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En la reanudación del juicio por el denominado caso Púnica, Francisco Granados ha rechazado ante la Audiencia Nacional las acusaciones que le atribuyen la manipulación de contratos municipales y autonómicos a cambio de réditos personales. El debate judicial vuelve a poner sobre la mesa el uso de fondos públicos y la responsabilidad política en adjudicaciones de eventos culturales.
Qué se juzga y por qué importa ahora
El proceso reúne a trece acusados, entre ellos varios exalcaldes del PP de la Comunidad de Madrid, y mantiene en el punto de mira contratos con la empresa Waiter Music para fiestas locales y espectáculos.
Granados niega haber manipulado adjudicaciones: declara ante el juez del caso Púnica
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La Fiscalía reclama seis años de prisión para Granados y sostiene que, aprovechando su peso en el partido y en el Ejecutivo regional, intervino para que el Gobierno financie parte del concierto Night of the Proms en 2007. Para los ciudadanos la cuestión es directa: se investiga si dinero público se destinó irregularmente a promover actos privados o del partido.
La versión de Granados
El exconsejero, que fue número dos en la administración presidida por Esperanza Aguirre, ha negado cualquier instrucción para favorecer a empresas concretas en contratos municipales o autonómicos. Asegura que no ordenó que ayuntamientos sufragaran actos del partido ni que abonaran gastos privados a través de contratos públicos.
Sobre el concierto celebrado el 31 de marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes —que contó con artistas como Mike Oldfield— Granados afirma no haber intervenido en la firma del contrato por 225.000 euros que vinculó a la Consejería de Cultura con Waiter Music. También negó que se le pidiera auxilio por la caída en ventas de entradas o que diera instrucciones para que la Fundación Arpegio transfiriera fondos a la promotora.
Respecto a la creación de la Fundación Arpegio, el exdirigente ha sostenido que fue una decisión del Consejo de Gobierno impulsada por la presidenta regional y que él solo ejecutó esas resoluciones sin capacidad decisoria autónoma.
Negaciones de exalcaldes y alcance de las acusaciones
Entre los encausados figuran los exalcaldes de Valdemoro José Miguel Moreno y José Carlos Boza, quienes también rechazaron en sede judicial haber amañado adjudicaciones para beneficiar a la empresa de José Luis Huerta ni haber cargado al municipio gastos por eventos privados o del partido.
- Acusaciones principales: manipulación de contrataciones de fiestas locales y financiación pública irregular de espectáculos.
- Alegaciones de la Fiscalía: aprovechamiento de influencia política para canalizar subvenciones y convenios a Waiter Music.
- Defensa de los imputados: negación de instrucciones, regalos o compensaciones; atribución de decisiones al Consejo de Gobierno.
Granados también relató que, ya fuera de la actividad política y trabajando en la banca en 2014, facilitó una posible reunión entre Huerta y el productor Enrique Cerezo, pero rechazó que existiera contraprestación económica por ello ni que se hubiese beneficiado personalmente por favores durante su etapa pública.
Implicaciones y próxima fase
El proceso avanza con el interrogatorio de los acusados y la presentación de pruebas por la Fiscalía. Si prosperan las tesis del ministerio público, las consecuencias penales podrían ser relevantes para los encausados y reabrir el debate sobre controles en la contratación pública local y autonómica.
La causa seguirá su curso en la Audiencia Nacional, donde la resolución determinará si las explicaciones de Granados y los demás exalcaldes convencen al tribunal o si, por el contrario, se confirma la existencia de irregularidades que supusieron un uso indebido de fondos públicos.
