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El Tribunal Supremo ha ordenado suspender temporalmente el derecho al voto de quienes han obtenido la nacionalidad por la llamada disposición de los descendientes de exiliados —conocida popularmente como «ley de nietos»— hasta que se verifiquen las razones del exilio. La decisión llega cuando el censo de residentes en el exterior (CERA) registró un aumento notable en los últimos años, justo antes de una nueva ronda electoral que incluye generales, autonómicas y locales.
El fallo del Alto Tribunal sostiene que el crecimiento del CERA podría poner en riesgo la transparencia del proceso electoral y que es necesario recopilar información detallada antes de permitir el ejercicio del voto por parte de los nuevos nacionalizados.
Qué regula la norma y por qué hay polémica
La medida a la que se refiere el debate no es una ley independiente: forma parte de la Ley de Memoria Democrática (2022), concretamente una disposición adicional que facilita la adquisición de la nacionalidad a descendientes de quienes salieron de España por motivos políticos durante la Guerra Civil y la dictadura.
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Cinco días después de la aprobación, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública emitió una instrucción que establece una presunción de exilio para quienes abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A partir de 1956 y hasta 1978, quienes aleguen vínculo con el exilio deben aportar pruebas.
Las preocupaciones del Supremo y los pasos siguientes
Los jueces consideran que el aumento de electores registrados como residentes ausentes plantea un riesgo «fundado, real y serio» para la objetividad de unas elecciones. En consecuencia, han solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que recabe información a las oficinas consulares y a la Oficina del Censo sobre:
- Quiénes obtuvieron la nacionalidad por la vía de exilio anterior a 1956 y quiénes por la posterior.
- Cómo se asignan esos votantes del exterior a las distintas circunscripciones municipales y provinciales.
La JEC ya ha iniciado solicitudes a consulados y ordenará un desglose del CERA por municipios y circunscripciones para determinar el impacto real.
Principales cifras
- Electores totales en España: algo más de 38,5 millones (último recuento).
- Residentes en territorio nacional: 35.776.697.
- CERA en octubre de 2022: 2.285.830 inscritos.
- CERA en julio de 2023: 2.333.056 inscritos.
- CERA en agosto de 2026: 2.747.688 inscritos.
- Aumento desde 2022 a 2026: 461.858 personas (+20,2%).
- Personas nacionalizadas por la disposición de 2022 (junio 2026): 544.722; de ellas, 306.000 ya están registradas como españolas.
No todos los nuevos inscritos en el CERA provienen de esta disposición. El Instituto Nacional de Estadística no distingue la causa administrativa de la inscripción: entre los aumentos se cuentan tanto emigraciones recientes como jóvenes que alcanzan la mayoría de edad fuera de España.
Participación y antecedentes: por qué el número no equivale a votos
Históricamente el CERA ha crecido: en 1986 había poco más de 257.000 electores en el exterior y cuatro décadas después se ha multiplicado por diez. No obstante, la realidad del voto exterior siempre ha sido de baja participación.
La introducción del voto rogado en 2011, aprobada tras sospechas de irregularidades en unas autonómicas, complicó los trámites y hundió la participación exterior: pasó de más del 30% en 2008 a alrededor del 6–7% en la década siguiente. Tras su eliminación en 2022 la participación ha mejorado, pero sigue lejos de niveles previos: en 2023 votó desde el exterior apenas el 10,04%.
En las últimas generales el voto exterior decidió un escaño en la Comunidad de Madrid, que cambió de manos, pero ese impacto real fue limitado.
Reclamaciones en redes y qué dicen los datos
En redes sociales se ha acusado a la disposición de ser un instrumento para manipular resultados locales, citando municipios donde hay más votantes inscritos en el exterior que residentes. Es cierto que el número de municipios con ese perfil ha subido: de 99 en 2022 a 161 en agosto de 2026.
Pero los casos concretos muestran matices: Ventrosa (La Rioja), con 45 votantes empadronados y 296 en el CERA, ya tenía en 2022 una presencia exterior abrumadora (268 en el CERA frente a 50 en el censo local). Es decir, la disparidad no es producto exclusivo de las nacionalizaciones posteriores.
El mayor crecimiento del CERA se ha concentrado en grandes ciudades: Madrid suma más de 118.000 inscritos en cuatro años; Barcelona, alrededor de 30.000; y otras urbes como Valencia, Málaga u Oviedo han registrado incrementos también notables, aunque a mucha menor escala.
Qué está en juego en la práctica
La suspensión cautelar del voto para quienes se nacionalizaron por esta disposición no invalida los procedimientos administrativos de adquisición de la nacionalidad, pero sí retrasa el ejercicio del sufragio hasta que se acredite la condición de exiliado cuando proceda.
En términos políticos el principal riesgo es la percepción: un aumento rápido del censo exterior puede alimentar sospechas sobre la transparencia electoral y tensionar el debate público. Administrativamente, la JEC y las oficinas consulares deberán hacer un esfuerzo de verificación que puede alargar plazos en un calendario electoral ya sensible.
Seguiremos informando a medida que la Junta Electoral Central reciba los informes consulares y la Oficina del Censo publique el desglose solicitado.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ley 20/2022 de Memoria Democrática, Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (25/10/2022), acuerdos de la Junta Electoral Central.
