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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció este lunes que el decreto que prorroga las medidas sobre alquileres irá a votación en el Congreso el último día del plazo de convalidación, y advirtió que las formaciones de la derecha que lo tumben sufrirán un coste político. La decisión afecta de forma inmediata a miles de contratos que expiran este mes y define quién absorbe el impacto de la escalada de precios en la vivienda.
Votación al límite y advertencia política
En una entrevista en Las mañanas de RNE, Díaz confirmó que el Ejecutivo llevará la prórroga a la Cámara en la fecha tope. Según la ministra, si Junts, el PP o Vox optan por echar atrás la norma, lo harán “pagando un precio” ante la opinión pública, en una crítica directa a su postura.
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La responsable de Trabajo reprochó a esos partidos que sus decisiones dañan a la gente más vulnerable y los acusó de prácticas discriminatorias y elitistas. Su intervención busca además marcar el relato público antes de la votación parlamentaria.
Separación de vivienda y paquete energético
La ausencia de acuerdo entre PSOE y Sumar sobre la extensión de las protecciones en el alquiler forzó a fragmentar las medidas. Las iniciativas relativas a vivienda se agruparon en un decreto independiente, distinto del paquete que contiene las rebajas fiscales y ayudas por la subida de la energía.
El paquete energético, aprobado por separado, incluye medidas como la reducción del IVA en carburantes y actuaciones sobre las facturas de luz y gas, además de la ampliación de mecanismos como el bono social eléctrico.
Fricción interna y recomendaciones prácticas
Díaz reconoció diferencias claras con la parte socialista del Gobierno, si bien restó dramatismo al retraso sufrido en el último Consejo de Ministros: lo calificó como una disputa menor en comparación con anteriores tensiones internas. Su mensaje prioritario fue práctico: las medidas están ya aprobadas y deben aplicarse.
La vicepresidenta pidió a los inquilinos cuyos contratos acaban este mes que exijan formalmente a sus arrendadores la prórroga, porque el real decreto decaerá si no se convalida en un plazo de 30 días. Además, advirtió que Junts ha avanzado su voto en contra.
- Plazo: la convalidación parlamentaria debe producirse en 30 días desde su publicación.
- Acción inmediata: si su contrato vence, solicite por escrito la prórroga al propietario y guarde copia.
- Riesgo: si el Congreso rechaza la norma, las protecciones expirarán y volverán a aplicarse las condiciones previas.
- Quién puede influir: el voto de los grupos de derecha será decisivo en la eventual revocación.
Críticas a la UE y alineamiento con Estados Unidos
Díaz lanzó también críticas a la Comisión Europea y a su presidenta, Úrsula Von der Leyen, a quienes acusó de una excesiva sumisión al presidente estadounidense, Donald Trump, en el contexto del conflicto en Irán. En su opinión, la reacción europea no está a la altura y eso tendrá costes políticos y sociales.
La vicepresidenta defendió la postura del Gobierno español basada en el respeto al derecho internacional y en un rotundo “no a la guerra”, al tiempo que censuró que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya reaccionado de forma torpe y servil en su lectura de los acontecimientos internacionales.
Sobre los intentos de reagrupamiento de la izquierda, Díaz dijo recibir con apertura las iniciativas de figuras como Gabriel Rufián, que buscan recuperar impulso y movilizar al electorado progresista para recuperar derechos.
En el plano autonómico, la vicepresidenta puso el foco en las comunidades gobernadas por el PP que aún no aplican la normativa para limitar precios en las zonas de mercado tensionado y advirtió de consecuencias en la asignación de fondos públicos si persiste el incumplimiento. La pulseada entre regulaciones estatales y ejecución regional sigue siendo una pieza clave para el acceso a la vivienda en el corto plazo.
