La labor fundamental de los responsables políticos es que, independientemente del Partido Político al que representen, logren resolver los problemas de la ciudadanía a través de proyectos, políticas y medidas eficaces para el desarrollo de la sociedad.
El problema nace cuando, esos responsables políticos que aspiraban a resolver nuestros males, se convierten en el principal de nuestros problemas.
Estas semanas, inmersos en una segunda oleada de contagios, enfermos y fallecimientos por el virus del Covid-19, nuestros representantes políticos deberían de ser ejemplo de comunicación, cooperación y entendimiento entre instituciones, pues, como ellos gritaron durante semanas “este virus lo paramos todos”. Pero, la realidad es bien distante ya que, en lugar de defender la lealtad entre administraciones, a la crisis sanitaria, a la crisis
económica, a la crisis política y a la crisis social esta semana se le sumó la crisis institucional.
En este sentido, lo mínimo que se espera de un Gobierno, independientemente del signo político al que este pertenezca, es que en unos momentos tan complicados para la sanidad, la economía y la política española no se aliente, encima, una crisis institucional desde las carteras del propio Consejo de Ministros.
Mientras que el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, publicaba en las Redes Sociales que la “monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha”, el Vicepresidente Segundo del Gobierno de España,
Pablo Iglesias, twitteaba que “el respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado” y el Ministro de Universidades, Manuel Castells, explicaba que la llamada del Rey Felipe VI a Carlos Lesmes, el Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial, le parecía “improcedente e imprudente”.
La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible.
— Alberto Garzón? (@agarzon) September 25, 2020
De esta manera, analizando el discurso de nuestros líderes políticos, se puede llegar a concluir que, desde el propio Consejo de Ministros, se está erosionando la figura del Jefe del Estado, el orden constitucional y su labor, pues, desestabilizar la Monarquía Constitucional es, consecuentemente, desestabilizar la Constitución.
Sin embargo, el Artículo 117 de la Constitución Española de 1978, argumenta que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Lo que daña verdaderamente a la democracia son los ataques de populismo y crispación a las instituciones que son de todos. A través de estas palabras, que deberían de ser impropias en cualquier Ministro, de cualquier signo político, del Gobierno de España, se está amparando la ruptura del orden constitucional.
En este caso, la culpa ya no es sólo de aquellos políticos que buscan incendiar las calles y la sociedad para legitimar su poder: la culpa es de aquellos que se dejan convencer y son capaces de destruir la convivencia cívica en nombre de unos políticos a los que poco les importa el bienestar social y el respeto institucional.
Cuánto más graves son los insultos de unos, más bajo queda su nivel moral.
Y, en este contexto, el sectarismo extremo, junto a la pandemia, el hambre y la crisis económica, es capaz de incendiar unas calles que, a día de hoy, deberían de apostar por la concordia. En democracia, cambiar las reglas de juego es posible, pero, pretender hacerlo mediante el alarmismo, la falta de consenso, la crispación social y, en medio de la mayor pandemia sanitaria, desastre económico y altercados sociales de la historia reciente de España es, una irresponsabilidad, y como tal, debería de ser criticada por la ciudadanía.
No deberíamos de callar y ser cómplices de todos aquellos que, lejos de cumplir con la legalidad y la neutralidad del Jefe de Estado, promueven subvertir el orden constitucional, pues, estas personas no están demostrando ni dignidad, ni respeto, ni honor.
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