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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil admite en su informe que la cátedra vinculada a Begoña Gómez se creó conforme a los trámites universitarios, pero detecta irregularidades en la contratación de servicios externos, sobre todo en los encargos a Deloitte. El documento, remitido al juez que instruye la causa, pone en el centro del conflicto la manera en que se gestionó el software de la cátedra y algunos pagos cuyo origen y finalidad aún generan dudas.
Qué contiene el informe y por qué importa ahora
El expediente, de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso RTVE, reúne dos líneas de investigación: una centrada en la puesta en marcha de la cátedra y el desarrollo del software Transforma TSC, y otra que revisa movimientos bancarios personales y vinculados a empresas asociadas.
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El contraste entre la apariencia formal de la contratación y los indicios de maniobras administrativas es la pieza que puede determinar si el caso pasa de una controversia académica a un proceso penal con consecuencias para la esfera pública.
Dudas sobre la selección de Deloitte
Según la UCO, la contratación de la consultora no fue un proceso ordinario. El informe apunta a contactos previos, plazos de ejecución que no coinciden con los contratos y especificaciones técnicas que, a juicio de los investigadores, se ajustaron a lo que ya ofrecía Deloitte.
Los agentes sostienen que en algunos trámites se tramitaron expedientes que habrían servido solo para dar una apariencia de legalidad a decisiones que, en la práctica, ya estaban tomadas.
En concreto, la UCO subraya:
- La existencia de correos y documentos compartidos antes de la invitación formal a licitar, que muestran una similitud notable entre el pliego y propuestas previas de Deloitte.
- Un contrato menor y un procedimiento abierto simplificado como vehículos de pago, junto a plazos de presentación de ofertas extremadamente cortos que limitaron la concurrencia.
- Coincidencias casi idénticas entre los importes que figuraban en los borradores y el presupuesto presentado en la justificación: diferencias de una proporción mínima entre cifras como 75.000 y 74.999 euros (sin IVA).
Plazos, respuestas y empresas invitadas
La investigación recoge que la coordinación de la cátedra remitió una invitación a varias firmas para un servicio de asesoría con plazo de respuesta muy breve. Solo Deloitte respondió dentro del plazo, mientras que otras invitadas —entre ellas una firma ya colaboradora del proyecto— no llegaron a competir en igualdad de condiciones.
Los correos citados por la UCO sostienen que la participación de Deloitte se había iniciado «de facto» antes de formalizarse la contratación, lo que contravendría el espíritu de los procedimientos públicos.
Transforma TSC: coste, financiación y acceso
La plataforma digital Transforma TSC figura como el eje tecnológico del programa. El informe calcula un desembolso directo para la Universidad Complutense en torno a 108.765,79 euros, financiado mayoritariamente por el fondo de la cátedra, que a su vez recibe aportaciones de colaboradores.
La UCO estima además que el valor económico total del trabajo aportado por colaboradores al proyecto oscila entre 225.000 y 253.000 euros. Parte de la herramienta llegó a ofrecerse gratuitamente en talleres y mediante un portal público destinado a empresas y al público general.
Resumen: hallazgos principales
- Cátedra: creada conforme a los procedimientos formales de la UCM, según la UCO.
- Contratación: irregularidades en la adjudicación a Deloitte, con indicios de tramitación dirigida.
- Plataforma: coste directo comprobado y difusión pública a través del portal transformatsc.org.
- Financiación: ingresos de colaboradores por 176.000 euros y 158.400 euros destinados al fondo propio de la Cátedra.
- Movimientos bancarios: en general coinciden con la actividad profesional, pero se identifican pagos de difícil justificación.
Pagos personales y la empresa Transforma TSC SL
La UCO analiza además la creación de una sociedad privada con el mismo objeto que la plataforma: Transforma TSC SL, constituida en noviembre de 2023 y con actividad limitada hasta junio de 2024, cuando recibió una denuncia por supuesta apropiación indebida.
Del informe se extraen apuntes concretos: pagos a la cuenta de la sociedad por 6.687,85 euros cuya correspondencia documental no queda clara; desembolsos personales por importes modestos vinculados al registro de dominio y otros gastos (127,88 €; 206,57 €; 23,19 €; 118,58 €); y abonos a terceros vinculados al desarrollo de la herramienta, entre ellos uno por 3.570 euros.
La UCO concluye que, aunque la mayor parte de los movimientos bancarios se ajusta a la actividad profesional declarada, hay transferencias cuyo destino o justificación no están debidamente acreditados en la documentación analizada.
Trámite judicial y respuestas políticas
El juez instructor, Juan Carlos Peinado, dio por concluida la fase de instrucción y propuso llevar el caso ante un jurado popular por varios delitos. La defensa solicitó la suspensión temporal del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida sobre la propuesta.
En el plano político, el Partido Socialista defiende que no existen movimientos que apunten a un enriquecimiento ilícito y critica lo que califica como persecución contra la investigada. El Partido Popular, por su parte, ha expresado reservas de carácter ético sobre la acumulación de investigaciones en el entorno del presidente del Gobierno.
El próximo paso procesal será la decisión de la Audiencia sobre la remisión a juicio por jurado; mientras tanto, el informe de la UCO ha abierto un nuevo capítulo en el examen público de la relación entre colaboración privada, gestión universitaria y transparencia en la contratación.
