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La reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei se encuentra en riesgo justo cuando llega al tramo decisivo: un artículo que reduce las coberturas por enfermedad provocó la pérdida de apoyo parlamentario y desató la amenaza de una movilización sindical. El choque entre la Casa Rosada, sectores opositores que habían acompañado el proyecto y la central obrera arroja dudas sobre la viabilidad inmediata de la norma y sus efectos para trabajadores y empresas.
La polémica nació en el Senado, donde ingresó una disposición que reduce el salario percibido por un trabajador durante licencias por enfermedad: la remuneración se ubicaría en un porcentaje menor cuando la dolencia derive de una acción personal. La polémica se acentuó por los comentarios públicos de funcionarios que relativizaron la obligación patronal en casos como lesiones por actividades recreativas.
Qué propone la reforma y por qué preocupa
Más allá del artículo que encendió la disputa, el paquete introduce cambios amplios en el régimen laboral. Entre los ejes que mayor tensión generan se encuentran:
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- Reducción de coberturas por enfermedad: la norma distingue situaciones según el origen de la incapacidad, con recortes significativos del salario durante el período de licencia.
- Salario dinámico: se incorpora la posibilidad de que parte de la retribución dependa de mérito o productividad.
- Vacaciones más fraccionables: el mínimo para dividir períodos se reduce, permitiendo periodos inferiores a los 14 días actuales.
- Jornada diaria ampliable: la jornada podría extenderse hasta 12 horas diarias si se garantiza un descanso equivalente.
- Banco de horas y libranzas compensatorias: acuerdos entre trabajador y empleador para compensar horas extras mediante saldos acumulados.
- Contratos parciales más flexibles y cambios en la base para calcular indemnizaciones por despido.
- Creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL): cuentas patronales inembargables financiadas por aportes mensuales obligatorios.
Estas modificaciones buscan, según el oficialismo, mayor flexibilidad y competitividad. Para críticos y sindicatos, su aplicación puede reducir protecciones históricas y precarizar condiciones laborales.
Reacción política y sindical
Senadores de los bloques que hasta ahora habían negociado el texto con el Ejecutivo —sectores opositores que habían mostrado disposición al diálogo— ahora dicen no estar dispuestos a respaldar la versión que llega a Diputados, tras la difusión del polémico artículo.
La fractura se profundizó luego de comentarios del ministro responsable de la modernización del Estado, que relativizaron el pago de ausencias en casos de lesiones derivadas de actividades personales, una intervención que fuentes parlamentarias describen como decisiva para el quiebre del consenso.
La central obrera agrupada en la CGT respondió anunciando una paralización. Según uno de sus referentes, la organización realizará un paro de 24 horas cuando la Cámara baja trate la ley, y busca que los sindicatos de transporte se sumen para generar un impacto nacional.
Impacto económico: un cierre que añade presión
En medio de la tensión política, la empresa Fate —la mayor fábrica de neumáticos del país— anunció el cese total de producción y el despido de 920 empleados. La compañía atribuyó la decisión a cambios en las condiciones de mercado, vinculados a la apertura de importaciones y a la competencia de productos extranjeros.
La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el cierre no es un hecho aislado: en los últimos dos años la industria perdió decenas de miles de empleos y varios sectores enfrentan competencia internacional con impactos significativos en la producción local.
El caso de Fate añade un componente económico directo a la discusión política: el debate sobre la reforma laboral ocurre mientras empresas y trabajadores ajustan estrategias ante un mercado más expuesto a importaciones.
Qué sigue y por qué importa hoy
La Cámara de Diputados podría votar la reforma en las próximas sesiones, en una versión sin el artículo más polémico. Si la norma vuelve al Senado deberá obtener la aprobación definitiva en ambas cámaras.
El desenlace definirá no solo la vigencia de las nuevas reglas laborales, sino también la capacidad del gobierno para sostener acuerdos parlamentarios y el clima de diálogo social en un contexto de pérdida de empleo industrial.
En resumen, la discusión actual no es sólo técnica: pone en juego la confianza entre los poderes públicos, la capacidad de los sindicatos para negociar y la estabilidad industrial en un momento de reacomodamiento económico.
