Los últimos indicadores públicos sitúan a España en una pendiente descendente en materia democrática: encuestas y rankings internacionales de 2023 a 2025 muestran una mayor tolerancia frente a gobiernos autoritarios y un empeoramiento sostenido en percepción de la corrupción y calidad institucional. Estas señales no son solo estadísticas: afectan la confianza ciudadana, la posición exterior del país y el funcionamiento cotidiano del Estado de derecho.
Un sondeo del CIS (estudio 3.497, abril de 2025) aporta datos que llaman la atención por su claridad. El 8,6% de los consultados considera que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario sería preferible; otro 9,9% afirma que para “personas como ellos” el tipo de régimen da igual. Juntos suman casi una quinta parte de la población —un porcentaje que, en términos políticos, no es despreciable.
Al mismo tiempo, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional revela una caída de la puntuación de España desde 65 (sobre 100) en 2012 hasta 55 en 2025. Ese retroceso de diez puntos en poco más de una década se refleja también en el puesto en el ranking mundial: del lugar 30 en 2012 a la posición 51 en la última entrega.
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Estos dos frentes —actitudes sociales que relativizan la democracia y peores resultados en indicadores de integridad— trazan una imagen coherente: un debilitamiento de los contrapesos institucionales y de la confianza pública.
- Polarización política: crece la división entre bloques y se reduce la capacidad de acuerdos amplios.
- Tensiones territoriales: episodios como el conflicto catalán de 2017 siguen dejando saldos políticos prolongados.
- Percepción de politización judicial: decisiones sobre órganos como el CGPJ o el Tribunal Constitucional inciden en la percepción de imparcialidad.
- Escándalos de corrupción: minan la credibilidad de instituciones y líderes, y desplazan la atención pública hacia la desafección.
Una comparación rápida ayuda a dimensionar el cambio:
| Año | Índice de Percepción de la Corrupción (TI) | Posición en el ranking CPI |
|---|---|---|
| 2012 | 65 | 30 |
| 2025 | 55 | 51 |
En el ámbito global, el Índice de Democracia de The Economist (2023) subraya otra tendencia preocupante: solo el 29% de la población mundial vive en países clasificados como democráticos. Ese dato sitúa a las democracias occidentales en una minoría relativa y convierte la defensa de los valores democráticos en un asunto estratégico, no solo ideológico.
España conserva niveles de bienestar y un sistema multipartidista asentado, pero los indicadores recientes muestran pérdidas de calidad en aspectos clave del gobierno y la administración pública. En el ranking de The Economist, por ejemplo, España figura actualmente en el puesto 22; no hace mucho tiempo —al término de la etapa anterior de gobierno— la nación ocupaba el 19º lugar.
¿Por qué importa esto hoy? Porque los retrocesos institucionales no se corrigen de forma inmediata. La degradación de mecanismos anticorrupción y la erosión de la independencia judicial tienen efectos acumulativos: desalientan la participación política, dificultan la aplicación imparcial de la ley y deterioran la reputación internacional, lo que puede traducirse en costes económicos y diplomáticos.
Ante ese escenario, las opciones no son mágicas ni instantáneas. Reforzar la transparencia, garantizar nombramientos judiciales con criterios técnicos, impulsar reformas administrativas y recuperar el debate público basado en datos pueden ser pasos concretos. Todas requieren voluntad política sostenida y supervisión ciudadana activa.
En resumen: los últimos informes y encuestas indican que la democracia española enfrenta retos palpables y crecientes. No se trata solo de indicadores técnicos; son problemas que afectan la vida cotidiana de las personas y la posición del país en el mundo. Reconocer la tendencia es el primer paso para diseñar respuestas —y hacerlo cuanto antes.
