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La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declaró durante dos horas ante la Audiencia Nacional como imputada en el denominado caso Leire y negó mantener vínculos con el entorno del exsecretario de organización del PSOE. Su testimonio, que incluye la confirmación de algunos encuentros con la exmilitante Leire Díez, llega en un momento en que la investigación apunta a posibles interferencias en actuaciones internas del Instituto Armado.
El juez que instruye la causa, Santiago Pedraz, investiga a González por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia; la cita se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) recogiera en un informe una serie de reuniones entre la directora general y Díez, vinculada a la supuesta trama que atribuyen a Santos Cerdán.
Qué admitió en sede judicial
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Según fuentes presentes en la declaración, González reconoció ante el juez dos encuentros con Díez —tras cotejar su agenda— y aseguró que conocía a la exmilitante como profesional independiente, no como emisaria de nadie. Explicó que una de las reuniones fue de cortesía tras su nombramiento y que, en otra, Díez sugirió la posible reincorporación del comandante Rubén Villalba a su destino; la directora afirmó que descartó esa propuesta y cortó la reunión.
En relación con la difusión del correo personal de Begoña Gómez, informó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le remitió la noticia y trató de contactar con ella. Al estar ella en un tren sin cobertura, el ministro se dirigió al director adjunto operativo, Manuel Llamas, para pedir aclaraciones.
Llegada y contexto procesal
González accedió por la puerta de autoridades de la Audiencia Nacional minutos antes de las diez de la mañana, en un vehículo oficial, y evitó hacer declaraciones a la prensa a su salida. Su citación había sido pospuesta el día anterior por la prolongada declaración del DAO, que llevó más de dos horas y media.
La comparecencia de la directora coincide con la presencia pública de su número dos en el Senado —convocado por el PP— para explicar los criterios seguidos en la apertura de expedientes a agentes implicados en pesquisas que afectan al Gobierno. La causa, además, incluye peticiones de prisión preventiva por parte de algunas acusaciones, aunque el magistrado aún no ha resuelto esa solicitud.
Lo esencial en cuatro puntos
- Reuniones documentadas: La UCO sitúa encuentros presenciales entre González y Díez el 30/09/2024, 20/12/2024 y 02/04/2025.
- Hipótesis investigada: Se analiza si Díez, presuntamente coordinada desde el entorno de Santos Cerdán, promovió pesquisas internas dirigidas contra la UCO.
- Alegatos de la defensa: González niega haber intervenido en investigaciones y sostiene que no presionó a agentes ni ordenó actuaciones contra la UCO.
- Vínculos institucionales: La comunicación sobre la filtración del correo de Begoña Gómez implicó la intervención del ministro y del DAO para aclarar el origen de la difusión.
Implicaciones y próximos pasos
La instrucción plantea riesgos reputacionales y operativos para la Guardia Civil: si se acreditaran injerencias administrativas en causas penales ello podría afectar la percepción de independencia del cuerpo y abrir vías de responsabilidad penal para altos mandos.
Además, la causa tiene un notable impacto político. Las diligencias tocan a personas próximas al Gobierno y han tensionado el calendario parlamentario —con comparecencias y peticiones de explicaciones en el Senado— y la agenda judicial, que deberá decidir sobre medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones populares.
Entre los hitos a vigilar en las próximas semanas figuran la resolución sobre las posibles prisiones preventivas, la declaración de otros implicados en la red y el eventual avance del sumario que clarifique si la actuación de Díez obedeció a iniciativas individuales o a una coordinación mayor.
En definitiva, la comparecencia de Mercedes González añade un capítulo más a una investigación que combina asuntos internos del Instituto Armado, filtraciones informáticas y presuntas maniobras políticas; el curso del procedimiento marcará la intensidad del debate público y las responsabilidades que puedan derivarse.
