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El auditor de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, declaró este miércoles ante la comisión del Senado que investiga la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y admitió haber detectado facturas vinculadas a la sociedad Análisis Relevante, relacionada con el empresario Julio Martínez. Sus afirmaciones adquieren mayor relevancia tras la imputación, anunciada ayer, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra.
Facturas y un asiento contable clave
En la sesión, el senador Salvador de Foronda recordó un auto judicial que atribuye a la sociedad IDEIA, con sede aparente en Dubái, la percepción de una comisión del uno por ciento sobre el rescate de 53 millones de euros. Carbajo reconoció que ese cargo aparecía reflejado en la contabilidad de la aerolínea y que, durante su revisión, localizó «algunas facturas» relacionadas con Análisis Relevante.
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No obstante, el auditor matizó que sus labores se limitaron a auditar y depositar las cuentas anuales; negó conocer el auto judicial y defendió que, según su trabajo, no existían irregularidades formales en los estados financieros.
Situación económica antes del rescate
Carbajo también señaló que Plus Ultra arrastraba problemas de liquidez desde, al menos, dos años antes de la llegada de la pandemia. Explicó que ese patrón es frecuente en compañías aéreas en fase de expansión, que tardan varios años en alcanzar rentabilidad.
Dicho esto, dijo no poder afirmar si la falta de liquidez implicaba incumplimiento de reglamentos europeos que afectarían la elegibilidad para préstamos o ayudas estatales.
Accionariado y cambios societarios
Sobre los propietarios de Plus Ultra, el auditor describió un esquema complejo: un «conglomerado de empresas» cuyas identidades concretas no evocó de memoria, aunque aseguró que constan en sus documentos de trabajo. Reconoció que ha habido numerosos cambios en la titularidad y aceptó que, de acuerdo con la normativa, esas modificaciones pueden tener efectos sobre la amortización de créditos.
Defensa sobre la legalidad y la independencia
Ante preguntas de la senadora Paloma Gómez (Vox), Carbajo defendió la solvencia contable de la aerolínea antes del rescate y rechazó denuncias de «maquillaje» en los libros. Afirmó que los movimientos y contratos revisados estaban documentados y que los préstamos participativos se ajustaban a la normativa técnica aplicable.
Insistió en su independencia profesional: dijo no haber recibido presiones de la compañía ni de terceros para modificar informes y aseguró que, de habérsele solicitado manipular resultados, no habría firmado.
No sabía que su informe serviría para pedir ayudas
El auditor subrayó que desconocía que el informe de 2019 fuera a emplearse como argumento para solicitar ayudas públicas y aseguró que no supo que la empresa pediría un rescate hasta tiempo después de haber presentado las cuentas.
- Registro contable: Carbajo confirmó la presencia en la contabilidad de una comisión del 1% vinculada al rescate.
- Documentación localizada: Detectó facturas de Análisis Relevante durante la auditoría.
- Liquidez: La aerolínea mostraba falta de efectivo antes de la pandemia.
- Accionariado: Existieron múltiples cambios en la titularidad; constan en los papeles de trabajo.
- Independencia profesional: El auditor defiende que actuó conforme a la normativa y sin coacciones.
La comparecencia añade piezas al rompecabezas del rescate de Plus Ultra y plantea preguntas sobre el uso que organismos públicos hicieron de informes privados a la hora de autorizar ayudas. La comisión parlamentaria continuará examinando documentos y declaraciones para aclarar la secuencia de decisiones que condujo al apoyo público a la compañía.
