Por Patricia Malagón
Esta semana acudí a un encuentro informativo llamado Planes de pensiones de empleo: a la espera del necesario impulso del segundo pilar organizado por Caser Seguros al que acudieron Elisa Ricón, directora general de Inverco; Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos; Asier Uribe Echevarría, vocal de WealthTech de AEFI. Tres expertos que conocen a la perfección cuál es la situación de España en cuento al ahorro y la gestión del mismo. Pero, hay algo que me sorprendió notablemente y es el unánime mensaje reclamando más flexibilidad y menos burocracia al Gobierno para poder crear un sistema de gestión del ahorro de cara a la jubilación lo más eficiente posible que sirviera también para reducir la presión sobre el sistema público de pensiones.
No hay que olvidar que el sistema de pensiones público está en su peor momento en cuanto a datos y muestra claros síntomas de insostenibilidad. Por ejemplo, en el año 2011, la hucha de las pensiones superaba los 66.000 millones de euros y la deuda era de algo más de 17.000 millones. Por el contrario, en la actualidad la hucha es de tan solo 2.153 millones y la deuda supera los 98.000 millones de euros. Esto implica que, para poder pagar las pensiones, que cuestan 10.233 millones de euros mensuales, se necesita recurrir a lo recaudado por otros impuestos. Solo con ver estas cifras ya podemos hacernos una idea de la gravedad de la situación. Pero, si además le añadimos que el grueso de la población española tiene entre 40 y 64 años, se vuelve todavía más crítico el estado. La edad media en España es de 41,8 años y ya hay meses en los que hay más defunciones que nacimientos, una muestra de envejecimiento.
¿Qué hay que hacer?
Decía la vicepresidenta de ATA en el evento mencionado que el actual sistema de gestión del ahorro está diseñado para vidas laborales estables, en las que un trabajador permanezca en un puesto durante 25 años. Sin embargo, esto no coincide con la realidad española, donde cada vez se cambia más de empleo. Por tanto, es evidente que se necesita un sistema mucho más flexible. Si a esto se le suma el hecho de que para que realmente el sistema privado lograse quitar peso al público y hacerlo más sostenible, tendría que multiplicar su tamaño por entre 5 y 10 veces, queda claro la necesidad de una reforma.
Los planes de pensiones en España apenas han crecido en porcentaje de ahorro destinado por los españoles en los últimos años, se mantienen en el entorno del 5%. El motivo se debe a factores como la inflexibilidad del sistema, no se puede rescatar hasta que no pase, al menos más de 10 años, y lo que desgravas en IRPF, después lo pagas al rescatarlo. Por tanto, estamos ante un sistema muy cerrado.
Con todo esto sobre la mesa: un sistema de gestión del ahorro anquilosado y un sistema público de pensiones insostenible queda claro la necesidad de una reforma grande. No solamente es necesaria una reforma por el lado de las pensiones, sino también por la de la gestión del ahorro. Es decir, hacer que sea mucho más sencillo y flexible el realizar aportaciones a planes de pensiones. Estos, a su vez, también deberían de mejorar los productos que ofrecen haciéndolos más rentables. Pero, si la demanda aumenta, la oferta también lo hará y mejorará.
Como último factor, cabe añadir la inflación. A pesar de que este año se está hablando mucho de ella, la inflación siempre está presente y nos va quitando poder adquisitivo silenciosamente todos los años. Por ello, invertir nuestro ahorro se vuelve todavía más fundamental para el día de mañana tener una mejor situación económica al jubilarnos. Las soluciones, claro está, no son sencillas. Pasan por reformar las pensiones, las condiciones de los planes de pensiones y, también, aumentar la educación financiera para que los contribuyentes y futuros pensionistas sepan el estado actualizado de su pensión en cada momento y qué alternativas tiene para mejorar su situación económica en el largo plazo cuando entre en edad de retiro laboral.
