Mostrar resumen Ocultar resumen
Un informe publicado por la organización israelí de defensa de derechos humanos B’Tselem concluye que una serie de prácticas en Cisjordania forman un patrón coherente: no serían incidentes aislados sino piezas de un proceso que socava la capacidad de la población palestina para sostener su vida colectiva y, al mismo tiempo, afianza una presencia israelí permanente. Presentado el lunes en Jerusalén, el documento combina entrevistas, archivos oficiales y datos de la ONU para sostener que la dinámica se aceleró tras la llegada al poder de la actual coalición y después del 7 de octubre de 2023.
Un entramado que actúa en varias direcciones
Hutíes toman Bab el Mandeb: impacto inmediato en comercio y energía
Saharauis nacionalizados tras aprobación en el Congreso: Moncloa, criticada por su postura con Marruecos
El informe de 249 páginas, basado en cerca de 2.000 testimonios y en el análisis de la vida de unos 3,5 millones de palestinos —incluida Jerusalén Este— describe un efecto acumulativo: medidas administrativas, violencia y apropiaciones territoriales que, tomadas en conjunto, erosionan el territorio, la economía, las instituciones y los lazos sociales que permiten a una sociedad mantenerse.
B’Tselem identifica cinco líneas de acción simultáneas que, combinadas, producen ese resultado.
- Violencia e intimidación: ataques, redadas y detenciones que generan miedo y desarticulan la vida comunitaria.
- Restricciones de movimiento: barreras, puestos y cierres que dificultan el acceso a servicios esenciales.
- Asfixia económica: pérdida masiva de oportunidades laborales y medidas que depriven ingresos básicos.
- Destrucción social y política: clausura de organizaciones, detenciones de activistas y presión sobre la educación y la cultura.
- Toma territorial y limpieza étnica: expansión de puestos avanzados y legalizaciones que reconfiguran el mapa sobre el terreno.
La ONG relaciona estas políticas con el desplazamiento de competencias desde los órganos militares hacia autoridades civiles israelíes, entre ellas el Ministerio de Finanzas, encabezado por Bezalel Smotrich, que ha recibido atribuciones sobre planificación y legalización de asentamientos. B’Tselem advierte que esa transferencia convierte prácticas temporales en estructuras más permanentes y puede leerse como una aproximación a la anexión de hecho.
Colonización armada y baja rendición de cuentas
Entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026, la base de datos de B’Tselem registra 1.087 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este; entre ellos 242 menores y 21 mujeres. De esas muertes, 1.037 fueron atribuidas a las fuerzas israelíes, lo que supone una proporción elevada respecto a incidentes mortales previos en décadas recientes.
Al mismo tiempo, la ONU documentó un aumento notable en ataques de colonos: más de 1.400 incidentes con daños o heridos en 2024, más de 1.800 en 2025 y alrededor de 1.200 en el primer semestre de 2026. Miles de colonos han sido integrados en batallones y unidades de seguridad regionales, y en ocasiones actúan junto a soldados o con apoyo logístico del Estado, según la ONG.
La impunidad es una constante: de 2.427 denuncias por daños presentadas ante la justicia militar entre 2016 y 2024, solo 23 terminaron en acusación formal (0,9%). Otra organización, Yesh Din, señala que más del 93% de las investigaciones por delitos cometidos por israelíes contra palestinos entre 2005 y 2025 se cerraron sin cargos, y apenas el 3% concluyeron con una condena.
En la presentación, la directora ejecutiva de B’Tselem advirtió que las respuestas verbales de la comunidad internacional no bastan: sin medidas concretas, el proceso corre el riesgo de volverse irreversible.
Bloqueos cotidianos y colapso económico
El tejido diario queda afectado por miles de obstáculos físicos: a finales de 2025 la ONU contabilizó 925 barreras que separan pueblos de sus campos, centros de salud y escuelas, un incremento del 43% respecto al promedio de las dos décadas anteriores. B’Tselem verificó 203 de esos obstáculos instalados desde octubre de 2023.
