Las protestas por los desahucios han vuelto a poner en primer plano la crisis de la vivienda en España y han generado presión política y social sobre un problema que los datos cuantifican con contundencia. Entre 2021 y 2025 los juzgados practicaron decenas de miles de lanzamientos que mantienen la tensión en barrios y mercados locales.
Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en ese quinquenio se registraron 43.374 lanzamientos ejecutados por los tribunales: 34.129 vinculados al impago del alquiler y 9.245 derivados de ejecuciones hipotecarias. Esos números sitúan de nuevo la vivienda como un problema con efectos inmediatos sobre familias y movilidad social.
El desequilibrio entre oferta y demanda aparece como la causa estructural más repetida por economistas y agentes del sector. A un poder adquisitivo estancado se suma una oferta de vivienda que no ha crecido al ritmo de la población ni de las necesidades del mercado.
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Datos clave en cifras
- 26,6 millones de viviendas en España en total.
- 3,8 millones de viviendas vacías y 2,5 millones dedicadas a segunda residencia o uso vacacional.
- 19,3 millones habitadas de forma continuada; de ellas, 15.438.423 son ocupadas por sus propietarios y 3.889.522 por inquilinos.
- En alquiler residen alrededor de 9 millones de personas, el 18,4% de la población (49,8 millones).
- Construcción de vivienda (comparativa): 2.964.940 entre 2003–2007 frente a 466.469 en 2021–2025.
- Vivienda protegida construida: 286.866 (2003–2007) frente a 54.569 (2021–2025).
- El Banco de España estima un déficit acumulado de 749.844 viviendas en el periodo 2021–2025.
Ese déficit tiene efectos visibles: mercados locales tensionados, subidas de precio y pérdida de acceso a la vivienda para hogares con ingresos medios y bajos. El problema se interpreta no solo como falta de casas, sino como una combinación de obstáculos en la oferta: escasez de suelo disponible, trámites urbanísticos largos, costes fiscales y dificultades para organizar proyectos de obra.
En la última década España recibió cerca de 3,8 millones de personas migrantes, un factor que ha influido en la demanda de empleo y vivienda. Al mismo tiempo, el mercado laboral presenta tensiones: datos de paro y prestaciones indican una rigidez en la adecuación entre oferta y demanda de trabajo, mientras el sector de la construcción reclama mano de obra cualificada para poder acelerar la entrega de viviendas nuevas.
El parque de viviendas también ofrece margen de maniobra: con mejores garantías legales y medidas que faciliten la reconversión de inmuebles o la puesta en alquiler, una parte de las más de 3,8 millones de viviendas vacías podría incorporarse al mercado y aliviar la presión sobre los precios. Esa opción plantea un debate técnico y político sobre incentivos, fiscalidad y derechos tanto de arrendadores como de inquilinos.
La comparación histórica hace patente la magnitud del cambio: el ritmo de edificación en el periodo 2021–2025 fue, según estadísticas oficiales, varias veces inferior al de la etapa de bonanza de comienzos de siglo, provocando un déficit acumulado que condiciona hoy el coste de la vivienda y la capacidad de las familias para emanciparse.
En concreto, la caída en la construcción se refleja también en la vivienda protegida, donde la brecha entre periodos es notable y agrava el problema de acceso para los hogares con menos recursos.
El desafío inmediato para las administraciones es cómo articular medidas que aumenten la oferta habitacional sin generar efectos indeseados en el mercado: simplificar licencias, movilizar vivienda vacía con garantías legales, incentivar la rehabilitación y coordinar políticas de suelo y fiscalidad son algunas de las propuestas que aparecen en el debate público.
Para los ciudadanos, la pregunta es clara: ¿cómo afectan estas dinámicas al bolsillo y a la estabilidad familiar? A corto plazo, el resultado se traduce en precios más altos, mayor competencia por alquileres y un volumen de desahucios que alimenta la movilización social. A medio plazo, la solución dependerá de decisiones sobre construcción, incentivos y regulación que equilibren oferta y demanda.
