La Audiencia Nacional inicia el 19 de enero un juicio que examina cómo se adjudicaron contratos públicos en la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2015. El proceso, en el que se sientan en el banquillo el exconsejero Francisco Granados y otras 13 personas, busca aclarar si la organización de festejos municipales y actos vinculados a obras públicas se usó para beneficiar a empresas concretas y a sus responsables.
Durante más de una década, fuentes judiciales y pesquisas policiales han vinculado a redes empresariales con funcionarios y cargos del Partido Popular en la región, un periodo en el que el partido mantuvo una amplia presencia institucional. Los hechos que se juzgan ahora forman parte de esa investigación más amplia y llegan al tribunal cuando la ciudadanía cuestiona con mayor fuerza la transparencia en la contratación pública.
El caso, llamado Waiter Music y escindido de la macrocausa conocida como Púnica, entrará en la sala penal de la Audiencia Nacional entre el 19 de enero y el 21 de marzo. La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de prisión para el principal procesado y penas de entre dos y cinco años para varios exalcaldes implicados.
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Según la acusación, la sociedad investigada, dedicada a la organización de eventos y espectáculos, obtuvo de forma continuada contratos para gestionar las fiestas patronales de numerosos municipios madrileños. Esa actividad habría incluido contratos directos con ayuntamientos y la prestación de servicios en celebraciones en las que participaron también grandes constructoras vinculadas a obras públicas.
En paralelo a los festejos municipales, la instrucción detalla que la misma empresa organizó actos ligados al inicio o la finalización de obras de ampliación del Metro de Madrid. En esos eventos —según el auto de procesamiento— la administración elegía a los proveedores que, finalmente, eran abonados por las empresas adjudicatarias de las obras, sin pasar por los procedimientos públicos habituales.
La investigación apunta a prácticas que van desde la adjudicación presuntamente dirigida de contratos hasta la realización de servicios no facturados o facturas infladas para cubrir costes indirectos, una mecánica que, según el juez, permitía mantener el flujo de contratos y la influencia sobre responsables municipales.
Entre los términos y actores que el tribunal examinará figuran:
- Waiter Music: empresa central en la causa, especializada en organización de espectáculos y festejos.
- Francisco Granados: exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero autonómico, acusado de actuar como nexo con los ayuntamientos y facilitar accesos para la contratación.
- Fiscalía Anticorrupción: solicita seis años de prisión para Granados y penas de dos a cinco años para otros procesados.
- Empresas constructoras implicadas en la instrucción: FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, mencionadas por su participación en actos vinculados a obras del Metro de Madrid.
El listado de municipios señalados en la causa incluye, entre otros, Valdemoro, Ciempozuelos, Móstoles, Algete y Moraleja de Enmedio. La instrucción también nombra localidades como San Martín de la Vega, Torrejón de Velasco y Humanes de Madrid, donde la sociedad habría facturado importantes importes por fiestas y eventos.
El auto de procesamiento describe además que el empresario al frente de Waiter Music —fallecido en el transcurso de la investigación— obtuvo contratos reiterados y, en ocasiones, asumió el coste de actos privados vinculados al partido local a cambio de que se le adjudicaran las fiestas públicas. También se le imputa la práctica de presentar facturas con importes superiores a los gastos reales cuando convenía mantener la relación con responsables municipales.
Además de Granados, entre los procesados se encuentran cargos locales y regionales: el exsenador y exdiputado regional David Erguido —que también fue concejal en Algete y colaborador puntual de la presidencia regional— y varios exalcaldes del PP, entre ellos José Carlos Boza y José Miguel Moareno (Valdemoro); Esteban Parro y Daniel Ortiz (Móstoles); María Ángeles Herrera (Ciempozuelos) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio).
Qué se decidirá en sala y por qué importa hoy
El juicio pondrá sobre la mesa pruebas documentales y testimonios que buscan demostrar si existieron decisiones administrativas destinadas a favorecer a un proveedor concreto y si, por el contrario, hubo una contratación ajustada a la legalidad. Para los ciudadanos, el proceso tiene implicaciones prácticas: transparentar el uso de fondos públicos, reforzar controles en la contratación y establecer responsabilidades penales y económicas cuando proceda.
Un veredicto condenatorio podría acarrear penas de prisión, inhabilitaciones y la devolución de cantidades. También abriría camino a reformas administrativas y a mayores exigencias de auditoría en contratos de eventos y en celebraciones vinculadas a obras públicas.
Este juicio se suma a otras causas que han investigado irregularidades en la Comunidad de Madrid durante el mismo periodo. Sea cual sea el resultado, la vista oral será una prueba relevante para medir la capacidad del sistema judicial para depurar responsabilidades en contrataciones municipales y autonómicas.
