La discusión sobre los decretos de vivienda y la disolución de las Cortes vuelve a colocar sobre la mesa una duda esencial: ¿puede el Gobierno en funciones legislar por la vía de la Diputación Permanente sin que ello suponga un atropello institucional? En una columna reciente, Francisco Marhuenda advierte que esa vía estaría al alcance del Ejecutivo y que su utilización tendría implicaciones jurídicas y políticas inmediatas.
Marhuenda recuerda que los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno ya fueron rechazados por el Congreso, y plantea que con las Cortes disueltas el Ejecutivo podría intentar aprobar un nuevo real decreto ley ante la Diputación Permanente. Para el columnista, ese paso justificaría una discusión sobre la legalidad y la legitimidad del procedimiento.
El argumento central que despliega es doble: primero, insiste en que la Cámara ya se pronunció en contra de las iniciativas sobre vivienda; segundo, cuestiona la existencia de una urgencia real que ampare la utilización de un mecanismo extraordinario previsto por la Constitución. En su reflexión, ambas circunstancias minan la justificación parlamentaria de un real decreto ley en esta fase.
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- Congreso rechazó los decretos: para Marhuenda, renovar el intento ante la Diputación supondría ignorar el veredicto previo del pleno.
- Falta de urgencia: el columnista considera que no se dan las condiciones excepcionales que la Constitución exige para legislar por esa vía.
Más allá de la crítica puntual al procedimiento, el artículo plantea consecuencias políticas: según Marhuenda, tal maniobra tendría un claro objetivo electoral, al ofrecer al Ejecutivo un motivo para movilizar el discurso público tras años sin avances en la materia. También predice que el resultado electoral sería adverso para el presidente, aunque añade que éste podría conservar posiciones orgánicas dentro del partido.
En materia de respuesta institucional, el autor propone varias modificaciones legales para frenar prácticas que considera lesivas para las instituciones. Entre las medidas que sugiere aparecen la apertura de vías penales para determinados delitos relacionados con la gestión pública, la implantación de sanciones de inhabilitación con efecto disuasorio y la creación de mecanismos de supervisión independiente —no supeditados a nombramientos partidistas— para controlar la acción administrativa.
Estas propuestas, escritas desde una postura crítica, ponen sobre la mesa dilemas de fondo: ¿cómo equilibrar la capacidad de un Ejecutivo en funciones para actuar frente al principio de que los asuntos relevantes deben debatirse y decidirse en un Parlamento en pleno funcionamiento? ¿Qué reformas serían proporcionales y constitucionales para evitar abusos sin paralizar la acción de gobierno?
En términos prácticos, las implicaciones para los ciudadanos son claras: una utilización amplia de mecanismos extraordinarios puede alterar la certidumbre jurídica y aumentar la litigiosidad; a la vez, la polarización en torno a decisiones así adoptadas probablemente influirá en la campaña electoral próxima.
- Posible recurso judicial contra decretos aprobados por la Diputación Permanente.
- Mayor desgaste institucional y político por controversias sobre procedimiento.
- Debate público sobre reformas legales para limitar o clarificar el uso de decretos en funciones.
Marhuenda concluye que, a su juicio, la maniobra sería una estrategia destinada al corto plazo y con escasa viabilidad política. Sea cual sea el resultado electoral, su columna reclama cambios legales para reforzar controles y evitar que decisiones de calado se adopten al margen del Parlamento.
Francisco Marhuenda. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y de otras instituciones científicas; catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones.
