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Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso RTVE sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de una investigación por presuntas fuentes de ingresos no declaradas superiores a los 300.000 euros. La pieza, entregada este julio, detalla pagos, vínculos empresariales y movimientos bancarios que la Guardia Civil considera relevantes para el caso Koldo y que podrían tener consecuencias penales y políticas inmediatas.
Qué recoge el informe de la UCO
La UCO relaciona a Cerdán y a varios miembros de su entorno familiar con cobros que no habrían sido reflejados en su declaración fiscal. En el escrito se imputan, entre otros hechos, posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho vinculados a la adjudicación de obra pública.
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Según los investigadores, buena parte de esas entradas de dinero proceden de pagos realizados por Koldo García y su esposa, Patricia Uriz, así como de abonos dirigidos a la esposa de Cerdán a través de empresas relacionadas con Servinabar, la sociedad vinculada al socio de Cerdán, Antxón Alonso. La Guardia Civil asegura haber hallado documentación que contradice las negaciones públicas del exdirigente sobre su vinculación con esas sociedades.
Pagos a la familia y operaciones sospechosas
Un ejemplo destacado por la UCO es el pago de 18.730 euros recibido en 2023-2024 por la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, en concepto de nómina; la UCO subraya que fue despedida un día después de la detención de Koldo García. Los investigadores sostienen que se utilizó una red empresarial para canalizar una asignación mensual cercana a los 1.300 euros bajo la apariencia de un contrato laboral.
También se narran disposiciones en efectivo para afrontar cuotas de renting de un vehículo y el registro de importes en efectivo entre 2014 y 2017 que la UCO califica como de origen “aparentemente desconocido”.
- Importe total no declarado estimado: más de 300.000 euros.
- Cuantía mínima atribuida a beneficios familiares (2015–2024): 323.178,41 euros.
- Pago a la esposa (2023–2024): 18.730 euros (nómina).
- Ingresos en efectivo 2014–2017: 18.261,56 euros.
- Asignación mensual señalada por la UCO: aproximadamente 1.300 euros.
Análisis de las cuentas de Servinabar
La UCO sometió a escrutinio las cuentas de Servinabar. El desglose de ingresos de la empresa apunta a una dependencia significativa de proyectos vinculados a Acciona: el 87,04% de sus entradas, según el informe, procedería de esa relación o de contrataciones asociadas. Además, se atribuye un 2,48% a “empresas investigadas” y un 0,66% a “personas físicas o jurídicas vinculadas a Antón”.
Los peritos bancarios concluyen que, entre 2015 y 2024, Santos Cerdán y varios miembros de su familia habrían percibido beneficios por al menos 323.178,41 euros. El documento también recoge una negociación en 2022 para la compra, por parte de Servinabar, de un inmueble cercano al millón de euros para uso del exdirigente, operación que finalmente no se consumó tras la retirada del vendedor.
Coincidencias temporales y contexto político
La UCO observa que los mayores ingresos se concentran entre 2019 y 2023, periodo que coincide, según el informe, con la etapa ministerial de José Luis Ábalos y con la adjudicación a Acciona de varios expedientes ahora objeto de investigación. Esa cronología es relevante porque, sostienen los investigadores, podría apuntar a un vínculo entre adjudicaciones públicas y los flujos financieros detectados.
El informe evita atribuciones definitivas y se limita a señalar coincidencias temporales y vínculos económicos; la determinación de responsabilidades corresponderá al ámbito judicial.
Solicitud de información sobre cuentas familiares
La UCO reclama ampliar la investigación a las finanzas de los allegados de Cerdán —esposa, hija, hermana y cuñados— porque, según su análisis, también habrían recibido fondos procedentes de Servinabar. Para avanzar, los investigadores solicitan mandamientos judiciales dirigidos a varias entidades bancarias centrales, con la instrucción expresa de no comunicar la petición a las oficinas donde estén abiertas las cuentas.
Entre los datos que piden figuran extractos, movimientos y transferencias por importes superiores a 300 euros, así como cualquier expediente relacionado que permita reconstruir el circuito de pagos.
Qué puede pasar ahora
La petición de la UCO debe ser validada por jueces y, si prospera, abriría la puerta a un análisis más amplio de los ingresos familiares y a posibles diligencias penales complementarias. Para el entorno político del PSOE supone un foco de atención en plena temporada de actividad legislativa, con riesgos reputacionales si las pesquisas avanzan.
En las próximas semanas el tribunal que instruye el caso deberá resolver las solicitudes de información bancaria y decidir sobre la práctica de nuevas pruebas. La UCO, por su parte, mantiene la línea de consolidar el entramado económico antes de proponer imputaciones formales adicionales.
