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Hace dos años el Senado dio el primer paso para reconocer como profesión de riesgo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, pero la iniciativa quedó bloqueada en la Cámara baja. La demora y las decisiones parlamentarias recientes vuelven urgente la pregunta: ¿por qué sigue sin cerrarse un debate que afecta a quienes exponen su vida para preservar la seguridad pública?
La proposición de ley, promovida por el Partido Popular, superó la votación en el Senado y llegó al Congreso para tramitarse en la Cámara baja. Desde entonces, la Mesa del Congreso —controlada por PSOE y Sumar— ha ampliado en numerosas ocasiones el plazo para presentar enmiendas: un total de 71 prórrogas que han evitado que la ley llegue a votación.
Qué está en juego
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Reconocer una profesión como de riesgo tiene efectos prácticos en derechos laborales y condiciones de jubilación, y supone además un reconocimiento simbólico del peligro inherente al trabajo. Para muchos empleados de seguridad del Estado, esa distinción ya está consolidada en otros cuerpos —por ejemplo, en policías autonómicos o bomberos— pero no en la plantilla de fuerzas con ámbito nacional.
- Cuerpos actualmente reconocidos: policías autonómicos, bomberos, agentes municipales, personal ferroviario de conducción, tripulaciones de vuelo y otros colectivos.
- Cuerpos pendientes: Policía Nacional, Guardia Civil y, según reclaman asociaciones, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y otros equipos implicados en operaciones contra el crimen organizado.
El retraso parlamentario adquiere mayor gravedad si se considera la frecuencia y la intensidad de los riesgos enfrentados: operaciones contra narcotráfico, lucha contra el terrorismo y patrullas en entornos hostiles son parte del día a día de esos profesionales. Recientemente, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera sufrieron un incidente en aguas de Almería cuando una embarcación ligada a una red de narcotráfico los abordó; lograron sobrevivir, pero el episodio devuelve la discusión a la actualidad.
Política y procedimiento
Según fuentes parlamentarias, la estrategia de aplazar la tramitación responde a una combinación de cálculo político y priorizaciones presupuestarias. El argumento oficial pasa por la necesidad de estudiar con detalle las implicaciones económicas; la oposición sostiene que, de haberse sometido a votación, la proposición habría obtenido mayoría suficiente para aprobarse.
En el calendario político inmediato, las promesas de mejoras en la condición laboral de los cuerpos de seguridad realizadas durante campañas regionales generan escepticismo: cuando esas ofertas se repiten sin avanzar en el trámite legislativo, la ciudadanía tiende a considerar las medidas como anuncios de alcance limitado.
La percepción pública importa: la sensación de trato desigual entre diferentes fuerzas de seguridad —municipales y autonómicas por un lado, nacionales por otro— alimenta tensiones y pone en cuestión la equidad del sistema. Esa cuestión no es solo simbólica; tiene consecuencias prácticas en incentivos, reclutamiento y reconocimiento social.
Qué podría cambiar
No hay soluciones mágicas, pero sí pasos concretos que las administraciones pueden dar sin demora:
- Retomar la tramitación y fijar un calendario claro para la votación en el Congreso.
- Realizar un informe técnico y financiero transparente que detalle el impacto de la declaración de riesgo.
- Ampliar el análisis a otros cuerpos expuestos, como el Servicio de Vigilancia Aduanera, y homogeneizar criterios entre administraciones.
Si la intención es reforzar el Estado de derecho y la seguridad de la ciudadanía, conviene dejar a un lado dilaciones y priorizar medidas que refuercen la protección de quienes asumen riesgos en la calle.
La política tiene plazos y ritmos, pero la seguridad no puede esperar indefinidamente. Reconocer ese hecho y actuar de forma decidida sería, además de una cuestión técnica, una señal clara de apoyo a los hombres y mujeres que mantienen el país en condiciones de convivencia y normalidad.
