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En el primer pleno de control tras el parón estival, el Congreso vivió este miércoles un cruce áspero entre el Gobierno y la oposición que volvió a situar la crisis de Ceuta en el centro del debate y tensionó la agenda política con preguntas directas sobre responsabilidades, seguridad y calendario electoral. Lo ocurrido marca la primera gran prueba pública del Ejecutivo tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio y alimenta dudas sobre la estabilidad política en lo que queda de legislatura.
Choque directo entre Sánchez y Feijóo por la gestión de Ceuta
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra Pedro Sánchez en el hemiciclo, sosteniendo que la permanencia del jefe del Ejecutivo depende de que varias personas mantengan silencio sobre lo sucedido en Ceuta. Pidió explicaciones sobre posibles vínculos políticos y diplomáticos y planteó la incógnita de qué haría el Gobierno si se repitiera un flujo masivo de entradas como el de finales de julio.
El presidente rechazó las insinuaciones y reprochó al líder del PP un intento de mezclar asuntos distintos para desgastarle. En su réplica, Sánchez descendió al terreno de la gestión interna: habló de los retos educativos reflejados en el último informe PISA y de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo de la inscripción en el censo (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática.
- Responsabilidad política: Feijóo exige adelanto electoral y acusa a Sánchez de no ser “un presidente libre” si depende del silencio de terceros.
- Implicación judicial: La gerente del PSOE, Ana Fuentes, está citada ante la Justicia, un dato que la oposición utilizó para subrayar tensiones internas.
- Seguridad en Ceuta: El Gobierno defiende las medidas desplegadas y promete reforzar la normalización tras los episodios de julio.
- Derecho al voto: La suspensión cautelar del CERA plantea dudas sobre el alcance de la ley de nietos y el derecho de nuevos ciudadanos a participar en elecciones.
- Educación: El Ejecutivo vincula la mejora educativa con la ejecución de fondos autonómicos y con reformas normativas pendientes.
Educación y ley de nietos, elementos recurrentes
Feijóo aprovechó para convertir el pleno en un altavoz de crítica a la política educativa del Gobierno: calificó los resultados de PISA como una evaluación negativa de la LOMLOE y del llamado “modelo educativo” impulsado por el Ejecutivo. Sánchez, por su parte, admitió la preocupación por los datos —que afectan a países occidentales en general— y defendió el aumento de la inversión pública en Educación, al tiempo que acusó a comunidades gobernadas por el PP de no ejecutar los recursos destinados a mejoras.
El presidente mencionó dos iniciativas que el Gobierno considera clave para revertir la tendencia: una reforma del estatuto docente y límites de acceso de menores a redes sociales. Solicitó el respaldo del PP para ambas medidas, argumentando que ayudarían a reforzar la comprensión lectora y otras capacidades básicas.
En paralelo, la decisión del Supremo sobre el CERA reavivó la polémica sobre la llamada “ley de nietos”. La oposición acusó al Gobierno de pretender manipular el censo; la respuesta oficial defendió la igualdad de derechos electorales para quienes han recuperado o adquirido la nacionalidad española tras el exilio familiar.
Vox y ERC suben el tono: reproches cruzados
La intervención de Santiago Abascal (Vox) fue acusatoria: vinculó la actuación del Gobierno con posibles presiones externas y criticó la relación con Rabat. Sánchez respondió con dureza, rechazando cualquier chantaje y condenando el tono insultante que, según él, algunas formaciones emplean en el debate público.
También tomó la palabra Gabriel Rufián (ERC), que pidió al presidente clarificar cómo piensa agotar la legislatura y con qué socios está dispuesto a pactar. Rufián advirtió sobre la dificultad de cuadrar mayorías y puso el foco en las encuestas favorables a la derecha, desde su punto de vista una amenaza para el sistema público.
Marlaska, en la diana por la ausencia de ministros y la lista de periodistas
La ausencia de los titulares de Exteriores, Defensa y Política Territorial en el pleno desvió el foco hacia el ministro del Interior, Marlaska, y dejó al ministerio como blanco principal de las preguntas sobre Ceuta.
El PP reprochó al Ejecutivo no haber actuado pese a avisos internacionales y pidió la dimisión del ministro; además, la divulgación de un listado interno de periodistas según su supuesta orientación ideológica ha generado críticas por vulnerar estándares democráticos. Marlaska defendió que se trata de un “documento de trabajo”, negó la existencia de una lista negra y ofreció disculpas formales si el formato del fichero se consideró inapropiado.
Vox, por su parte, acusó al ministro de “abandonar” a los ceutíes; Marlaska respondió que la prioridad del Gobierno es garantizar seguridad y normalizar la situación, citando inversiones y refuerzos en policía y Guardia Civil y afirmando que más del 70% del alumnado de Primaria y Secundaria en Ceuta pudo incorporarse al curso.
Las críticas se traducirán en acciones parlamentarias: tanto PP como Vox han registrado interpelaciones que se convertirán en mociones la próxima semana, donde no se descarta pedir la reprobación del ministro.
Qué queda en juego
El choque de este pleno resume varias tensiones que pueden condicionar la política española en meses próximos: la seguridad fronteriza y la cooperación con Marruecos, la credibilidad del Gobierno ante los votantes, la vigencia del derecho al voto para nuevos ciudadanos y el debate sobre prioridades en educación.
Las acusaciones cruzadas y las citaciones judiciales mantienen la presión sobre Moncloa; la promesa oficial de elecciones en 2027 contrasta con la demanda de la oposición de fijar ya una fecha. Para los ciudadanos, la discusión implica decisiones concretas: seguridad local en Ceuta, la protección de derechos civiles y el enfoque sobre la mejora educativa en años venideros.
En los próximos días, habrá que seguir dos frentes: la tramitación parlamentaria de las interpelaciones a Interior y la resolución judicial sobre el CERA, ambos susceptibles de provocar nuevas tensiones políticas y judiciales.
