientes para resolver casos de cibercrimen ( y por eso en el montón de casos pendientes se quedaban los delitos ciber y resolvía los tradicionales) y que la implantación de Lex Net ( sistema obligatorio a partir del 1 de enero para que los letrados presenten sus escritos) está siendo una catástrofe. Está siendo una catástrofe por una cuestión de concepto en el funcionamiento del modelo de funcionariado español. El abogado o procurador sube el escrito a Lex Net. Pero una vez subido, su tramitación se realiza de la forma tradicional. La señorita/o Puri tiene que descargarse los expedientes. Pero ella, o él, solo es responsable de los expedientes 1,2 y 3. Por lo tanto, como no les pagan por descargarse el resto, no los tramitan y el sistema colapsa.

Por eso título el artículo preguntándome si la modernización de nuestro sistema judicial es una cuestión de inversión o de gestión.  En cuanto a la inversión, y si acudimos al presupuesto del Ministerio de Justicia para 2016, podemos ver que los fondos se han incrementado un 7,24%. Concretamente, los gastos de inversión para la modernización tecnológica crecen un 25,66% y para el desarrollo del Plan de aceleración de la Justicia en entornos digitales, avanzar hacia el papel cero y la Justicia en Red se destinan 64,62 millones de euros (un 35,7% más que en 2015)[1].

Fuente: CEPEJ, 2014 a través de Politikon
Fuente: CEPEJ, 2014 a través de Politikon

Pero parece que estos datos no son suficientes. La Comisión Europea ha realizado un estudio titulado “European judicial systems –Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice”. En él, realiza un exhaustivo estudio comparado de los sistemas judiciales europeos del que se desprende que España (en 2012) se sitúa en el puesto 21 por presupuesto anual asignado a los juzgados por habitante (por detrás de Malta). España destina 27€ por habitante, cuando la media es de 34,8€.  Estos datos, tienen cierta mejora si se analiza el presupuesto anual asignado a los juzgados en relación con el PIB de cada país. España sigue estando por debajo de la media, pero cerca de otros países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia u Holanda.

Fuente: CEPEJ, 2014 a través de Politikon
Fuente: CEPEJ, 2014 a través de Politikon

Como vemos, los datos que utiliza el estudio son de 2012 y que a lo largo de estos años se ha realizado un esfuerzo económico en medio de una de las mayores crisis. Pero estoy seguro, que, a pesar de ello, cuando la UE repita el estudio no habremos mejorado significativamente. También estoy seguro de que las causas judiciales seguirán eternizándose en los juzgados y los pocos avances tecnológicos que se intenten implantar, no serán de gran utilidad. Por eso, creo que es necesario un cambio en la forma de gastar y en la forma de trabajar en la judicatura. El primer paso, (y como manifestaba en mi artículo Reformas que difuminaron la separación de poderes en España: El Consejo General del Poder Judicial) es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Pero después, deberíamos estudiar la implantación de un modelo como el holandés. Hace no muchos días, leía en Politikon sobre el sistema del que se han dotado los Países Bajos[2].

En este artículo se hablaba de que en muchas ocasiones lo importante no es centrarnos en cuanto se gasta sino en cómo se gasta. En España, a los españoles y a los políticos (sobre todo de izquierdas) nos encanta hablar de gastar más en educación, gastar más en sanidad, gastar más en justicia etc. Pero muchas veces es mejor saber cómo gastar.

Los holandeses, en 2005, introdujeron el presupuesto con información de desempeño en el poder judicial. Mediante este sistema, se establece un análisis de las cargas de trabajo y una monitorización de todos los juzgados. Además, el presupuesto es negociado entre el Ministerio de Justicia y el Consejo Judicial, quien después realiza una asignación presupuestaria a cada uno de los juzgados.

La negociación del presupuesto entre el Ministerio de Justicia y, lo que en España sería, el Consejo General del Poder Judicial se realiza en base a la carga de casos anual prevista para el próximo año judicial. Sobre esa carga de trabajo, el ministerio realiza la asignación presupuestaria. La carga de trabajo es estimada en función de un cálculo del tiempo de trabajo y los costes del procedimiento. Los gastos de los procesos se calculan según el tipo de casos establecidos por categorías. Estos precios son revisados cada tres años entre el Ministerio y el Consejo. El tiempo se calcula en función de una encuesta periódica. Otro de los mecanismos con los que se dota, es el análisis al final del año judicial de los casos resueltos. Si es mayor a los acordados el ministerio abona al Consejo la diferencia, si es menor el Consejo devuelve la diferencia. Eso sí, la cuantía del exceso o déficit no se calcula tomando el precio total, sino que se reduce al 70% del precio aplicable a cada caso. Por último, y en esta fase del sistema, el número de casos resueltos es sometido a la revisión de un auditor externo.

