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La Fiscalía ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés tras cerrar la instrucción del caso remitida al juez Juan Carlos Peinado. El siguiente paso lo tiene la Audiencia Provincial de Madrid, que debe decidir si admite los recursos y si procede abrir juicio con jurado por las acusaciones que pesan sobre ellos.
Por qué importa ahora
La resolución fiscal llega en un momento procesal clave: si la Audiencia acepta la apertura de juicio, el asunto pasará a un tribunal popular y el escrutinio público se intensificará por la condición de cónyuge del presidente del Gobierno de una de las investigadas. La decisión puede afectar la agenda política y la percepción pública sobre la gestión de actividades vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.
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Lo que dice la Fiscalía
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público repasa la trayectoria profesional de los tres investigados y sostiene que no hay indicios suficientes de delito. Según la Fiscalía, las actividades desarrolladas por Gómez en la universidad respondieron a marcos normativos vigentes y, en particular, la cátedra de Transformación Social Competitiva fue una labor no retribuida.
También subraya que, en relación con el software denominado Transforma TSC, no existe constancia de explotación comercial por parte de los acusados y que la titularidad fue reconocida a la UCM. La creación de una sociedad limitada vinculada al proyecto en noviembre de 2023 —con Gómez como administradora— no habría derivado en un aprovechamiento económico efectivo, según el fiscal.
Aspectos clave y cronología
- 2012: Inicio de la relación de Begoña Gómez con la UCM como docente en programas de fundraising y actividades vinculadas al sector privado.
- 2020–2022: Docencia en el Máster de Transformación Social Competitiva y codirección de la cátedra hasta 2024; la Fiscalía indica que esa dirección no fue remunerada.
- 21 sep 2022: Alta inicial de dominios relacionados con Transforma TSC; gestión transferida a Gómez en julio de 2023, quien pagó las renovaciones.
- 21 nov 2023: Constitución de la sociedad limitada ligada a Transforma TSC, con Gómez como socia única.
Qué se imputa y a quién
Las acusaciones dirigidas desde particulares abarcan delitos como malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El Ministerio Fiscal aclara que los indicios no acreditan la comisión de esos delitos por parte de las personas investigadas y, por tanto, propone su absolución. Entre tanto, entidades acusadoras piden penas de prisión significativas: 24 años para la esposa del presidente, 22 para la asesora y seis para el empresario.
Situación de cada investigado
Begoña Gómez aparece en el expediente como docente y codirectora de iniciativas académicas desde 2012. La Fiscalía insiste en que su participación en la cátedra se ajustó a la normativa y que no percibió retribución por dirigir la misma.
Cristina Álvarez es señalada por el fiscal como funcionaria eventual cuyo salario responde al puesto denominado «director de programas», cargo ligado a la asistencia al cónyuge del presidente y existente en distintos ejecutivos desde la transición, aunque sin regulación específica. Entre sus tareas figuran la gestión de agenda y la organización de actos.
Juan Carlos Barrabés habría colaborado en un módulo docente del máster entre 2020 y 2022 y promovido la participación de profesionales de su grupo, pero, según el Ministerio Público, no financió ni patrocinó la cátedra de la UCM ni explotó comercialmente el software vinculado.
Documentación y titularidad del proyecto digital
La instrucción detalla los trámites ante los responsables de patentes de la UCM para registrar el programa informático y los dominios asociados. Aunque los creadores pusieron la herramienta a disposición de la universidad, el registro público a nombre de la UCM no llegó a formalizarse. La Fiscalía resalta, no obstante, que en todo momento se reconoció la titularidad universitaria y que la intención declarada era de uso gratuito.
Este punto es central para el Ministerio Público: la ausencia de prueba de un aprovechamiento económico tangible es el argumento que sustenta su petición de absolución.
Qué puede pasar ahora
La Audiencia Provincial de Madrid valorará los recursos presentados y decidirá si la causa continúa en fase de juicio con jurado. Si acepta la apertura del juicio, el procedimiento dará paso a la fase oral; si confirma la petición fiscal, los acusados serían absueltos sin juicio.
Independientemente del resultado inmediato, la instrucción y su resolución mantendrán el interés público por las relaciones entre iniciativas académicas, administraciones y empresas privadas, y por cómo se regulan y supervisan esos vínculos.
