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Un reciente informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revela que España aún está lejos de cubrir las necesidades de atención residencial de su población mayor: hacen falta decenas de miles de plazas adicionales y la presión sobre el sistema se ha intensificado en los últimos años. Este déficit no es solo estadística: implica listas de espera, más carga sobre las familias y decisiones urgentes sobre el modelo de cuidados.
Más plazas pero insuficientes frente al envejecimiento
Según el estudio, el parque de plazas residenciales en España creció hasta superar las 412.000 a principios de 2025, con un incremento anual notable, pero la expansión no acompaña al salto demográfico de las personas mayores.
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En el último lustro se han creado más de 23.000 plazas residenciales, mientras que la población de 65 años y más aumentó en más de 800.000 personas. El resultado: una ocupación media que roza el 82% y un aumento cercano al 16% en el número de residentes durante el último año.
- Plazas totales (inicio 2025): ~412.109
- Incremento anual: alrededor de 17.000 plazas (+4,3%)
- Personas residentes: casi 340.000 (subida anual de ~62.600, +15,9%)
- Ocupación media: 82,4%
- Déficit estimado para atender las listas actuales: más de 50.000 plazas
- Plazas necesarias para alcanzar la ratio recomendada (5/100 mayores de 65): casi 100.000 adicionales
Quiénes esperan y cuánto tardan
Las personas en situación de dependencia severa y de gran dependencia concentran la mayor parte de la demanda. En el registro del IMSERSO hay decenas de miles en lista de espera y otros tantos pendientes de valoración, un grupo que probablemente engrosará la demanda en los próximos meses.
Aplicando las tasas actuales de acceso a residencia (que varían según grado de dependencia), el informe calcula que alrededor de 32.000 personas en grados II y III estarían ya en condiciones de necesitar plaza concertada o una prestación vinculada al servicio. Al añadir solicitudes de revisión por empeoramiento del estado y los Programas Individuales de Atención (PIAS) que ahora no son efectivos para recursos residenciales, la cifra de plazas necesarias supera las 50.000.
La asociación ha pedido a los ministerios y a las comunidades autónomas datos detallados sobre cuántas personas están pendientes de una plaza y los tiempos de espera, reclamando transparencia para planificar respuestas concretas.
Un giro pendiente: menos instituciones y más cuidados en casa
Más allá de los números, el informe plantea una discusión de fondo: avanzar hacia la desinstitucionalización de los cuidados. Es decir, priorizar apoyos que permitan a las personas mayores permanecer en su domicilio cuando sea posible, mediante servicios domiciliarios intensificados y especializados.
En 2023 el Ministerio de Derechos Sociales presentó una estrategia en esa dirección, pero la Asociación critica que no se han dado pasos suficientes en el desarrollo efectivo de la ayuda a domicilio. La ausencia de recursos adecuados empuja la responsabilidad hacia las familias, en la práctica recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres y afectando su conciliación y condiciones de vida.
Mapa autonómico: grandes disparidades
El déficit de plazas no es homogéneo: unas pocas comunidades concentran la mayoría de la carencia. Andalucía y la Comunidad Valenciana acumulan la mayor falta de oferta, representando juntas más del 65% del déficit total identificado.
Por otro lado, varias comunidades disponen de más plazas de las que demandan, con Castilla y León a la cabeza en exceso de oferta. También hay territorios cuyo parque residencial casi alcanza la plena ocupación —con porcentajes por encima del 95%—, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema ante cualquier repunte de demanda.
| Concepto | Datos destacados |
|---|---|
| Comunidades con mayor déficit | Andalucía (~36.327 plazas), Comunidad Valenciana (~26.929) |
| Mayor exceso de plazas | Castilla y León (~16.712 plazas de más) |
| Ocupación muy alta (>95%) | Extremadura, Canarias, Castilla‑La Mancha, Baleares, Comunidad de Madrid |
| Financiación de plazas | 71,1% públicas (≈292.986) frente a 119.123 privadas |
| Mayor cobertura pública | Castilla y León, Castilla‑La Mancha, Extremadura, Aragón |
| Menor cobertura pública | Canarias, Región de Murcia, Comunidad Valenciana |
Estas discrepancias territoriales obligan a enfoques diferenciados: donde faltan plazas, la priorización será construir oferta concertada o fortalecer prestaciones; donde sobran, la discusión se orienta a la reconversión y a modelos residenciales más humanizados.
Qué está en juego
El balance es claro: la creación de plazas ha aumentado, pero el ritmo es insuficiente frente al envejecimiento y a la acumulación de personas en espera. Esto afecta directamente la calidad de vida de quienes requieren cuidados de larga duración, impone cargas económicas y de tiempo a las familias y plantea decisiones de política pública sobre dónde invertir: en más residencias o en reforzar la atención domiciliaria.
La Asociación reclama datos precisos y compromisos concretos de las administraciones para reducir las listas y mejorar la respuesta, un paso imprescindible si se quiere equilibrar capacidad asistencial, dignidad y sostenibilidad del sistema de cuidados.