La pérdida de empleos es otra dimensión central. La revocación de permisos para trabajar dentro de la Línea Verde dejó a más de 140.000 palestinos sin su principal fuente de ingreso; los salarios procedentes de Israel cayeron de 4.300 millones de dólares en 2022 a 532 millones en 2024. La tasa de desempleo, que en 2022 era del 13,1%, alcanzó el 31,3% y se mantuvo elevada en 2025.
El impacto sobre la educación y la sociedad civil es palpable: en el ciclo 2024-2025 más de 500 escuelas suspendieron actividades en algún momento por incursiones, disparos o detenciones, afectando a 84.749 alumnos. El informe documenta además cierres de ONG, hostigamiento a periodistas y restricciones a la protesta.
Puestos avanzados: instrumento de apropiación
Desde 1967, Israel ha reconfigurado grandes extensiones de Cisjordania mediante declaraciones de tierras estatales, zonas militares y la expansión de asentamientos; B’Tselem estima más de dos millones de dunams —unas 200.000 hectáreas— tomadas con diferentes herramientas legales y administrativas.
Las granjas y puestos avanzados, a menudo instalados por pequeños grupos armados, amplían la presencia territorial efectiva. Para julio de 2026 esos grupos controlaban 1,07 millones de dunams, el 18% de Cisjordania. Entre 2023 y 2025 se documentaron 185 nuevos puestos, alrededor de 130 con carácter agrícola, según organizaciones como Peace Now y Kerem Navot.
Las consecuencias demográficas son visibles: 64 comunidades quedaron vacías, sumando 4.328 personas desplazadas; otras 18 localidades sufrieron expulsiones parciales que afectaron a cientos y la operación llamada «Muro de Hierro» provocó el desplazamiento de unas 33.000 personas en campos del norte, la mayor crisis interna desde 1967.
Una semana antes de la publicación del informe, fuentes citadas por Reuters indicaron que el primer ministro ordenó la retirada de cerca de cien puestos no autorizados, una medida que generó rechazo entre sectores del Gobierno y que, según B’Tselem, no cambia la arquitectura que facilita el despojo.
Implicaciones legales y reclamos internacionales
B’Tselem subraya que califica el fenómeno como un proyecto de eliminación desde una perspectiva analítica: no lo presenta como una figura penal autónoma, sino como un patrón cuyas piezas pueden constituir delitos internacionales —homicidio ilícito, persecución, traslado forzoso, tortura— y, en su conjunto, contener los elementos jurídicos del apartheid.
La organización recuerda que la Corte Internacional de Justicia declaró en 2024 que la presencia continuada de Israel en los territorios ocupados era ilegal y pidió su cese. Israel, por su parte, rechaza las imputaciones de apartheid y genocidio, sostiene que sus operativos responden a motivos de seguridad y defiende la aplicación del derecho en contextos que califica como disputados.
Para B’Tselem, limitar la respuesta a la denuncia de cada agresión o demolición no es suficiente: lo que plantea es la necesidad de medidas que desmantelen el marco institucional que da lugar a la desigualdad territorial, de protección y de poder entre grupos.
Qué propone B’Tselem
- Tratar las actuaciones como un fenómeno sistemático, no como incidentes aislados.
- Presionar para el fin del control militar extendido y la restitución de jurisdicción sobre recursos y planificación.
- Garantizar derechos individuales y colectivos iguales para palestinos e israelíes.
- Exigir investigaciones efectivas y rendición de cuentas por violaciones documentadas.
- Coordinar sanciones y medidas diplomáticas que desacoplen la política de seguridad de prácticas que implican despojo.
El informe vuelve a colocar sobre la agenda internacional preguntas difíciles sobre responsabilidad, protección de civiles y el alcance de las respuestas diplomáticas. Para millones de personas que viven en Cisjordania, las decisiones que tomen Estados y organismos multilaterales en los próximos meses marcarán si la actual tendencia se consolida o si aún es posible frenar su avance.