Una vez realizada esta negociación entre la cartera de justicia y el Consejo, este último, realiza la misma operación con cada uno de los juzgados del país. Le asigna una cuantía en función a los casos que espera resolver y se a bona o devuelve la diferencia en función de si se han superado los objetivos o si no se han alcanzado.

Estas medidas, están contribuyendo a que, como el presupuesto de cada año se basa en gran parte en el número de casos resueltos en el ejercicio anterior, se reduzcan los incentivos para resolver un número de casos menor y así poder obtener esa diferencia del 30%. Otro de los incentivos que fomenta el sistema es que, como todos los juzgados y tribunales reciben la misma cantidad por los sumarios, si estos son resueltos por un coste menor, pueden quedarse con el exceso. Esto crea un incentivo para operar con eficiencia.

Dice Fernándo Fernández Mónge en su artículo en Politikon ( al que algún día este blog no tendrá nada que envidiar) “el presupuesto por resultados en Holanda, unido a otras reformas estructurales en la primera década de los 2000 (reforma del mapa judicial, establecimiento de estándares de calidad y tiempo, digitalización de los procesos, etc.) resultaron en una reducción del tiempo medio para resolver casos civiles de 6 meses, y un aumento de la satisfacción con el desempeño judicial del 66% al 78% entre las partes de un procedimiento y del 74% al 81% entre los abogados”.

Por su puesto, hay que tener ciertas cautelas. Todos sabemos que quien hace la ley, hace la atrampa. Por eso la eficiencia debe verse acompañada de medidas para asegurarnos de que no baja la calidad del proceder de los jueces a la hora de dictaminar sentencias y resoluciones. También hay que evitar que se incentive inflar los números mediante auditorías externas. Pero, con estas medidas ¿no se aprovecharían mejor los 64,62 millones destinados al Plan de aceleración de la Justicia en entornos digitales, avanzar hacia el papel cero y la Justicia en Red? ¿No creen que modernizaríamos más la justicia? ¿Que sería un sistema mucho más transparente? Además, si se fijan en la segunda gráfica, el país con mayor inversión por habitante en función del PIB es Bosnia Herzegovina. ¿Realmente creen que porque gasten más recursos tienen una justicia mejor que la nuestra? Yo la verdad es que no lo creo. Creo que es un ejemplo que muestra que gastar más en algo, no significa que vaya a ser mejor.

Por eso, tenemos que introducir estas cuestiones en el debate sobre la reforma y modernización de la justicia. Creo que ayudará a tener una democracia más avanzada, donde sea más difícil delinquir, corromper a políticos, donde la economía funcionará mejor. Porque hemos de tener en cuenta que a la hora de que las empresas inviertan, se tiene en consideración la celeridad de la justicia. Yo trabajé haciendo un análisis para un importante banco francés, sobre el tiempo que tardaban en las distintas provincias en resolver los procedimientos. Andalucía era la región donde más tiempo llevaba, y en el País Vasco donde menos. Por eso, comenzaron a plantearse subir los intereses a la hora de hacer transacciones en ciertas comunidades. Por último, no tenemos que tener miedo a posibles reticencias para implementarlo entre los miembros de la judicatura. Hay que ser valientes. En Holanda, jueces y abogados mostraron escepticismo y preocupación por una posible vulneración a la autonomía e independencia del poder judicial. Una vez puesto en marcha, no ha habido recurso alguno por parte de estos colectivos.

[1] Plan Presupuestario 2016 del Reino de España.

[2] http://politikon.es/2016/03/17/mejorando-la-financiacion-de-la-justicia-el-caso-de-holanda/

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Alejandro Ruiz París
Graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, cursó estudios en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Wroclaw (Polonia) y actualmente trabaja como consultor junior de políticas públicas en el sector TIC. La libertad y la búsqueda de la verdad son los principios que rigen su trabajo.

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