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Mario Samper, presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), reclamó hoy en el Senado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, por el choque entre dos trenes del 18 de enero que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos. Su intervención subraya fallos técnicos y de gestión que, a juicio de las víctimas, convertían un accidente evitable en tragedia.
Acusaciones directas y el encuentro con el ministro
Samper vinculó la responsabilidad política al hecho de que el ministro es quien nombra al máximo responsable de Adif y cuestionó la falta de medidas preventivas que podrían haber evitado el siniestro. Relató además un encuentro previo con Puente en el que, según su versión, la respuesta oficial restó peso a la implicación política en la causa técnica del accidente.
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La petición de dimisión no es sólo simbólica: para la AVDA supone un reprobamiento a la gestión institucional ante fallos que, dijo Samper, no fueron detectados a tiempo.
Fallas de control y ausencia de tecnología preventiva
En su comparecencia el portavoz puso el foco en la carencia de sistemas de detección automáticos capaces de identificar roturas en carriles antes de que provoquen un siniestro. Citó modelos operativos de otros países como referencia para lo que, a su juicio, debería implantarse en España.
Según la AVDA, existen «evidencias» de que el carril afectado estuvo dañado durante más de 22 horas antes del descarrilamiento, lo que plantea dudas sobre el mantenimiento y la supervisión de la infraestructura.
«Tenemos miedo», dijo Samper al detallar cómo el accidente ha minado la confianza de quienes usan el ferrocarril. Añadió que la experiencia personal —viajaba en el Alvia implicado— refuerza su exigencia de cambios inmediatos.
Demandas de las víctimas: transparencia y agilidad
La AVDA reclama una investigación pública y sin interferencias y pide que los informes técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no sean objeto de modificaciones por instancias administrativas. También criticó la lentitud en la atención a damnificados y la burocracia para acceder a ayudas económicas.
- Dimisión del ministro de Transportes y del presidente de Adif.
- Transparencia total en la investigación y publicación íntegra de los informes técnicos.
- Implantación urgente de sistemas de detección de roturas y fallos en vía.
- Agilización de ayudas económicas y mejora de la atención a las víctimas.
- Acuerdo político para poner en marcha soluciones sin dilaciones ni ruido partidista.
Samper también criticó la oficina de atención a víctimas, que, según su testimonio, no ofreció instrucciones claras a familias y afectados en los días posteriores al accidente.
Reacciones políticas y consecuencias en el Senado
En la comisión del Senado, controlada por el PP, el ministro Puente recibió reproches formales en varias ocasiones y se registraron peticiones explícitas de dimisión por parte de grupos opositores.
La moción de reprobación sumó apoyos de PP, Vox y Esquerra Republicana de Catalunya; Junts, Coalición Canaria y el BNG se abstuvieron; y PSOE, EH Bildu, PNV, Más Madrid y Compromís votaron en contra.
La votación expone una división parlamentaria que podría traducirse en presión política para revisar protocolos y responsabilidades administrativas.
Qué está en juego
Más allá de la búsqueda de culpables, el caso abre dos frentes prácticos: reforzar la seguridad ferroviaria con tecnología y mejorar los procedimientos de respuesta y ayuda a víctimas. Si las demandas de la AVDA prosperan, el sector ferroviario afrontará cambios normativos y de inversión a corto plazo.
La investigación técnica seguirá siendo el eje para determinar causas y responsabilidades. Mientras tanto, las familias y los usuarios esperan medidas concretas que restauren la confianza en el servicio.
