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El expresidente Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negaron hoy ante la Audiencia Nacional haber conocido o ordenado el presunto operativo para espiar y sustraer documentación a Luis Bárcenas, un caso que reabre preguntas sobre el uso de recursos públicos y la responsabilidad de altos cargos en España.
Llegada y primeras impresiones
Rajoy entró al tribunal en un vehículo que accedió al aparcamiento, mientras Cospedal llegó en taxi. La expectación de los medios fue inmediata; varios periodistas siguieron a ambos durante su paso por las dependencias judiciales.
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Ante los magistrados, la réplica del expresidente fue en términos monolíticos: negó cualquier conocimiento de la operación, rechazó haber destruido pruebas y afirmó no recordar la mayoría de los mensajes con el extesorero. En frases cortas y repetidas respondió que no le constaban hechos que le atribuían los investigadores.
Negativas y recuerdos parciales
Rajoy sostuvo que no fue informado sobre la contabilidad paralela atribuida al partido, ni mantuvo gestiones para condicionar la declaración de Bárcenas. Sobre los mensajes privados, dijo recordar muy pocos, aunque sí citó uno de apoyo al extesorero en momentos de escándalo.
Su versión sitúa la supuesta operación Kitchen como una iniciativa policial cuyo objetivo habría sido perseguir el dinero e identificar a testaferros. Rajoy aseguró que conoció los detalles formales del asunto en 2021, durante una comisión en el Congreso, y defendió que la actuación se ajustó a la legalidad.
Contradicciones en torno a la supuesta destrucción de pruebas
La declaración de Rajoy contradice la versión del propio Luis Bárcenas. Según el extesorero, éste le mostró una fotocopia con saldos de la contabilidad en B y un sobre con efectivo; el expresidente, siempre según Bárcenas, habría triturado el papel y retenido el sobre.
Rajoy negó haber vivido ese episodio y expresó su tranquilidad sobre la existencia de grabaciones del extesorero: a su juicio, si Bárcenas hubiese tenido ese material ya lo habría hecho público como hizo con otros documentos.
Apoyo a la cúpula de Interior
Tanto Rajoy como Cospedal respaldaron al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y defendieron a los responsables policiales implicados. Rajoy subrayó que nunca estuvo pendiente de los fondos reservados cuando ocupó esa cartera y calificó de improcedente que el titular del ramo supervisara personalmente operaciones y confidentes.
Cospedal describió a Fernández Díaz como una persona íntegra y enfatizó una relación correcta con él en aquellos años.
Relación con Villarejo y límites en la colaboración
La exsecretaria del PP reconoció que su expareja, Ignacio López del Hierro, la presentó años atrás al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Admitió encuentros puntuales, en la sede del partido y en otros lugares, pero negó que hubieran existido encargos formales o pagos por sus servicios.
En su versión, Cospedal dijo que hacía preguntas al excomisario, no encargos, y rechazó las insinuaciones sobre intermediaciones para contratos. También declaró que, siendo oposición, el PP sospechaba de seguimientos desde el Ministerio del Interior y que Villarejo le comentó que podía investigar ciertas cuestiones.
Respecto a la familia Bárcenas, Cospedal aseguró que su último contacto data de 2009 y que «la vida del señor Bárcenas» dejó de interesarle a partir de entonces. Sobre el chófer señalado por la investigación, Sergio Ríos, dijo no tener constancia de que se le pagara por colaborar con un operativo.
Próximas pruebas y cuestiones pendientes
El juicio continúa la próxima semana con declaraciones que podrían aportar nuevas piezas al rompecabezas. Entre los testigos previstos destacan:
- Guillermo Bárcenas: relatará el episodio del falso sacerdote que entró en su domicilio pidiendo pendrives cuando su padre estaba en prisión.
- El excompañero de celda de Luis Bárcenas en Soto del Real: la acusación apunta a que mantuvo un trato cercano y obtuvo permisos penitenciarios de manera rápida.
- Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas: testigos que podrían aclarar quién conocía la supuesta contabilidad irregular y si existieron grabaciones que ahora faltan.
Quedan asimismo por explicar la desaparición de audios y el pendrive que Bárcenas conservó en su momento, elementos que la acusación considera clave para demostrar la existencia y alcance del operativo.
Lo que ayer ofreció la sala fue un choque de versiones: dos exdirigentes del PP aseguran ignorancia y legalidad, mientras la instrucción y la narración del extesorero apuntan a maniobras y pruebas que hoy no aparecen. La importancia práctica del proceso radica en determinar responsabilidades políticas y penales en el uso de instrumentos del Estado para fines privados.
