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Los datos de PISA 2025 obligan a la política educativa a dejar de lado las declaraciones y actuar con urgencia: el retroceso en competencias básicas coloca a millones de alumnos en desventaja y exige un acuerdo estable y duradero. Recuperar y actualizar propuestas consensuadas es la vía más rápida para recuperar el ritmo de aprendizaje, no reabrir debates desde cero.
Hace ocho años, un proceso de amplio alcance avanzó hacia un pacto que ofrecía una hoja de ruta. Fue el resultado de encuentros entre parlamento, comunidades autónomas, expertos y órganos consultivos, y abordaba temas clave que siguen pendientes hoy.
Lo que ya se trabajó
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Aquel esfuerzo se articuló por vías distintas: una subcomisión parlamentaria que reunió a grupos políticos y especialistas; aportaciones desde el Senado y los responsables autonómicos; mesas técnicas entre el Ministerio y las comunidades; y el análisis del órgano consultivo del sistema educativo. Fue, en esencia, un trabajo coral que tardó meses en consolidarse.
Sin embargo, el proceso se interrumpió el 6 de marzo de 2018 cuando el PSOE decidió retirarse de la subcomisión. Desde entonces, lo que estaba avanzado quedó paralizado y parte del consenso construido no se llegó a materializar.
Los datos que marcan la urgencia
Los resultados de PISA 2025 no son un accidente puntual. Entre 2015 y 2025 España registra una caída pronunciada en las tres áreas evaluadas: alrededor de 45 puntos en lectura, 29 en matemáticas y 16 en ciencias. Esa tendencia plantea riesgos reales para la empleabilidad futura, la igualdad de oportunidades y la capacidad de nuestro sistema para formar ciudadanos preparados.
Además, la experiencia reciente muestra que una ley educativa por sí sola no garantiza la mejora: la LOMLOE, aprobada y desarrollada por los diferentes equipos del Ministerio en los últimos años, no ha logrado revertir la pérdida de aprendizajes. Esa constatación obliga a revisar decisiones y políticas en vez de repetirlas sin evaluación.
Qué debería contener un nuevo acuerdo
No es necesario reinventar la rueda: hay propuestas concretas y consensuables que merecen prioridad. Entre ellas destacan medidas para reforzar competencias básicas, profesionalizar la docencia y dar estabilidad normativa al sistema.
- Prioridad a las competencias básicas: lectura, matemáticas y ciencias como ejes no negociables del currículo.
- Fortalecimiento del profesorado: más formación continua, mayor autonomía pedagógica y menos cargas administrativas.
- Evaluación rigurosa: sistemas de diagnóstico que orienten políticas y prácticas docentes sin estigmatizar centros o alumnos.
- Impulso de la Formación Profesional: modernizarla y vincularla mejor con el mercado laboral.
- Financiación y gobernanza estables: compromisos de recursos plurianuales y coordinación real entre administraciones.
- Digitalización responsable: integrar la tecnología y la inteligencia artificial con criterios pedagógicos y de seguridad digital.
- Equidad: medidas específicas para reducir brechas socioeconómicas y territoriales.
Estas áreas pueden y deben actualizarse para incorporar retos contemporáneos —como el impacto de las pantallas y la IA—, pero no precisan comenzar desde cero ni perder el trabajo previo.
Un pacto auténtico exige, además, disposición al acuerdo real: escuchar, negociar y ceder donde corresponda. Pactar no es ganar por mayoría, sino construir soluciones que perduren más allá de un ciclo político.
Qué pedir hoy a los partidos
Si un partido propone ahora retomar un marco de consenso, la prueba de su seriedad no es la retórica sino la disposición a recuperar lo avanzado y a incorporar actualizaciones justificadas por la evidencia. Negarse a ello o exigir rehacerlo todo sería adoptar una postura que dilataría respuestas urgentes.
El objetivo debe ser claro y práctico: convertir en medidas aplicables lo que ya se consensuó en gran parte, actualizarlo con datos y nuevas prioridades, y fijar compromisos de largo plazo que eviten cambios drásticos cada vez que varíe la mayoría parlamentaria.
Los costes de la inacción son tangibles: generaciones escolares con aprendizajes menores, familias con menos herramientas para apoyar a sus hijos y un país con menos capacidad para competir en sectores que requieren formación sólida. Por eso no hay tiempo que perder.
Es momento de retomar lo trabajado, corregir lo que la evidencia señale y completar un acuerdo que dé estabilidad y mejore la calidad educativa. No hace falta volver a inventar el proyecto: hace falta voluntad política para culminarlo y responsabilidad para convertirlo en realidad.
Marcial Marín Hellín, exsecretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (2015–2018).
