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La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la apertura de un expediente disciplinario contra el magistrado que instruye un caso sensible en Madrid. Las declaraciones del juez, que se hicieron públicas esta semana, plantean dudas sobre la imparcialidad en una investigación contra un alto mando policial y reavivan el debate sobre sesgos dentro del sistema judicial.
Denuncia y contexto
El expediente solicitado por la Delegación se dirige contra el titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Juzgado número 8 de Madrid, David Yehiel Maman Benchimol. Según el escrito al que ha tenido acceso RTVE Noticias, sus comentarios durante una jornada formativa en febrero de 2026 —difundidos por medios de comunicación— contienen estereotipos y juicios que podrían contradecir los deberes de neutralidad propios de la magistratura.
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El magistrado intervino en un acto organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid el 18 de febrero, un día después de recibir declaración a la presunta víctima en la causa que investiga a José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, por agresión sexual.
Qué se ha dicho y por qué preocupa
En su intervención, el juez cuestionó la motivación de algunas denuncias y describió, a su juicio, comportamientos habituales de las denunciantes en procesos de guarda y custodia. Estas afirmaciones han sido interpretadas por fiscalía y colectivos como expresiones que reproducen prejuicios de género y que, en casos sensibles, pueden minar la confianza de las víctimas en la justicia.
- Fecha y lugar: charla formativa, 18 de febrero de 2026, Colegio de la Abogacía de Madrid.
- Investigación afectada: causa contra el ex DAO por agresión sexual.
- Denuncia oficial: solicitud de apertura de expediente disciplinario ante el CGPJ por la Delegada contra la Violencia de Género.
- Reacciones: ministerio, fiscalía y defensa han expresado rechazo o advertencias sobre posible recusación.
- Riesgo principal: pérdida de confianza pública y posible impacto en la protección de las víctimas.
Reacciones institucionales
La Fiscalía de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, representada por María Eugenia Prendes, calificó las expresiones del juez como especialmente graves y señaló que contribuyen a que las víctimas duden en acudir a la vía judicial, según declaraciones emitidas en RNE.
La ministra de Sanidad, Mónica García, también criticó las manifestaciones y las describió como una muestra de machismo que está arraigado tanto en la sociedad como, en ocasiones, en las instituciones. Desde el Gobierno se subrayó la preocupación por escuchar ese tipo de opiniones en el órgano encargado de juzgar estas causas.
Por su parte, el abogado de la instructora —Jorge Piedrafita— ha avisado que, si advierte actos o actitudes que puedan revelar parcialidad durante la instrucción, promoverá la recusación del magistrado para que otro juez asuma la causa. Al mismo tiempo ha enmarcado las declaraciones iniciales en la libertad de expresión, aunque dejó claro que actuará si detecta sesgos.
Consecuencias prácticas
La apertura de un expediente disciplinario ante el CGPJ puede derivar en varias vías: desde un archivo si se considera que no hubo falta, hasta sanciones o recomendaciones sobre comportamiento judicial. En paralelo, la posible recusación afectaría directamente al ritmo y a la continuidad de la instrucción.
Más allá del caso concreto, el episodio plantea preguntas sobre la formación y los mecanismos internos para detectar y corregir estereotipos en quienes administran justicia. La percepción pública de imparcialidad es un factor determinante en la voluntad de las víctimas a denunciar y en la eficacia del sistema.
Lo que viene ahora
El CGPJ evaluará la petición de la Delegación y decidirá si abre expediente. Si se activa el procedimiento disciplinario, se tramitará con las garantías previstas y podrá prolongarse semanas o meses. En paralelo, la defensa de la presunta víctima monitorizará la instrucción y, si lo estima necesario, solicitará la recusación.
Mientras tanto, el caso mantiene a la opinión pública y a varios poderes del Estado atentos: la resolución determinará no solo el destino disciplinario del magistrado, sino también la respuesta institucional frente a posibles sesgos en la administración de justicia.
En juego: la protección efectiva de las víctimas de violencia de género y la credibilidad de los tribunales en procesos sensibles.
