La alianza transatlántica enfrenta hoy una fractura práctica que ya no puede resumirse solo como debate sobre la llamada «autonomía estratégica» europea. Si las diferencias persisten, conviene prepararse para un proceso ordenado de separación que reduzca riesgos y costes: eso es lo que está en juego para la seguridad y las finanzas de los ciudadanos.
Durante décadas la OTAN funcionó como un paraguas político-militar que sostuvo el orden liberal en Europa frente a amenazas claras. Pero las prioridades de Estados Unidos y de muchos países europeos han ido discurriendo por caminos distintos: eso se ha vuelto evidente no solo por episodios recientes de política exterior, sino por tendencias electorales y por la forma en que se priorizan intereses estratégicos y económicos.
Más allá del ruido político, el dato práctico es sencillo: la mayor parte del poder militar asociado a la OTAN pertenece a los Estados miembros, no a la alianza en sí. Los ejércitos, barcos y aeronaves son propiedad y responsabilidad de cada país —compra, mantenimiento y reemplazo incluidos—, mientras que la estructura integrada solo administra recursos compartidos limitados. Ese aspecto técnico facilita una posible separación: no hay, por norma, fuerzas «comunes» que deban repartirse.
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No obstante, la división puede complicarse en el terreno de las infraestructuras y de las capacidades estacionarias que se levantaron en suelo europeo cuando el principal adversario era la Unión Soviética. Bases, sistemas logísticos y despliegues sostenidos suponen inversiones a largo plazo que beneficiaron ambas orillas del Atlántico. Por eso, cualquier transición exige acuerdos concretos para evitar tensiones diplomáticas y costes inesperados.
Planear ese proceso con sentido práctico implica aceptar varios hechos y negociar compensaciones razonables, sin confundirlo con la reedición de un tratado fundador. Se trata de encontrar fórmulas que reduzcan la probabilidad de choques futuros entre socios que hasta ahora compartieron responsabilidades estratégicas.
- Seguridad: Europa tendría que asumir responsabilidades adicionales en disuasión y defensa colectiva en su propio territorio.
- Gasto y equipamiento: aumentos presupuestarios y programas de soberanía industrial para sostener capacidades antes apoyadas por EE. UU.
- Infraestructura: acuerdos sobre el uso y la financiación de bases y sistemas logísticos instalados en Europa.
- Cooperación tecnológica: negociación sobre acceso a sistemas de inteligencia, vigilancia y plataformas conjuntas.
- Riesgo diplomático: necesidad de mecanismos que eviten escaladas por malentendidos o intereses contrapuestos.
Una separación responsable exige transparencia: ¿qué activos quedan bajo control europeo?, ¿qué compromisos de uso y mantenimiento habrá?, ¿qué compensaciones económicas o acuerdos de acceso se ofrecen para cubrir inversiones previas? Responder a esas preguntas con anticipación evitará fricciones que pueden derivar en costes políticos y materiales elevados.
También hay un elemento simbólico que conviene gestionar. La memoria común —las décadas en que la colaboración transatlántica proporcionó estabilidad— no desaparece automáticamente. Mantener canales de cooperación para crisis, coordinación antiterrorista y gestión de crisis humanitarias puede amortiguar el impacto de la divergencia estratégica.
Desde un punto de vista práctico, estas serían opciones a contemplar en las negociaciones:
- Transferencia de instalaciones clave a estructuras europeas con pagos escalonados o compensaciones mediante acuerdos industriales.
- Mecanismos de acceso temporal para contingencias que garanticen apoyo logístico sin responsabilidades permanentes.
- Programas conjuntos de reciclaje y compra de equipos para que los países con menor capacidad puedan adaptarse al nuevo esquema.
- Foros diplomáticos específicos para resolver disputas bilaterales y multilaterales surgidas del proceso de separación.
Esta hoja de ruta no es una defensa del aislamiento ni una invitación a la ruptura sin condiciones. Es, más bien, un llamado a gestionar la transición con criterio: planificar un “divorcio” estratégico no significa renegar del pasado, sino evitar que las divergencias deriven en enfrentamientos o en costos inesperados para la población.
El tiempo para actuar es ahora: la opción de posponer decisiones fundamentales hasta una crisis obliga a pagar un precio mayor. Convertir la divergencia en un proceso negociado protegerá la seguridad europea, reducirá incertidumbres presupuestarias y preservará canales útiles de cooperación en un mundo cada vez más imprevisible.
Ángel Tafalla. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y almirante (r.).
