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La propuesta de regularizar a cientos de miles de inmigrantes vuelve a poner en el centro un dilema ético y político: ¿refuerza la convivencia o la debilita? El debate exige leer con atención la doctrina social católica para valorar las consecuencias reales de una medida masiva y sin coordinación.
Fraternidad y legalidad, una relación compleja
La encíclica del papa Francisco promueve la solidaridad universal, pero no la presenta como una alternativa a la justicia ni al orden social. Desde esa perspectiva, la acogida debe encajarse en reglas que protejan tanto a los residentes como a quienes llegan.
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En el magisterio eclesial hay consistencia: la caridad no suprime el imperio de la ley, y la misericordia no implica ignorar la responsabilidad de las autoridades de velar por el bien común. El Catecismo, en este ámbito, admite que los gobiernos pueden regular el acceso al territorio priorizando la protección de la comunidad.
Qué está en juego hoy
La discusión no es sólo doctrinal. Una regularización amplia y sin coordinación puede cambiar dinámicas sociales y económicas inmediatas. No se trata de rechazar la ayuda a quienes sufren, sino de diseñar políticas que no terminen provocando efectos contraproducentes.
- Seguridad jurídica: una regularización exprés puede debilitar la percepción de la ley si no establece criterios claros de permanencia y acceso a derechos.
- Efecto llamada: la falta de controles coordinados puede estimular nuevas llegadas irregulares, con consecuencias humanitarias y administrativas.
- Integración y empleo: sin políticas de inserción, crece la economía sumergida y la explotación laboral, lo que deteriora la convivencia social.
- Cooperación internacional: decisiones unilaterales reducen la capacidad de acción conjunta entre países de origen, tránsito y destino.
El derecho a permanecer
Menos citada pero relevante es la idea de que existe un derecho a no emigrar: la posibilidad de vivir dignamente en el propio país. Ese principio orienta la política pública hacia el desarrollo local como forma de reducir las presiones migratorias.
Si la respuesta política se limita a trasladar poblaciones sin abordar las raíces del desplazamiento —pobreza, inseguridad, falta de oportunidades—, la migración deja de ser una solución y se convierte en sustituto de las políticas de desarrollo.
En la tradición tomista y en el pensamiento social católico se subraya que la autoridad legítima tiene el deber de proteger la comunidad y promover el bien común. Por eso, la regulación de flujos no es vista como una hostilidad hacia los migrantes, sino como una obligación moral del Estado.
Riesgos de una regularización sin marco
Una amnistía amplia y sin criterios claros puede generar irregularidad crónica: trabajadores sin derechos plenos, sectores económicos que recurren a mano de obra barata y barrios fragmentados. Lejos de integrar, ese escenario puede profundizar la exclusión.
Además, cuando la regularización se instrumenta con fines políticos —por ejemplo, alterar composiciones demográficas o electorales— se vulnera el principio personalista que coloca a la dignidad humana por encima de cualquier cálculo instrumental. Los migrantes dejan de ser sujetos para convertirse en medios de interés partidista; eso contradice el núcleo ético de la acogida.
Obispos de diversas regiones han recordado que la soberanía y el control de fronteras son responsabilidades legítimas de los Estados. Gestionarlas con prudencia no equivale a falta de caridad, sino a proteger a las comunidades y a quienes buscan entrar.
Un enfoque posible
La política migratoria eficaz combina orden y compasión: preservar la seguridad jurídica, articular vías legales de acceso, y promover cooperación internacional que mejore condiciones en los países de origen. Sin esas piezas, cualquier medida aislada tendrá efectos limitados o incluso adversos.
A modo de síntesis, estas son las líneas que deberían guiar la acción pública:
- Establecer criterios claros y temporales para cualquier regularización.
- Impulsar programas de integración laboral y lingüística vinculados al acceso a derechos.
- Coordinar a nivel europeo y con países de origen políticas de desarrollo y retorno ordenado.
- Evitar el uso electoral o demográfico de las políticas migratorias.
La pregunta final es práctica: ¿podemos conjugar la acogida con un marco legal que garantice la convivencia y no transforme la hospitalidad en disfunción social? La tradición social de la Iglesia ofrece herramientas para decir “sí” a la fraternidad, pero exige que esa fraternidad opere dentro de un orden jurídico que respete a todos.
Tomás Torres Peral, comandante de caballería y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.
