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Dos exempleadas han presentado una querella contra el cantante Julio Iglesias ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de la Audiencia Nacional, según informó la ONG Women’s Link, que asesora a las denunciantes. El nuevo escrito reclama que se investiguen hechos ocurridos en propiedades del artista en las Bahamas y en República Dominicana y vuelve a poner en el centro la pregunta: ¿puede la justicia española investigar presuntos delitos cometidos en el extranjero?
Las mujeres, identificadas con los alias Rebeca y Laura, sostienen que fueron reclutadas para trabajar en domicilios ligados al cantante y que sufrieron un trato humillante y continuas agresiones sexuales mientras vivían y trabajaban en esos espacios. Relatan, además, la imposición de jornadas y condiciones de trabajo que describen como forzadas y degradantes.
Julio Iglesias: dos exempleadas presentan querella por presuntos abusos
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Qué relatan las denunciantes
Según la querella y el apoyo de la ONG, las acusaciones incluyen:
- Trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre.
- Agresiones sexuales y delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
- Lesiones y trato degradante.
- Vulneración de derechos laborales por imposición de condiciones abusivas.
Women’s Link apunta que estos hechos, de probarse, podrían encajar en varios tipos penales y reclama que se investiguen con garantías de seguridad y dignidad para las víctimas.
La directora ejecutiva de la organización, Jovana Ríos Cisnero, ha subrayado que el acceso a la justicia es un derecho que no debe depender de la identidad del denunciado y ha pedido medidas para proteger a las mujeres durante el proceso.
Segundo intento judicial en España
En enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomó declaración a Rebeca y a Laura en relación con una primera denuncia que recogía hechos semejantes. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que los tribunales españoles carecían de jurisdicción porque los episodios habrían ocurrido fuera del territorio nacional y archivó la vía penal en ese momento.
La nueva querella vuelve a presentar las alegaciones ante la Sección de Instrucción; será ese órgano judicial el que ahora decida si admite el procedimiento y ordena actuaciones complementarias.
Iglesias ha rechazado públicamente las acusaciones en sus cuentas y, además, interpuso una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por intromisión en el honor al considerar que dio por ciertos los hechos en la primera denuncia. Reclama 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
- Admisión a trámite de la querella y apertura de diligencias de investigación.
- Práctica de pruebas: testificales, peritajes y posibles exploraciones médicas.
- Cooperación internacional y solicitudes de asistencia judicial si son necesarias diligencias en Bahamas o República Dominicana.
- Archivo si el tribunal mantiene la falta de jurisdicción o falta de indicios suficientes.
La resolución del tribunal tendrá efectos prácticos más allá de este caso: fijará criterios sobre la posibilidad de que la justicia española investigue delitos vinculados a la trata de personas y a agresiones cometidas en el extranjero, y también condicionará el acceso real de víctimas a mecanismos de reparación.
Las partes implicadas y las organizaciones que acompañan a las denunciantes insisten en que lo clave es garantizar procedimientos que permitan a las presuntas víctimas declarar con seguridad y sin revictimización. En los próximos pasos del proceso se decidirá si el Juzgado Central asume la investigación o si la vía penal vuelve a cerrarse por razones de competencia territorial.
Seguiremos informando conforme se conozcan nuevas actuaciones judiciales o resoluciones sobre la admisión de la querella y las pruebas que se practiquen.
