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Mañana se celebran elecciones en Andalucía y, mientras las encuestas señalan una victoria amplia del PP de Juanma Moreno, hoy transcurre el habitual día de reflexión, una pausa legal en la campaña que despierta más dudas que certezas sobre su utilidad real. Ese lapso, diseñado para evitar presiones finales, también ofrece una oportunidad para mirar a problemas menos mediáticos pero de mayor calado, como la calidad de nuestra educación superior.
Un respiro formal, un efecto práctico limitado
La ley prohíbe pedir el voto en estas 24 horas previas, pero en la práctica la norma funciona más como una tregua que como un freno efectivo a la propaganda: actos familiares o publicaciones personales de candidatos suelen sustituir a mítines y mantienen el pulso mediático. Para los votantes, la diferencia entre silencio y estrategia de imagen puede resultar mínima; para los partidos, sirve de pausa táctica.
Según las últimas proyecciones públicas, el escenario más probable es una clara victoria del PP. Queda por dilucidar si alcanzará la mayoría absoluta; esa incógnita decide no solo el futuro gobierno regional, sino la capacidad de gobernar sin pactos a partir del lunes.
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Más allá del voto: la universidad como asunto postergado
Si hay algo sobre lo que merece la pena reflexionar en este día, es la educación superior. La idea de que la instrucción no es la panacea pero sí la mejor herramienta disponible sigue vigente: invertir en formación tiene efectos que trascienden una legislatura.
En este contexto ocupa relevancia el borrador del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario impulsado por el Ministerio dirigido por Diana Morant. Entre sus medidas, el texto plantea mayor protagonismo del alumnado en aspectos académicos y reconoce derechos como la convocatoria de paros estudiantiles. Estas propuestas, enunciadas en el proyecto, abren un debate sobre la gobernanza de las universidades y sus consecuencias para la calidad docente.
Varias preocupaciones que docentes y expertos vienen apuntando aparecen de nuevo en la discusión pública:
- Autonomía docente: cambios en la relación entre profesorado y alumnado podrían alterar la configuración de contenidos y métodos.
- Calidad y evaluación: el fenómeno del aprobado general y las reclamaciones que terminan en comisiones generan tensiones sobre los criterios de calificación.
- Endogamia institucional: la renovación del cuerpo académico sigue siendo un reto en muchas facultades.
- Responsabilidades y conflictos: la revisión de suspensos puede derivar en disputas internas que algunas universidades prefieren evitar.
Todo ello tiene efectos prácticos: titulación con distinto nivel de preparación, iniciativas docentes que no siempre se supervisan con consistencia y graduados con competencias variables según centro y carrera. No es una cuestión de negar los casos de excelencia; los hay. Pero la coexistencia de buenas prácticas con estándares fluctuantes obliga a preguntarse qué modelo de universidad queremos financiar y regular.
Consecuencias para la sociedad y el mercado laboral
La salud del sistema universitario no solo incumbe a estudiantes y profesores: repercute en la economía, la investigación y la confianza pública en el título universitario como garantía de competencia profesional. Empresas y administraciones prefieren previsibilidad en los perfiles formativos; una universidad percibida como fábrica de títulos sin control riguroso reduce esa previsibilidad.
En la práctica, estos problemas suelen agravarse cuando la atención pública se concentra exclusivamente en campañas electorales y olvidamos que decisiones regulatorias pueden tardar años en mostrar sus efectos.
- Para estudiantes: más participación en la gestión académica puede empoderar, pero también exige mayor responsabilidad.
- Para el profesorado: cambios normativos pueden alterar la libertad académica y las formas de evaluación.
- Para la sociedad: la calidad de la formación universitaria condiciona la capacidad de respuesta ante retos estratégicos como la innovación y la salud pública.
Hoy, en pleno día de reflexión, conviene usar el tiempo no solo para llamar a la abstención o a la calma, sino para valorar qué tipo de educación queremos para las próximas generaciones. Porque, al fin y al cabo, la instrucción configura el terreno sobre el que se juegan las próximas decisiones colectivas.
