El Frente Polisario ha conseguido que alguien le escuche, en este caso, el Tribunal General de la UE, el cuál ha dictaminado que la Unión debe anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos con Marruecos por tratarse de recursos propios del Sáhara Occidental, no reconocido como parte de Marruecos.
La Justicia europea ha entendido, después de un profundo estudio del caso, que a la hora de ratificar los acuerdos con Marruecos no se tuvo en cuenta el consentimiento de los saharauis, que se verían afectados por ellos. El Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, ha explicado que los acuerdos que se encuentran en la controversia mencionan y, por tanto, se aplican de forma expresa a la zona del Sáhara Occidental y a sus aguas adyacentes, tratándose de un tercer Estado afectado.
En las dos sentencias publicadas por el mencionado tribunal se expresa que a pesar de que la Unión Europea sí que había realizado “amplias consultas” con los “actores socioeconómicos”, los cuales se mostraron en su mayoría “favorables a la ampliación de las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación al Sáhara Occidental”, estas no podían ser consideradas como que se había prestado consentimiento, de forma que estas opiniones no vincularían a todos los saharauis, y acusa al Consejo de no tener “suficientemente en cuenta todos los factores pertinentes relativos a la situación del Sáhara Occidental y consideró erróneamente que disponía de un margen de apreciación para decidir si cumplía la exigencia de que la población de dicho territorio expresara su consentimiento”.
Otra de las discusiones que se resolvió en estas sentencias es la existencia o no de personalidad jurídica en el Frente Polisario, que es el que presentó las demandas ante el tribunal. Uno de los principales argumentos del Consejo para mantener los acuerdos cayó definitivamente, ya que, en estos momentos, el tribunal considera que “las decisiones impugnadas tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio”.
Ante la posibilidad de que los acuerdos de pesca se anulen, España sería el miembro de la Unión más perjudicado, ya que de los 128 barcos europeos a los que se les permite faenar en aguas del Sáhara, 92 son españoles.
A pesar de que ambas sentencias son recurribles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, suponen un gran avance para el Frente Polisario y el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. Esto mismo expresó el ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, que aseguró que las sentencias abren una nueva etapa en la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y marcan al Consejo de Seguridad de la ONU el camino a seguir para completar la “descolonización del Sáhara Occidental”.
Por su parte, tanto Marruecos como la UE publicaron rápidamente un manifiesto conjunto firmado por el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, y el Alto representante de la UE, Josep Borrell en el que se puede leer: “Adoptaremos las medidas necesarias para asegurar el marco jurídico que garantice la continuación y la estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos”.
Con esta declaración se puede ver que ambas partes intentan abordar el tema con cierta tranquilidad, pero sin proponer aún una solución clara. De momento, gozan de tiempo suficiente para pensar el próximo movimiento, ya que en las sentencias el Tribunal General pide que se prorroguen los efectos de los pactos durante un tiempo prudente, no superior a dos meses, o al pronunciamiento del TJUE en caso de recurso. Esto se hace con la intención de evitar problemas en la acción exterior de la UE.
