España será en 2050 uno de los países más envejecidos del mundo. Este dato no tendría necesariamente porque que ser malo, pues sería reflejo de una larga expectativa de vida para nuestra población. Sin embargo, el problema es que no será fecunda, al menos en cuanto a hijos se refiere. Y aquí sí tenemos un problema.
Las últimas proyecciones del INE sobre la demografía española estiman la preocupante pérdida de 2,6 millones de habitantes hasta el año 2023. Se consolidaría por lo tanto la presente tendencia iniciada en 2012, cuando el crecimiento poblacional involucionó hacia tasas negativas del -0,24% que, hoy día, ya se sitúan en torno al -0,53%. De acuerdo con el Instituto, todas las CC.AA perderían población salvo los excepcionales casos de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
No cabe duda que, salvo otras causas que tienen más de aleatorio que determinante, la presente coyuntura económica no es sino el motor que impulsa tal retroceso. Y lo hace en dos maneras. Por un lado España ha dejado de ser un país de inmigrantes para convertirse, o reconvertirse (volviendo a tiempos pasados), en un país de emigrantes. Así las cosas, en el año 2007 llegaban al país más de 690,000 extranjeros frente a los menos de 340,000 que lo hacían en 2012, cinco años después y en plena crisis. Pero no sólo llegan menos, también se van: tanto extranjeros residentes (321,000), como españoles que traspasan las fronteras mayoritariamente hacia Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza (más de 27,000 sólo en la primera mitad de 2014).
Por otro lado, tenemos en nuestro país un acusado problema de natalidad, o para precisos, de tasas de fecundidad. En términos porcentuales (o más bien en fracciones por mil), la tendencia a la baja de los nacimientos resulta crónica desde hace décadas e incluso antes de la crisis ya existía retroceso. Así por ejemplo, para el año 2008 cuando asomaban los primeros síntomas de la hecatombe, el número de nacimientos se situaba en torno a 11,37 por cada mil habitantes. Hoy día, a pesar de un leve repunte en 2012, esta cifra ha menguado hasta los 9,5 alumbramientos. Tan prominente resulta la tendencia que, volviendo a las previsiones del INE, en el no muy lejano 2023 habrá un millón de niños menos (entiéndase entre 0-14 años) y esto, como si no hubiese ya pocos (en torno a 7 millones). Lo anterior, mal que me pese numerizar personas (por aquello de reducirlos a “simples” dígitos), sumado al continuado aumento de la esperanza de vida, provoca en consecuencia un excesivo envejecimiento poblacional que al menos en lo económico será difícilmente soportable en el medio y largo plazo. Por lo que respecta al presente, a las evidencias me remito cuando el gobierno ya se ha visto forzado a abrir la “hucha de las pensiones” en varias ocasiones. Por extensión de sus efectos la crisis vuelve aquí a jugar en contra; pues siendo el colectivo de los inmigrantes uno de los que más altas tasas de natalidad presenta, se está viendo menguado a causa del efecto retorno. Mutatis mutandis también lo hace, y aún más, el número de nacimientos.
El panorama venidero estará marcado por una pirámide (¿se le puede llamar pirámide?) poblacional casi invertida donde cada vez engrosan más los sectores superiores (+50 años) y se reducen los inferiores e intermedios; estos últimos, los realmente productivos. En vista de la situación anterior creo que el gobierno debería tomar ciertas medidas al respecto. Más si cabe sacando la calculadora y utilizando un poco del insólito sentido común. Ojo al dato de menos de dos trabajadores por pensionista (sin incluir a parados), que demuestra ,si no en el presente si a demasiado pocos años vista, lo insostenible de la situación para las arcas públicas. A más pensionistas y menos cotizantes las cuentas por lo tanto, no salen. Y a pesar de que la lógica escasamente impera en estos días, y menos aún quizás en el (des)gobierno; a efectos de paliar los penosos augurios demográficos cualquiera acertaría a concluir que tomar medidas por la parte de arriba de la pirámide, esto es, que afectasen directamente a los sectores más longevos no sería lo acertado.
Esto último básicamente por dos cosas. La primera es cuestión de mera supervivencia, de darwinismo electoral. La principal fuente de votos que los tradicionales partidos pueden poseer, (¿descartando a Podemos?) es el sector pensionista, por ser de los más numerosos, a la par que el más fiel e inmovilista en cuanto a elección se refiere: la mayoría de votantes de PP y PSOE son jubilados (27% y 24%). Si en España no seduces al voto longevo no estás destinado al éxito, o cuando menos no al éxito rotundo. Salta a la vista una cierta inmunidad del pensionista por derecho propio que, creo, no debería mutar. Para explicar el segundo de los hechos permítanme cierto simbolismo. Cuántas veces no habremos escuchado de nuestros más cercanos una frase del estilo “¡Ay cuando yo me jubile!”. En estas pocas palabras se resume uno de los mayores incentivos de la población productiva a contribuir a las arcas públicas. No existe igual estímulo al tributo que aquello tributado se te sea devuelto (a quién más, a quién menos) en un futuro, y una pensión es una de las formas más efectivas de lograrlo. Vemos por lo tanto que en su sano juicio cualquier gobierno que guste de permanecer en el poder no atentará, o no lo hará directamente, legislando contra el sector longevo de la pirámide. En todo caso se procurará actuar disimuladamente a base de recortes camuflados en forma de esfuerzos colectivos por los que todo buen español debe pasar para salir del bache que supone la crisis. Sirva la congelación de los subsidios como ejemplo.
