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Un año después del alto el fuego firmado en Egipto entre las fuerzas israelíes y el grupo que controla Gaza, la vida cotidiana en la Franja sigue marcada por la destrucción y la escasez. Los informes de organizaciones humanitarias alertan de que el cese de hostilidades existe principalmente sobre el papel y que las consecuencias para la población son crecientes y concretas.
ONGs como Oxfam y otras agrupaciones humanitarias advierten que, pese al acuerdo, los combates puntuales, las restricciones a la ayuda y el control militar continúan afectando la capacidad de recuperación de la población. Desde entonces, más de 1.400 personas han muerto en Gaza y se multiplican las voces que piden un acceso humanitario real y protegido.
- Víctimas fallecidas: más de 1.400 desde la tregua.
- Niños muertos: al menos 324 menores, según organizaciones humanitarias.
- Personas atrapadas bajo escombros: alrededor de 10.000, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
- Área bajo control militar: la presencia de las FDI habría pasado del 53% al 63%, según OCHA.
- Infraestructura: 82% de las estructuras dañadas; más de dos tercios destruidas en total.
- Salud: ninguno de los 36 hospitales opera a plena capacidad; escasez de combustible y medicamentos.
- Seguridad alimentaria: 1,4 millones enfrentan niveles críticos de hambre.
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Organizaciones como Save the Children describen una realidad en la que, pese al alto el fuego declarado, diariamente siguen registrándose muertes y mutilaciones entre la población civil —con especial impacto en la infancia— y donde la posibilidad de rehacer hogares está bloqueada por la falta de materiales y permisos.
Las labores de recuperación están además condicionadas por la magnitud de los escombros: informes citan decenas de millones de toneladas de restos de edificios, y la retirada de esos materiales ha suscitado preocupaciones sobre la conservación de pruebas relativas a posibles crímenes internacionales.
Informe de la ONU y las voces locales
En septiembre, una comisión de investigación independiente de la Naciones Unidas concluyó que las acciones en Gaza podrían constituir crímenes a gran escala y señaló a dirigentes políticos por incitación. Esa apreciación ha intensificado las demandas internacionales de rendición de cuentas y mayor protección para la población civil.
Al mismo tiempo, representantes de la sociedad civil palestina aseguran que las ONG locales trabajan bajo condiciones extremas: oficinas destruidas, personal desplazado y presupuestos reducidos, lo que limita la respuesta humanitaria justo cuando la necesidad es «inmensa».
La «línea amarilla» y la reducción del espacio
Uno de los puntos centrales del acuerdo inicial era la retirada de fuerzas hasta una franja acordada, la llamada línea amarilla. Sin embargo, datos de agencias humanitarias indican que el área controlada por las fuerzas israelíes se ha expandido, empujando a la población hacia zonas cada vez más saturadas y con menor acceso a servicios básicos.
La sensación de confinamiento crece en barrios que ven cómo disminuye su capacidad para sostener desplazados y cómo se estrechan las rutas de asistencia.
Tiendas, frío y hogares fragmentados
La destrucción extendida ha dejado a miles viviendo en tiendas de campaña o en viviendas dañadas, frente a un invierno más que puede agravar enfermedades y pérdidas. Las agencias locales y multilaterales señalan que gran parte de la población se expone a condiciones climáticas adversas sin alternativas seguras.
Además, la dinámica del conflicto ha cambiado la estructura familiar: una de cada cuatro viviendas estaría dirigida por mujeres, el doble que antes del estallido de las hostilidades, lo que incrementa las cargas de cuidado y las vulnerabilidades económicas.
Servicios esenciales al límite
La red sanitaria está al borde del colapso. De los 36 hospitales de la Franja, ninguno funciona plenamente; la falta de combustible impide mantener generadores, ambulancias y equipos clínicos en funcionamiento. Organizaciones alertan que esta falla logística ya ha provocado muertes evitables, incluidas complicaciones vinculadas al embarazo.
Oxfam y OCHA señalan que más de 18.500 pacientes requieren evaluación médica pendiente y que, mientras aguardaban atención, al menos 1.000 personas habrían fallecido. La inseguridad hídrica —que afecta a nueve de cada diez hogares— alimenta brotes de enfermedades prevenibles y agrava la emergencia alimentaria.
Qué está en juego
La situación en Gaza refleja que un pacto de alto el fuego, sin garantías de acceso humanitario, retirada efectiva de fuerzas y medidas de protección para civiles, ofrece una frágil calma que no frena las pérdidas humanas ni la desintegración de servicios básicos. A corto plazo, las prioridades son el aumento inmediato y seguro de la ayuda, la reparación de infraestructuras críticas y mecanismos creíbles para documentar y prevenir abusos.
En los próximos meses, la comunidad internacional y las organizaciones locales serán observadas por su capacidad para traducir acuerdos políticos en alivio tangible: suministro de combustible y medicamentos, permisos para reconstrucción y estrategias que permitan a las familias rehacer sus vidas sin riesgo diario.
