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A los 9 años Anxo Queiruga sufrió un accidente que le cambió la vida: un conductor ebrio le atropelló, le provocó una lesión medular y acabó perdiendo la pierna izquierda. Aquella experiencia personal ha marcado tanto su trayectoria vital como su liderazgo en el movimiento asociativo de la discapacidad en España, una voz clave ahora, cuando se discuten reformas legales que afectan a millones de personas.
Queiruga lleva más de tres décadas en organizaciones del sector: empezó en Ámbar (A Coruña), trabajó y preside Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) y hoy es presidente de Cocemfe y vicepresidente en el ámbito estatal del Cermi. Desde esas posiciones impulsa cambios en educación, empleo, salud y accesibilidad.
De un movimiento local a una confederación nacional
Cocemfe nació a comienzos de los años 80 como respuesta del propio colectivo: la necesidad de agruparse para reclamar derechos y visibilidad. La aprobación de la antigua LISMI en 1982 dio un empuje legislativo que favoreció la organización territorial y la consolidación de la confederación.
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Hoy la estructura agrupa a cerca de 94 organizaciones territoriales y estatales, más de 1.600 entidades y representa a más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica. Esa base amplia le ha permitido intervenir en normativa y políticas públicas, aunque Queiruga advierte que la aplicación de leyes sigue siendo desigual.
Por qué incluir la discapacidad orgánica
En los inicios hubo reservas sobre representar a quienes padecen enfermedades como la fibrosis quística o la hemofilia. Con el tiempo se comprobó que muchas condiciones orgánicas derivan en limitaciones físicas y que sus demandas —medicación, investigación, tratamientos— requieren una respuesta integrada.
Para garantizar esa representatividad Cocemfe modificó sus estatutos y creó mecanismos internos: la presencia de personas con discapacidad orgánica en órganos de gobierno y comisiones específicas que abordaran problemas como la falta de aprobación de medicamentos o la investigación clínica.
Avances reales, obstáculos persistentes
En educación, el cambio es notable respecto a tres décadas atrás: hoy existen apoyos que permiten permanecer en centros ordinarios y acceder a enseñanzas superiores con mayor frecuencia que antes. Queiruga recuerda que en su infancia su familia tuvo que sufragar apoyos y transporte para que pudiera estudiar con sus compañeros.
No obstante, la mejora no es homogénea. Las barreras físicas, la accesibilidad en residencias universitarias y el transporte siguen limitando la entrada a la universidad para muchos estudiantes con discapacidad. Además, la implementación de derechos varía mucho entre comunidades autónomas.
Un capítulo especialmente problemático es el cumplimiento de la accesibilidad: las normas existen, pero su ejecución y los mecanismos sancionadores son insuficientes. El resultado es una accesibilidad real que se concentra en grandes ciudades, mientras que zonas rurales quedan rezagadas.
Empleo, prestaciones y el efecto desincentivador
Solo tres de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo. Las causas son múltiples: accesibilidad, formación, estereotipos y la sobreprotección familiar. El sector asociativo ha logrado avances —servicios de intermediación laboral, formación y sensibilización empresarial— pero persisten importantes brechas.
- Compatibilidad de prestaciones: la incompatibilidad entre ciertas ayudas no contributivas y el salario desincentiva aceptar un empleo, especialmente cuando esas prestaciones son el único ingreso seguro.
- Teletrabajo y tecnología: ofrecen oportunidades para quienes tienen grandes limitaciones, pero todavía no se aprovechan de manera generalizada.
- Formación profesional: ha mejorado, aunque no alcanza a nivel universitario por los obstáculos logísticos y la falta de recursos.
Mujeres, autonomía y el papel de la familia
Las mujeres y niñas con discapacidad han exigido medidas específicas: existe una hoja de ruta reconocida constitucionalmente, pero su desarrollo necesita más recursos y reformas legislativas para que deje de ser papel y se convierta en protección efectiva, sobre todo en entornos rurales.
La familia juega un papel central en el desarrollo de la autonomía. Queiruga subraya que permitir equivocarse, contar con apoyos y evitar la sobreprotección son claves para que una persona con discapacidad se convierta en protagonista de su propia vida. Él mismo recuerda que salir de casa con 13 años le ayudó a ganar independencia.
Reforma legislativa y futuro del sector
En el horizonte hay una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Desde Cocemfe reclaman no solo avances normativos, sino dotación presupuestaria suficiente, mecanismos de control para que los recursos lleguen a las personas y uniformidad en la aplicación entre comunidades autónomas.
El sector asociativo, pese a su tamaño, sufre inestabilidad financiera. Queiruga alerta sobre la fragilidad de las organizaciones y la necesidad de garantizar financiación estable. También critica la distribución de la casilla de la declaración de la renta (X solidaria): pide que esos fondos se prioricen para servicios del sector y no se desvíen a fundaciones privadas que compiten por los mismos recursos.
Un país avanzado no puede permitirse dejar atrás a millones de personas cuya participación contribuye al desarrollo social y económico.
Prioridades prácticas
- Garantizar la compatibilidad temporal entre prestaciones y empleo para no penalizar la inserción laboral.
- Refuerzo de la accesibilidad física y digital, con inspección y sanciones efectivas.
- Recursos estables para el sector asociativo y criterios claros en la asignación de fondos públicos y de la X solidaria.
- Impulso de la autonomía personal desde la infancia, con apoyos tempranos y programas permanentes.
- Medidas específicas para mujeres con discapacidad y atención a las zonas rurales.
La agenda es amplia y urgente: la inclusión efectiva exige combinar leyes, financiación, control y cambio cultural. Para Queiruga y el movimiento que representa, el reto es transformar los avances legislativos en oportunidades reales para todas las personas con discapacidad, desde la escuela hasta el empleo y la vida independiente.