Pero volviendo al “rara avis” uso de la lógica, quizás lo más razonable fuese intentar paliar las descendentes cifras de natalidad mediante el establecimiento de una serie de incentivos que, directa o indirectamente, sirviesen de estímulo a la procreación. Creo que esto debería ser visto no sólo por el gobierno, sino por todo aquel que crea en cierto grado de cobertura social, como una necesaria inversión de futuro. Una inversión que vendría a asegurar la prevalencia del estado de bienestar. Si se lograse revertir la tendencia descendiente de la natalidad, se estaría asegurando una población productiva para el futuro que, entre otras muchas cosas, contribuiría a paliar la elevada carga del sistema de pensiones además de compensar el sucedáneo de pirámide poblacional que hoy sufrimos.
Sin embargo, la situación actual dista mucho de lo ideal. En este sentido es otra vez Europa quien nos lleva la delantera. De hecho las ayudas económicas a las familias españolas en forma de incentivos a la natalidad son de las más bajas en toda la UE, tanto por su cuantía como por su escasa universalidad. Así por ejemplo, en 2011 España fue el cuarto país que menos ayudas destinó de forma directa a las familias con hijos menores. La objetividad nos remite a la percepción de que en términos económicos y pensando en el corto plazo, tener un hijo puede no resultar demasiado atractivo, tanto en España como en cualquier otro sitio. Pero las madres noruegas, finlandesas o alemanas reciben más ayudas por parte de sus países respectivos que las españolas y en consecuencia, pueden permitirse priorizar otras motivaciones más subjetivas y no tan racionalmente económicas (lo bonito de ser padres). Hacer posible lo anterior ha de ser labor del gobierno que además, verá en ello su propio beneficio. Por ejemplo, en Alemania el estado contribuye con algo más de 1,600 euros al año a la manutención de cada hijo menor de 18 años y en Francia el importe de estas ayudas oscila alrededor de los 1,200 euros. Mientras tanto, en nuestro país el importe de estas ayudas no llega a los 300 euros anuales (¿qué fue del tan efímero “cheque bebé”?). Lo mismo ocurre con apoyo a la conciliación laboral de los nuevos padres. Así por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de semanas de baja maternal subsidiadas por el estado, los países nórdicos están a años luz. En Suecia, Noruega y Dinamarca se superan las 40 semanas toda vez que en España se contemplan 16 semanas, eso sí, y veamos aquí el avance, desde hace unos años con la posibilidad de combinarla entre ambos progenitores (véase Ley de Igualdad de Oportunidades).
Pero quizás donde más desventajado se sitúe nuestro país sea en el acceso a estas ayudas y en lo perjudicial del sistema para las familias numerosas (tres hijos o más). Con la actual regulación el límite de renta que se establece para recibir la asignación por hijo es muy restrictivo dado que estas prestaciones se efectúan prioritariamente de acuerdo con criterios de percepción de ingresos y luego, en menor medida, por número de miembros de la unidad familiar. Como resultado salen más beneficiadas aquellas familias de uno o como mucho dos hijos. Por la contra, revierte en un total desincentivo para aquellas familias numerosas de tres o más vástagos ya que ven limitado su acceso a las ayudas aun cuando es mucho mayor la distribución de sus ingresos. Es decir, a iguales ingresos tocan más miembros a repartir y cada parte recibe finalmente menos.
Tener un hijo supone alimentarlo, vestirlo y educarlo durante muchos años y en todo ese tiempo la familia verá mermado su poder adquisitivo y, por si fuera poco, lo más probable será que la madre experimente más dificultades en su incorporación al mercado de trabajo por este hecho. Tener dos hijos resulta aún más complicado. Y los que se atrevan con tres o más, menuda la valentía. Yo mismo soy miembro de una familia numerosa y si bien percibo que con el tiempo se han ido consolidando ciertos avances, sobre todo en forma de exención del pago de una parte o el total de algunos precios públicos (billetes de autobús y tren, matricula universitaria, recibo del agua…) lo cierto es que aún queda mucho por andar. Como dije antes, enfrentarse a la situación de ser padres resulta todo un ejercicio de valor. Es labor del gobierno, sea del color que sea, legislar en pro de estos valientes. Concebir un hijo supone una fuente de alegrías e ilusión, pero para todos y especialmente el estado ha de ser visto también como una importante inversión de futuro, la salvación única del bienestar social del que aún hoy, con sus más y sus menos, podemos disfrutar. Tal y como decía el profesor Achotegui: el estado se ha de preocupar del bienestar. La felicidad es ya un asunto personal.
