En el año 2016, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exhibió frente a la casa consistorial una bandera tricolor, no oficial, que es utilizada por un movimiento independentista del archipiélago canario.

El Tribunal Supremo dictaminó que en los espacios y edificios públicos de España no podrían emplearse banderas que no gozasen de oficialidad. Esta decisión implica también al uso ocasional o al acompañado de la bandera de España, por lo que, tal y como menciona en el recurso de casación, se crea doctrina para reglar su uso.

Bandera tricolor canaria (No oficial)

EL ORGULLO EN EL PUNTO DE MIRA

Uno de los movimientos más afectados por esta decisión sería, a priori, el del Orgullo. Tras esta sentencia muchos ayuntamientos han decidido acatarla, como es el caso de Madrid, que ha anunciado que no colocará las banderas en ningún edificio público.

Otros ayuntamientos han optado por «esquivar» la sentencia y defender su colocación.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ENTRA EN JUEGO

En cuanto la sentencia se hace pública, la asociación Arcópoli decide enviar una consulta al Defensor de Pueblo para cerciorarse sobre si esta doctrina afecta realmente a las banderas de movimientos sociales como el LGTB.

Tal y como indican en su escrito, Francisco Fernández Marugán [Defensor del pueblo] asegura que el Tribunal «no se pronuncia, ni a favor ni en contra sobre el uso de banderas, emblemas o símbolos de movimientos sociales, de colectivos, etcétera, por lo que no tiene ninguna incidencia sobre la bandera arcoíris”.

Siguiendo el criterio del Defensor del pueblo, la sentencia estaría orientada a banderas que promuevan el independentismo o el terrorismo, pero no las vinculadas con movimientos sociales.

Serán ahora las entidades locales las que sigan o no las indicaciones de Francisco Fernández y cuelguen las banderas este 28 de Junio.

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