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Un informe de la UDEF remitido a la Audiencia Nacional sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador ante autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, operación por la que habría percibido 200.000 euros abonados desde una empresa vinculada al encausamiento. La documentación y las comunicaciones intervenidas abren una nueva vía de investigación dentro del caso Plus Ultra.
Qué investiga la UDEF
Los investigadores apuntan que los pagos se hicieron a través de contratos de consultoría que consideran simulados y por servicios que, según sus pesquisas, no se llegaron a prestar. En el expediente figuran encuentros y llamadas entre Zapatero y varios responsables del Gobierno de Bolivia —entre ellos el presidente Luis Arce y los ministros de Economía y Justicia— en fechas de 2024 y 2025.
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La acusación sostiene que la finalidad de la intervención del expresidente era influir en decisiones judiciales y administrativas en beneficio del Grupo Gloria, inmerso en litigios con la estatal Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) por supuesta competencia desleal.
Pruebas y pagos
Según la UDEF, parte de las evidencias proceden de los dispositivos electrónicos de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, donde aparecen conversaciones que vinculan al expresidente con gestiones ante autoridades bolivianas en favor del conglomerado.
También se habrían localizado en el despacho de Zapatero documentos que registran tres transferencias por un total de 200.000 euros a una cuenta a nombre del expresidente. La investigación atribuye los ingresos a la empresa peruana Focus Social Research SAC, señalada como intermediaria.
Cronología esencial
- Mayo 2024: Reunión en la sede del PSOE en Ferraz entre Zapatero y la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras; se acuerda un contrato de asesoría con una retribución total de 200.000 euros, más dietas y gastos de viaje.
- 28 de mayo de 2024: Encuentro por videoconferencia con representantes del Grupo Gloria.
- Septiembre 2024: Reuniones presenciales en La Paz y Sucre con el presidente Luis Arce, el ministro de Economía y la presencia del secretario general de la Organización Mundial del Turismo.
- 4 de febrero de 2025: El Tribunal Supremo de Bolivia confirma una condena que obligaba al pago de 107 millones de dólares a favor de FANCESA.
- Marzo–mayo 2025: Se suceden gestiones para nuevas entrevistas con el Gobierno boliviano; el 30 de mayo la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz suspende temporalmente la ejecución de la sentencia y deja el asunto en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional.
- Transferencias registradas: 100.000 euros (2 de julio de 2024) y dos abonos de 50.000 euros (20 y 24 de junio de 2025), según las actas de la UDEF.
Relevancia jurídica y política
La UDEF ha trasladado estos hallazgos al juzgado de José Luis Calama, que ya ha imputado a Zapatero en la causa Plus Ultra por integrar, a juicio del instructor, una supuesta «trama organizada de tráfico de influencias».
Para el proceso penal importa tanto la prueba documental como la conexión entre los pagos y las gestiones reclamadas: los investigadores sostienen que la sociedad que abonó los fondos actuó como pantalla para ocultar el verdadero origen del dinero.
En paralelo, el conflicto judicial entre el Grupo Gloria y la cementera boliviana sigue su curso en los tribunales de Bolivia: la decisión final del Tribunal Constitucional Plurinacional determinará si se confirma o revoca la suspensión del pago millonario.
Consecuencias prácticas
Este caso combina investigación penal y repercusiones diplomáticas y empresariales. Las posibles consecuencias incluyen:
- Responsabilidad penal si se demuestra la comisión de delitos de tráfico de influencias o blanqueo.
- Impacto reputacional y político para las personas involucradas en España y para la imagen internacional del Grupo Gloria.
- Un eventual efecto sobre las relaciones bilaterales entre España y Bolivia si aparecen pruebas de intervenciones indebidas.
La causa sigue abierta y, por el momento, no existe una sentencia firme respecto a estas actuaciones. Los elementos aportados por la UDEF —transferencias bancarias, mensajes intervenidos y documentación— son ahora materia de ratificación y valoración judicial.
Las diligencias continuarán en la Audiencia Nacional y en los tribunales bolivianos, donde está pendiente la resolución definitiva sobre el recurso de amparo que paralizó temporalmente la ejecución de la condena de 107 millones de dólares.
