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El PSOE ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía de delitos económicos por la compra, mediante la empresa pública Planifica Madrid, de un ático que la Comunidad destinó al uso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante obras en la sede regional. El caso abre un nuevo foco de conflicto político sobre el gasto público y la transparencia en la gestión autonómica.
Óscar López, ministro y secretario general del PSOE en la región, informó que el recurso se registrará este viernes y reclama que se investiguen posibles delitos relacionados con la adquisición, entre ellos prevaricación administrativa y malversación. Según los socialistas, las explicaciones dadas por el Ejecutivo madrileño no aclaran por qué se compró un ático de alta gama por más de seis millones y con pagos a intermediarios inmobiliarios.
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El partido plantea tres objetivos públicos: forzar la dimisión de la presidenta regional, depurar responsabilidades penales y lograr la devolución de los fondos públicos empleados en la operación. Además solicitan documentación para acreditar la legalidad de la compra.
- Acta del consejo de administración de Planifica Madrid que autorizó la adquisición.
- Copia del contrato de arras y del contrato de compraventa.
- Facturas, comprobantes de pago y cualquier comunicación entre la empresa pública y la agencia inmobiliaria implicada.
- Registros de agenda y movimientos relacionados con la gestión del inmueble.
En el anuncio público López calificó la operación como injustificable y afirmó que los madrileños no pueden financiar un uso privado de bienes o servicios gestionados con fondos públicos. También aludió a viajes y gastos vinculados a la presidenta que, dijo, su formación podría denunciar por separado.
Agenda pública de Planifica Madrid: ausencia y reapertura
Medios informaron que la web de Planifica Madrid dejó de publicar su agenda en abril, mes en que se realizó la compra. Posteriormente la agenda volvió a aparecer y ahora contiene entradas hasta agosto, con citas señaladas como «firma notaría» el 14 de abril y el 30 de junio en la calle Alcalá, sin otros detalles.
Desde la Comunidad se defendió que la falta de actualizaciones se debió a la finalización del contrato de la persona encargada de esa tarea. El PSOE, por su parte, interpreta ese vacío informativo como parte de una opacidad absoluta en la gestión de la empresa pública.
Fuentes socialistas sostienen además que las explicaciones del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, muestran que había conocimiento del proceso de compra y que la operación se ajustó a beneficiar a la presidenta regional.
El caso ha provocado reproches de otros grupos parlamentarios. Mas Madrid, por ejemplo, denunció la ausencia de transparencia y vinculó esa falta a prácticas poco claras en la gestión pública.
Hoy la situación quedará en manos de la Fiscalía, que deberá valorar si existen indicios suficientes para abrir diligencias. Más allá del trámite judicial, el episodio tiene impacto político inmediato: reaviva el debate sobre la prioridad de la vivienda en la región y sobre el control de las sociedades públicas encargadas de suelo y vivienda.
