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El debate sobre la supuesta politización de los tribunales vuelve a colocarse en el centro del foco público y tiene consecuencias prácticas: erosiona la confianza ciudadana en el Estado de derecho y condiciona cómo se interpretan investigaciones con impacto político. Entender por qué esa acusación se repite hoy es clave para valorar el alcance real del problema.
En los últimos meses, voces afines a determinados partidos han recurrido al término lawfare para describir procesos judiciales contra políticos. Ese uso funciona como una estrategia retórica para cuestionar sentencias o diligencias sin entrar en el fondo jurídico; convierte una discusión técnica en un asunto de legitimidad democrática.
¿Qué dice la realidad institucional?
España dispone de un sistema judicial organizado en torno a principios formales: concursos, oposiciones y promociones internas que, sobre el papel, buscan seleccionar por méritos y capacidad. Esa estructura no impide errores ni críticas puntuales, pero dificulta sostener que la Justicia sea un instrumento controlado por una sola fuerza política.
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Al mismo tiempo, se percibe una doble vara de medir: las denuncias de politización suelen intensificarse cuando la investigación afecta a la oposición y disminuir cuando los procesos implican a fuerzas coincidentes con el poder central. Esa asimetría politiza el debate público y reduce la posibilidad de una valoración técnica imparcial.
- Confianza en las instituciones: la descalificación sistemática mina la percepción de imparcialidad entre la ciudadanía.
- Igualdad ante la ley: cuestionar la legitimidad de los procesos por razones políticas puede abrir la puerta a tratos preferenciales.
- Acceso por mérito: las oposiciones y los procedimientos de selección son la base formal de la carrera judicial.
- Polarización: la narrativa de persecución judicial refuerza la fragmentación política y mediática.
Los hechos prácticos importan más que las consignas. Si existen dudas sobre la actuación de un magistrado o Fiscalía, la vía adecuada es recurrir a los recursos procesales previstos, solicitar responsabilidades disciplinarias con pruebas y explicar públicamente las motivaciones jurídicas. Repetir acusaciones genéricas sin aportar argumentos legales contribuye poco a aclarar controversias.
En el plano social, también hay una discusión sobre el perfil de quienes integran la carrera judicial y el de los líderes políticos. Muchos jueces y fiscales acceden por procesos competitivos y jornadas de estudio prolongadas; otros actores políticos proceden de entornos con mayor acceso a redes y recursos que facilitaron su carrera pública. Esa diferencia de trayectorias alimenta parte del resentimiento, pero no sustituye el análisis jurídico de cada caso concreto.
Perspectivas
Si la crítica a la Justicia pretende mejorar transparencia y rendición de cuentas, debe apoyarse en datos y procedimientos. Si, en cambio, persigue deslegitimar órganos del Estado por conveniencia partidista, el riesgo es profundo: debilitar la separación de poderes y convertir cada resolución en un argumento de delegitimación política.
La discusión continuará marcando la agenda pública. Para no desnaturalizar el debate democrático conviene distinguir entre errores o excesos puntuales y campañas sistemáticas que buscan erosionar la institución.
Francisco Marhuenda. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones.
